El 8 de enero de 1975, el Gobierno de España se hallaba presidido por Carlos Arias Navarro; tres de sus ministros (Coloma Gallegos, Pita da Veiga y Cuadra Medina, que por cierto tenía en su haber diez derribos de cazas soviéticos en el Frente del Este) eran militares; José Utrera Molina ocupaba la Secretaría General del Movimiento y, por supuesto, la Jefatura de éste, la del Ejercito y la del propio Estado seguían estando desempeñadas por un ya octogenario Francisco Franco Bahamonde. Personajes todos ellos que, de seguir vivos, difícilmente habrían sido invitados a compartir mesa navideña por el actual presidente del Gobierno y su esposa. Y aun así, ésa ha sido la fecha elegida por éste para dar el pistoletazo de salida al centenar de eventos con los que, a lo largo del año 2025, se propone conmemorar el cincuentenario de la supuesta llegada a España de la libertad.
No por errada, la elección de Sánchez deja de ser reveladora de sus auténticas prioridades. Si su deseo hubiera sido celebrar la recuperación las libertades conculcadas por el franquismo, se hubiera esperado para iniciar sus fastos hasta diciembre de 2028, cincuentenario de la aprobación de la vigente Constitución; si hubiera querido conmemorar la llegada de la democracia, habría aguardado hasta junio de 2027, cincuentenario de las primeras elecciones genuinamente multipartidistas; y si hubiera querido rendir homenaje a quienes forjaron la Transición, nos habría emplazado a diciembre de 2026, cincuentenario de la Ley para la Reforma Política. Pero situando sus celebraciones a lo largo del año 2025, lo único que revela —amén de las urgencias de un Presidente del Gobierno que no tiene ni la más remota idea de si el mes que viene seguirá siéndolo— es que más que la apuesta por las libertades o por la democracia, y más que el recuerdo de quienes las hicieron posibles, lo que verdaderamente le mueve es el antifranquismo. Para Sánchez, el acontecimiento histórico que urge celebrar con alborozo no es tanto la llegada de la democracia, como la muerte de Franco.
Y no por sorprendente, la elección de Sánchez deja de ser el resultado de una apreciación sumamente realista de dónde ha acabado situándose su partido. Con Sánchez, el PSOE ha perdido toda legitimidad para conmemorar la Constitución desde el momento mismo en que buena parte de las grandes reformas legislativas impulsadas desde sus filas en la presente —desde la amnistía hasta el cupo catalán— y anteriores legislaturas —desde el aborto hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo—, chocan frontalmente con el propio marco constitucional; del mismo modo que buena parte de las grandes decisiones políticas de estos últimos años —desde gobernar con los separatistas hasta domeñar al Poder Judicial— atentan contra los fundamentos teleológicos de nuestra Carta Magna. Con Sánchez, el PSOE ha perdido toda legitimidad para conmemorar la llegada de la democracia a España porque desde su llegada al poder ha venido haciendo añicos buena parte de las prácticas más definitorias de la democracia como régimen político y de la democracia española en concreto, como que gobierne el partido más votado, o que la Presidencia del Gobierno la ostente el líder de la formación ganadora de las elecciones, circunstancia la primera que no dejó de cumplirse ni una sola vez entre 1977 y 2018, y condición la segunda que ostentaron Suárez, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, pero no Sánchez. Y, hablando de protagonistas de nuestra Historia más reciente, con Sánchez el PSOE ha perdido también toda legitimidad para conmemorar la Transición española como proceso político clave para la llegada de las libertades a nuestro país. Una legitimidad que evidentemente ostentó durante años, pero que a día de hoy, y después de haber abjurado de las personas y del legado de sus dos dirigentes más caracterizados en aquella temprana hora —me refiero, cómo no, a Felipe González y a Alfonso Guerra, tan críticos con el sanchismo como el sanchismo con ellos— cuando no de la práctica totalidad de los dirigentes ajenos —desde Fraga hasta el mismísimo Don Juan Carlos— resultaría sonrojante traer a colación.
De modo que ¿qué le queda al PSOE del 2025? El antifranquismo. Un «patrimonio» que desde luego no le van a disputar ni Vox ni el Partido Popular —en el primer caso por filosofía, en el segundo por genealogía— y que tampoco parece que seduzca mucho a quienes empezaron matando con la excusa de luchar contra la Dictadura, para luego seguir haciéndolo —incluso con mayor saña— hasta bien entrada la democracia. Sólo que también la reivindicación de este patrimonio resulta tener la credibilidad de un duro de madera. Conocido es el triste papel del PSOE durante el régimen de Franco cuando sus principales dirigentes prefirieron hacer oposición pacífica, de despacho y en el exilio, en lugar de hacerla con las armas, desde la clandestinidad y en España como los comunistas. Conocido es, también, como en el Congreso de Suresnes (octubre de 1974) los jóvenes socialistas sevillanos y vascos arrinconaron y purgaron a los viejos socialistas que habían capitaneado la nave del partido durante los años exilio. Y conocido debería ser, aunque no lo sea tanto, cómo a partir de entonces el PSOE se convirtió —a decir del historiador Jorge Vilches— en «la izquierda favorita del franquismo reformista», en la medida en que se mostraba más dialogante, más moderada, más domesticable y menos revolucionaria que el Partido Comunista y —no digamos— las formaciones situadas más a su izquierda.
Lo que obliga a pensar si la razón última de este madrugador programa de actos no será que lleguemos al mes de noviembre convencidos ya de que si la democracia llegó a España fue gracias a un socialista que derrotó en limpio duelo —sable o florete, aun está por decidir— al mismísimo General Franco.
