La institución del Parlamento o las Cortes aparece en la Edad Media, todavía con un sistema estamental. A partir del siglo XIX se instalan los parlamentos liberales con partidos políticos. En la España de hoy, mantenemos esa tradición, sólo que con algunas variaciones de interés. No siempre son acertadas. Importa mucho revisarlas, pues el régimen parlamentario vigente acusa ciertas anomalías, que convendría corregir.
Tampoco hay que extrañarse del carácter ficticio con que se disfraza el actual Parlamento (Congreso y Senado). Como escribiera Mariano José de Larra hace dos siglos, «(en Madrid) todo el año es carnaval»; no digamos en el aspecto político, tan dado a la escenografía.
En contra de lo que se pregona, en el Parlamento actual apenas se «parla». Es decir, no se prodigan mucho los auténticos debates. En su lugar, se suceden estudiados monólogos desde la tribuna, muchas veces leídos. Tampoco resulta estimulante una continua improvisación, aunque siempre será mejor que la aburrida lectura de unos cuantos folios. Que no se sabe bien quién los ha escrito.
Es natural que los grupos parlamentarios requieran la disciplina de voto de sus integrantes; pero la exigencia ha degenerado en un bloque inconmovible. Sería conveniente que existiera un cierto margen de libertad de voto, sobre todo en los asuntos con alguna incidencia ética, que no son pocos.
Otra nota de mejora podría ser el formato de que los parlamentarios hablaran más desde sus escaños y no tanto desde la tribuna. Recordemos que, hasta 1936, el Congreso de los Diputados carecía de ese podio central, por lo que se facilitaban los debates vivos.
Meses antes de unas elecciones, la actividad parlamentaria se traslada a la «calle», aunque dispuesta a controlar a sus respectivos auditorios. Es lo que se llama la «precampaña» electoral. Se concreta en una sucesión de mítines, no tanto para convencer a los posibles electores, sino como un sistema de propaganda. Lo fundamental es que tales actos produzcan declaraciones y entrevistas como material para los programas informativos o las tertulias políticas. La idea no es mala, siempre que no se ritualice y se consuma demasiado tiempo de la actividad parlamentaria regular. Parece un abuso que, a la campaña electoral, se añadan unas cuantas semanas de frenética «precampaña».
La crítica más feroz al trabajo parlamentario es que, como ha sucedido en el último año, sus señorías consumen un esfuerzo desproporcionado en elaborar leyes ideológicas, doctrinarias. Todas lo son un poco, pero, en este caso, me refiero a las que pretenden alterar el orden constitucional con modificaciones éticas de gran alcance.
Se dijo del modélico Parlamento inglés que podía transformar cualquier cosa, menos convertir a una mujer en varón o a la inversa. Pues bien, tal alocado propósito se ha planteado en el actual Parlamento español. Basta repasar un texto legal que lleva el atrabiliario marbete de «sí o sí». Añádase una «ley de vivienda», que da más seguridad al allanamiento (okupación) de algunos inmuebles.
El sistema constitucional español es el de una monarquía parlamentaria, equiparable a otras europeas. Empero, las decisiones del Parlamento (que, en la práctica, son las del Gobierno) conducen a que, poco a poco, se vaya transformando en un régimen de república federal. Un movimiento tan radical se hace posible porque las fuerzas conservadoras se hallan desunidas y, en muchos casos, se adaptan a las veleidades de un Gobierno dizque socialista. En realidad, es más bien una mímesis del Gabinete de 1936 (Frente Popular, se dijo, entonces). Fue el que precipitó las condiciones para la guerra civil. En síntesis, aunque no lo parezca, el actual Parlamento español se halla en un trance revolucionario.
