El 24 de marzo no es una fecha cualquiera para los argentinos. Ese día del año 1976 se produjo un golpe de estado cívico-militar que desalojó del poder a la última cónyuge de Juan Domingo Perón y, con ella, el desgobierno que reinaba en el país a partir de su nula capacidad de conducción. El dictador había vuelto al país tres años antes; a partir de entonces, la violencia contenida durante su exilio comenzó a escalar; se sucedían atentados, secuestros y acciones terroristas que resultaron el antecedente de una ola de sangre y fuego que tiñó al país durante los años subsiguientes.
Hoy, mientras la sociedad se apresta a recordar un nuevo aniversario de aquel episodio, los hechos ocurridos antes y después de ese día siguen enfrentando a los argentinos. La guerra librada en el país para contrarrestar el ataque subversivo nunca fue debidamente esclarecida. Desde el retorno al sistema democrático de gobierno, muchos han intentado echar luz sobre esos años, buscar justicia y contar lo sucedido. Sin embargo, que medio siglo después el tema mantenga dividida a la sociedad indica que la revisión no se hizo bien.
En 1975, cuando las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el Gobierno constitucional de Isabel Perón para “aniquilar el accionar subversivo” según reza el decreto de la entonces presidente de la Nación, el país estaba sumido en el terror iniciado por el accionar de grupos armados paramilitares extremadamente sanguinarios, entrenados en Cuba para matar. El tiempo transcurrido sirve para mirar con perspectiva los acontecimientos. Hoy se hace evidente que nunca se alcanzó un tratamiento pleno de los hechos.
Los movimientos de derechos humanos, que se multiplicaron en las últimas décadas, se enfocaron en demandas parciales. Desde entonces, sólo los grupos violentos que se habían armado contra el Estado y el orden institucional del país tuvieron voz. Se escucharon con exclusividad sus reclamos, sus historias y su versión del pasado reciente argentino. Sin entrar en la discusión profunda y seria de esos contenidos, la narrativa de los hechos los erigió en víctimas. Y, casi por defecto, a quienes los reprimieron, en victimarios.
Pero la realidad suele ser más compleja que la explicación binaria que se quiso dar a aquella década trágica. Nos hemos cansado de escuchar: «Justicia lenta no es justicia». Pues verdad a medias tampoco es verdad. Que los terroristas se hayan reivindicado subiéndose al colectivo de víctimas de la represión es una lectura sesgada y caprichosa de los hechos. La primera inexactitud es tomar el año del golpe militar como el inicio de la violencia cuando los hechos venían sucediéndose con anterioridad, en pleno gobierno democrático.
Los sucesivos cambios de administración, según el signo político que tuviesen, alentaban alguna esperanza en que el relato de aquellos sucesos finalmente se encaminara hacia una auténtica reconciliación social, que no significa entregar banderas, ni siquiera dejar de sufrir. Pero para seguir adelante es imprescindible asumir la historia completa y es lo que no se hizo durante todos estos años. La izquierda intentó imponer una versión de los hechos que la describía como una víctima débil que se defendió del autoritarismo y los excesos estatales y demonizó a las fuerzas armadas. La verdad es muy distinta. Los terroristas se infiltraron en la sociedad civil y desde el anonimato atacaban con ferocidad a civiles y militares. La política, cobardemente, prefirió ausentarse del debate y eso permitió que la descripción de los guerrilleros, complaciente y falaz, adquiriera legitimidad.
El tiempo pasaba y los gestos en materia de derechos humanos no eran auspiciosos. La presidencia de Mauricio Macri generó una expectativa que se apagó rápidamente. Más allá del mensaje que pretendió enviar, no sumó que el primer mandatario haya sucumbido al lobby de Abuelas de Plaza de Mayo que responde a intereses particulares y que en nada coinciden con la verdad histórica. Ellas querían mantener intacto el protagonismo y el volumen político adquirido en la década anterior con su acercamiento a los Kirchner. Los actos previstos por la administración macrista alrededor del 24 de marzo, haciendo lugar a los reclamos de los organismos de derechos humanos para que no se escuchara a las víctimas del terrorismo y tomando el año 1976 como fecha de inicio de la tragedia, mostraron que tampoco había llegado con él la hora de la verdad completa.
Del kirchnerismo no podía esperarse sino mala fe, pues fue una gestión signada por la mala fe, la trampa y el doble discurso. Lo cierto es que no será posible superar diferencias mientras se siga consumiendo una versión falaz de la historia reciente y la demostración de esa tensión es la herida abierta que sangra cada 24 de marzo desde entonces.
¿Cómo se puede adherir a la mentira de una historia mal contada? ¿Cómo se construye concordia sobre la falsedad? Un llamado a la unidad a partir de una injusticia está vaciado de contenido; es sólo un eslogan de campaña. Es puro marketing.
A esta altura, resulta imposible no trazar similitudes entre aquella tragedia argentina, sus consecuencias y las recientes decisiones tomadas por el socialismo español y sus aliados, en el sentido de forzar la interpretación de la ley para obtener una amnistía a cualquier precio y con una exclusiva intencionalidad partidaria. Una absoluta mezquindad. La clase política debería esforzarse en frenar tamaño despropósito pues tienen a la vista los efectos demoledores que recaen sobre la sociedad tras la alteración de los hechos; la reconstrucción del tejido social puede demandar décadas y las huellas suelen ser permanentes.
Con un nuevo cambio de Gobierno, Argentina está frente a una nueva oportunidad de comenzar a encarar con adultez su propia historia. Tal vez haya llegado el momento de enderezar las cosas, ahora que la sociedad votó un cambio y parece decidida a abandonar la adolescencia. Falta que la dirigencia política también se anime.
