Hoy en España, de los tres poderes del Estado, el que más y mejor defiende la democracia es el judicial, que tiene —he ahí la paradoja— un proceso de selección y funcionamiento menos directamente democrático o sufragista que los otros dos poderes. Que están absolutamente estragados. El legislativo, por el férreo control que sobre él ejerce el sistema de partidos, no cumple ni la función de representar a sus votantes, ni la de controlar al Gobierno ni siquiera la de legislar. Todo se aprueba por decreto gubernativo, o por decreto-ley, donde el parlamento actúa de palmero (¿el palmerento?), coreando las decisiones de Pedro Sánchez, y aprobando lo que toque a posteriori (¿el palmelento?). Si una ley sigue el trámite regular, también el impulso será monclovita. Mientras tanto, el Gobierno no se somete a las leyes democráticas. Obsérvese que el Ejecutivo ejecuta (en el sentido de la pena máxima) las leyes a mitad de la partida. Ahora pretende rebajar el delito sedición. Tampoco respeta las sentencias judiciales, porque las condona sobre la marcha, cuando le conviene, para conjurarse (cerrando el círculo vicioso) con las bancadas cómplices y seguir manejando las mayorías del parlamento. En el caso de los indultos el Do ut des es evidente por delante y por detrás.
Exceptuando a los magistrados del Tribunal Constitucional, que no son jueces y además están descansando; los jueces, en su inmensa mayoría, sí se toman en serio el cumplimiento de la ley y el funcionamiento del Estado de Derecho. Los intentos de controlarlos mediante el control político Consejo General del Poder Judicial vienen de muy lejos, pero arrecian en los últimos tiempos porque desde el Ejecutivo ven a los jueces como el obstáculo final que les separa de su impunidad a todo plan y del absolutismo fáctico.
La democracia sólo se mantiene cuando se fundamenta en valores previos a la democracia
La peculiaridad de que esa barrera —casi el último baluarte de la democracia española— sea precisamente la que tiene un mecanismo menos electoralizado de funcionamiento interno no es una casualidad; y debe servirnos de imagen, casi de parábola. Nos recuerda que, como han explicado los clásicos, de Alexis de Tocqueville para abajo, la democracia sólo se mantiene cuando se fundamenta en valores previos a la democracia. Son la prioridad de la conciencia personal, el patriotismo, la honestidad, la familia, la propiedad, el cumplimiento de los pactos y de la palabra, el concepto de dignidad inalienable de la persona, etc. Decían los ingleses de antes que el Parlamento puede hacer cualquier ley, salvo volver a un hombre mujer o a una mujer hombre (¡precisamente!) y querían significar con eso que hay que respetar la naturaleza y la realidad. Que la voluntad parlamentaria tiene límites. Ni las leyes pueden cambiar el color de la hierba, que es verde, ni democratizar la tabla de multiplicar ni indultarnos de la ley de la gravedad.
A los administrados nos conviene mucho que haya una gran zona exenta del capricho de las élites
Al absolutismo democrático que ahora padecemos, más totalizante que el de los reyes del siglo XVIII, no le hacen gracia ninguna ni los viejos refranes ingleses ni la jerarquía normativa ni las virtudes públicas por las que clamaba Adam Smith, entre tantos. Qué le vamos a hacer. Pero si son demócratas de corazón y lo pensaran dos veces se escandalizarían menos. ¿Acaso aceptarían ellos que una mayoría parlamentaria esté legitimada para instaurar una dictatura, si se impone en unas votaciones? Claro que no, porque el mismo régimen democrático no se somete a votación, de una forma tan paradójica como pedagógica.
La verdadera cuestión de fondo de la política es determinar qué principios, realidades, derechos y procedimientos se rodean de un aura de sacralidad sobre la que construir una convivencia estable y un sistema cívico de derechos y libertades. Los poderosos quieren que nada se escape de su esfera de influencia, o sea, de toqueteo, esto es, de aprovechamiento. Es su pulsión. A los administrados nos conviene mucho que haya una gran zona exenta del capricho de las élites. Los jueces que defienden contra viento y marea el ámbito de lo jurídico son, aunque no los haya votado nadie en unas elecciones, los guardianes de la democracia.
