Negocio multimillonario, el deporte profesional tiene una inequívoca dimensión política debido a la representatividad de algunos equipos o deportistas, pero también por constituir fenómenos de masas habitualmente aprovechados por diversas facciones ideológicas que encuentran en los estadios verdaderas cajas de resonancia de sus mensajes.
En el caso del ciclismo, la llamada «serpiente multicolor» recibe sus tonos de la publicidad que da nombre a unos equipos que, en su día, fueron nacionales. Acaso como un recuerdo de ese pasado, en las clasificaciones todavía se mantienen, junto al nombre del ciclista, las banderas nacionales. Si el recientemente fallecido Bahamontes nos remite a las imágenes del NO-DO, cargadas de ampulosos adjetivos ligados a gestas agónicas, el quinquenio durante el cual Indurain dominó el Tour hurtando horas de siesta a los españoles, dejó un cántico festivo en las noches de verbena veraniega en las que se coreaba el apellido de Miguelón, a quien en los inicios de su carrera se le quiso adjudicar un nombre -Mikel- más acorde con los anhelos euskalherriacos. El sesgo político del ciclismo es un hecho que se canaliza de diversas formas. Al cabo, las pruebas tienen una inequívoca conexión territorial. El Giro lo es de Italia de igual modo que el Tour, gran escaparate de la Francia que se puede mostrar al gran público, lo es del Hexágono.
Si en los fondos de los estadios se agolpan cánticos y banderas, las carreteras constituyen una kilométrica y estrecha grada propicia para la reivindicación política. Todo aquel que siga el Tour habrá visto los trapos proetarras que piden lo que Sánchez ha concedido: el reagrupamiento de terroristas «en casa». En España, a la exhibición de esa simbología se une la abierta hostilidad de las autoridades catalanas y vascas a que la Vuelta (a España) pase por sus regiones, alimentando así la ficción de que se trata de naciones diferentes a la española que, paradójicamente, piden una independencia que fantasean atesorar. Como complemento a este embrollo propio del Barón de Münchhausen, los sediciosos catalanes han intentado sabotear este año las etapas que discurrían por su comunidad autónoma.
Si en la primera crono trataron de tapizar las aceras con banderas estrelladas, propósito que un oportuno aguacero que oscureció Barcelona se encargó de desactivar, en la siguiente etapa, la gent de pau se dedicó a sembrar de chinchetas el asfalto, provocando pinchazos y caídas en un pelotón que este año reúne, a excepción de Pogacar, a las máximas figuras del ciclismo. El cénit de un sabotaje que tiene tintes terroristas por su autoría y propósito político, fue el intento de un CDR, es decir, de un Comité de Defensa de la (inexistente) República, de arrojar sobre el recorrido 400 litros de aceite que hubieran podido producir serias lesiones en los deportistas. Afortunadamente, la Policía evitó el desastre y detuvo a los cuatro integrantes del comité. Como era de prever, la reacción de las sectas catalanistas fue inmediata. Lanzadas hacia una carrera que desemboca en las próximas elecciones regionales, tanto ERC como Junts compiten por mostrar su visceral hispanofobia mientras negocian con el presidente en funciones una amnistía e incluso un referéndum de autodeterminación, peticiones que Sánchez trata, con la ayuda de sus corifeos, de ajustar dentro de lo que denomina «España multinivel».
A los lamentos de los golpistas indultados que, con Franco siempre en su memoria, han acusado a la Policía de practicar la «represión política» y atentar «contra las libertades fundamentales y los derechos democráticos», se han sumado las peticiones de liberación para los que cabe llamar, establezca el lector el oportuno paralelismo, chicos del aceite.
