La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 12, apartado primero, define el litisconsorcio como aquella institución procesal en la que “podrán comparecer en juicio varias personas, como demandantes o como demandados, cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título o causa de pedir”, es decir, desde el punto de vista procesal, la posición de parte en un procedimiento judicial no tiene por qué concretarse en una sola persona –física o jurídica– tanto en la posición de demandante o demandada sino que, también, en una pluralidad de personas, lo que se conoce como litisconsorcio en su versión de activo o pasivo.
Desde este contexto jurídico-procesal se podría hacer una aplicacion analógica en el campo de la política y, en este sentido, la pluralidad de agentes se desarrollarían en las coaliciones o post coaliciones electorales donde, grupos de partidos afines, se agruparían en torno a un conglomerado de siglas representativas de un sentir común. Igualmente, también desde el plano ideológico, posiciones no exactamente iguales, pero en modo alguno antagónicas, pueden y deben de aunar sus respectivas aspiraciones y objetivos en torno a un mismo proyecto en común.
Por tales antecedentes de hecho, es hora ya de considerar que en el futuro más próximo, la derecha política, representada por ideologías que se sitúan en torno al liberalismo y/o conservadurismo, deben de nuevo coaligarse con un amplio sector de la sociedad civil que representan la derecha sociológica en torno al humanismo cristiano, y todos ellos en un litisconsorcio necesario caracterizado en la defensa de idénticos valores: la primacía de la libertad, de los principios del cristianismo como fuente primigenia de un concepto de sociedad occidental y la preeminencia de la sociedad civil y del principio de la subsidiariedad del Estado. O dicho de otro modo, si se prefiere, y en términos más sencillos, con la misma causa de pedir en la defensa de intereses legítimos frente al adversario de la izquierda política y sociológica.
Comprendo que con esta argumentación reproduzco el clásico dilema de derechas-izquierdas que, en este siglo XXI, debería estar ya más que superado. Pero, la realidad es que, desde el punto de vista de la realidad de los hechos, no es así. Y, frente al reagrupamiento de las fuerzas de la izquierda –que se autodefinen como progresistas–, resulta necesario, con ánimo de legítima defensa, que todos aquellos que nos sentimos y propugnamos un modelo de sociedad distinto al de los contrarios, tengamos la necesidad perentoria de fijar las bases de un nuevo pacto político de entendimiento y no caer en la clásica tentación de permanecer inactivos frente al nuevo escenario que se está configurando, que recuerda, y en mucho, a los otros del pasado que parecían haberse superado tras el pacto de la Transición que configuró el actual marco constitucional.
Se puede o no reconocer esta realidad, pero tras la Conferencia Política del PSOE y de sus ponencias, ya no hay ningún margen de duda. En lugar de haberse optado por una regeneración interna y en una vuelta a la centralidad desde una apuesta abiertamente socialdemócrata y moderada, se abre de nuevo las vías del radicalismo y de la confrontación, a partir de una llamada a un neo frente populista, o resurrección del mito de las dos Españas. Triste, pero cierto.
De hecho, este litisconsorcio que propongo es, procesalmente, pasivo y no activo, porque parte de un ataque frontal de la izquierda que no acepta ni respeta que la derecha pueda llegar, con legitimación ad causam, al Poder y, desde esta situación, practicar sus propias políticas legítimamente avalada por el resultado democrático de las urnas. Ellos, en lugar de respetar la decisión popular, optan por la confrontación en lugar de la colaboración y el respeto, hostigan desde la movilización de las calles, impiden el normal desenvolvimiento de las instituciones y anuncian el caos, en lugar del pacífico juego institucional. Una actitud de radicalismo y extremismo, en lugar de favorecer el lógico entendimiento con propuestas sensatas y alternativas que mejore la redacción de las leyes legítimamente aprobadas con una mayoría parlamentaria.
Sin embargo, el problema último que se plantea es que frente a la movilización extra procesal no hay una respuesta intra procesal, es decir, que en la derecha oficial no se reacciona con capacidad de visión de futuro, sólo se quiere ver la realidad del día a día con una cosmovisión cortoplacista y acomodaticia, dejando en manos de los augures de la recuperación económica la solución de los problemas. Craso error, que puede llevar a España a que, más pronto que tarde, una nueva mayoría de radicales, sectarios y defensores de lo políticamente correcto –es decir, sus excluyentes ideas y modelos– se forje en el destino de este país, peor aún que las dos legislaturas del anterior secretario general del PSOE, que, siguiendo la terminología cervantina, de cuyo nombre prefiero no acordarme.
Como decía Ortega, si no, “al tiempo”.
*Julio José Elías es doctor en Derecho y profesor de Derecho Procesal y Penal de la Universidad de Sevilla.
