Hasta hace unos años, el 8 de marzo se celebraba el Día de la mujer trabajadora. La fecha conmemoraba un lejano 8 de marzo de 1857, fecha en la cual, miles de trabajadoras textiles salieron a las calles de Nueva York bajo el lema «Pan y rosas», en protesta por las duras condiciones laborales que padecían. Aquellas mujeres pedían una mejora en las condiciones laborales y el fin del trabajo infantil. La protesta remite a las obras de Dickens, a las de Marx, a la doctrina social de la Iglesia, a los efectos de la revolución industrial, a los del fin del esclavismo, a los de la era paleotécnica, por decirlo en palabras de Lewis Munford.
Hace unos años, el 8 de marzo se transformó en Día Internacional de la Mujer, de una mujer, en muchos casos —recordemos la definición de Irene Montero que la desposeía de tal condición—, tan ajena a aspectos biológicos, que las decimonónicas neoyorkinas serían incapaces de reconocerla. De un tiempo a esta parte, la fecha sirve para enmarcar iniciativas enfrentadas, fundamentalmente, al famoso hombre blanco heterosexual, causante de todos los males. Un hombre cuyo hábitat es la Fachosfera y que califica de «blandengue» a quien ha abandonado tan rancios predios.
En este contexto, y bajo tan difusas premisas, «en el marco del 8M», se desarrollan multitud de actividades bajo el común denominador de la acusación. Ejemplo de ello es la iniciativa impulsada por el Movimiento Justicia Museal, en colaboración con el Museo de América y «colectivos transgresores y feministas». El objetivo principal que, sin duda, hará las negrolegendarias delicias del ministro Urtasun, es cuestionar el «relato» hegemónico. Un cuestionamiento que viene de la mano de una serie de preguntas —«¿Qué lugar ocupan los cuerpos feminizados, marrones, indígenas, migrantes en la historia y en el presente?», «¿Cómo se refleja en las narrativas, prácticas y decisiones de los museos?»— cuya respuesta ya está dada por parte de estos colectivos, que encuentran en los museos, en este caso en el de América, un ámbito ideal para hacer activismo. Urge, dicen, eliminar, reordenar, resignificar, colocar comisarios capaces de manipular adecuadamente las reliquias procedentes del expolio colonialista español. Es necesaria, incluso, una intervención oftalmológica capaz de «descolonizar la mirada eurocéntrica».
Ocurre, sin embargo, que el negocio, pues negocio es, choca frontalmente con la realidad, pues el mundo hispano fue muy diferente al anglosajón, del que dependen ideológicamente los justicieros musealísticos. El orbe hispano, a igual que el prehispano, fue clasista y fue esclavista, como el resto de las sociedades coetáneas. También lo fue el mundo marrón y el islámico, por cierto. Sin embargo, los miembros del Movimiento no pueden ignorar, salvo que actúen con una mala fe inconcebible dentro de su mundo de buenas intenciones y narrativas, que el Imperio español se caracterizó por su mestizaje. Mestiza fue Francisca Pizarro Huaylas, hija del conquistador y de una princesa inca, legitimada por su padre, a su vez, hijo bastardo. Mestizos fueron Diego de Almagro el Mozo y doña Leonor Soto Chimbo Coya, nieta del emperador Huayna Cápac e hija de Hernando de Soto. Indígena y esclava fue doña Marina, madre del Martín Cortés, que recibió el hábito de Santiago y del que su padre dijo «no querer menos» que al hijo que tuvo con la marquesa. Beneficiados con muchas mercedes por parte de la Corona española, fueron los hijos de los emperadores incas y mexicas, que recibían tributos de otros indígenas. Podríamos acumular cientos de ejemplos similares, vidas imposibles de encajar dentro de los estrechos quicios en los que se mueven los censores que integran el Movimiento Justicia Museal y el resto de «movimientos transgresores» que operan bajo el palio woke. Queden estos como muestra de las contradicciones que, con gusto, cabalgan los nuevos censores.
La esclava Malinche. O las princesas.
