Día y medio después —esta columna se escribe cuando la noche de Reyes ha caído— de que la noticia saltara a los medios ingleses, Irene Montero, ex Ministra de Igualdad del Gobierno de España, actual eurodiputada y principal impulsora de la vulgarmente conocida como «Ley del sí es sí», Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, para ser precisos, no ha comentado nada en la red X acerca del ocultamiento de los graves delitos sexuales cometidos por machos islamizados de origen paquistaní en suelo británico. Según se ha sabido, la salvaguarda de los sacrosantos valores del multiculturalismo se antepuso a los derechos de los menores violados. El miedo a ser acusada de racista paralizó, al parecer, a las autoridades políticas británicas, que obstruyeron la investigación sobre las bandas de prostitución que operaban en Oldham, ciudad en la que uno de los cabecillas fue contratado como agente de derechos sociales, nombramiento que podría dar lugar a una nueva expresión, Síndrome de Oldham, trastorno que premia al depredador sexual, otorgándole poder sobre potenciales futuras víctimas.
Oldham no fue la única urbe en la que los pederastas operaron con impunidad. En Telford, al menos 1.000 niñas fueron violadas durante tres décadas mientras las autoridades miraban para otro lado. La lista isleña puede continuarse con el caso de Bradford, donde una niña de 14 años fue casada con su abusador, o con las bestialidades desplegadas por los seguidores del profeta del que fuentes canónicas musulmanas dicen que consumó el matrimonio con Aisha cuando la niña tenía nueve años, en Rochdale. La relación de atrocidades encubiertas saltó al continente hace al menos siete años, cuando se supo que en la ciudad de Erasmo las violaciones a menores fueron comunes. En todos los casos, la corrección política determinó la destrucción de informes y de grabaciones en las que las víctimas daban testimonio de los abusos sufridos.
Nada de ello ha merecido el menor reproche de la pareja de Pablo Iglesias Turrión, que ha dedicado la tarde a criticar un gorjeo de la Guardia Civil, a la que ha acusado de «racismo institucional» por, según ella, «criminalización de las personas negras», a propósito de una imagen en la que los Reyes Magos aparecían con sus rostros cubiertos por una especie de pasamontañas negros. Dos que duermen, presuntamente, en el mismo colchón, se vuelven de la misma racializada condición, podría argüirse. Al cabo, es casi imposible ver una crítica de esta lucrativa sociedad a un individuo con cierta carga de melanina, pues el hombre blanco, máxime si es heterosexual, es un potencial violador en los ambientes en los que ha medrado la pareja. El caso que nos ocupa parece reproducir aquellas imágenes en las que Iglesias, en una gesto que protagonizado por otro le valdría el insultante calificativo de machista, tapaba con su mano la boca de Irene, antigua portadora de una cartera que desde 2020 ha aumentado su presupuesto en un 216%, cantidad destinada a, en expresión de Sharon Calderón-Gordo, fomentar el «feminismo administrado», ese que no impide que los delitos sexuales crezcan, como demuestran los datos de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en la que se han triplicado las violaciones en los últimos cinco años. Dato ante el cual, doña Irene, al igual que Sira Rego, Ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, y orgullosa feminista en redes, también calla.
