En estos días de gran agitación política en torno a la formación o a la imposibilidad de la formación de un nuevo Gobierno, la atención de la ciudadanía se centra en las reuniones, declaraciones, idas y venidas de unos y otros, un continuo carrusel de exigencias, concesiones, avances y retrocesos. Los protagonistas del espectáculo son naturalmente los jefes de los cuatro principales partidos y sus portavoces autorizados, que monopolizan portadas y telediarios. Como sucede siempre que reina la confusión, es un sano ejercicio atravesar la maraña de banalidades y el ruido de insignificancias para ir al fondo de las cosas.
Acostumbrados a sustentar opiniones y no a consolidar criterios, los españoles olvidan que gran parte, por no decir todos, de los males que aquejan a nuestra vida pública derivan de una arquitectura institucional aberrante, incompatible con una auténtica democracia y liquidadora de la libertad política. Este tinglado tan caro como corrupto e ineficiente es el Estado de Partidos, es decir, la estructura de legislación y de gobierno que entrega los órganos constitucionales, el Parlamento, el Ejecutivo, los Tribunales y el Presupuesto a unas organizaciones oligárquicas que colonizan la sociedad y que ponen la Administración entera su servicio. España es un caso extremo de esta patología, típica de la Europa meridional, y que no se da en otros modelos del mundo occidental, como el suizo o el estadounidense, o que se atempera en buena medida en países como el Reino Unido o su espacio de herencia anglosajona.
Al igual que sucede con el Estado de las Autonomías, ese atentado contra la racionalidad, la funcionalidad y el buen uso de los recursos, el de Partidos parece concebido para la venalidad, la arbitrariedad, el clientelismo y el despilfarro. Las dos grandes revoluciones modernas, la americana y la francesa, lucharon por abolir los privilegios de la sociedad estamental, igualar a los hombres en derechos y deberes y acabar con la tiranía, Su objetivo -aceptablemente conseguido por los colonos alzados contra el yugo de la Corona británica, y fracasado en el caso de los communards parisinos, que, tras una orgía de sangre, terminaron sometidos a un ególatra que cubrió Europa de cadáveres- fue un gobierno representativo que reflejase la voluntad popular y que pudiese ser revocado si resultaba incompetente o abusivo.
Nuestro Estado de Partidos es una democracia ficticia en la que un reducido grupo de dirigentes cooptados en la cúpula de cada formación controlan el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial y nos permiten cada cuatro años elegir entre unas pocas listas de candidatos que no conocemos y que ellos han seleccionado, no por sus méritos, sino por su docilidad. Se trata de un montaje que provocaría náuseas a Pericles o a Jefferson si levantasen la cabeza. El drama es que muy poca gente es consciente en nuestra vieja y desnortada Nación de que vivimos sometidos al capricho de una camarilla que se autoreproduce y que elimina cualquier posibilidad de participación efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos. El colmo del horror es que la opción electoral que ha nacido enarbolando la bandera del «empoderamiento» de la gente, Podemos, aspira en realidad a llevar esta pesadilla a su extremo más letal, el Estado de Partido Único.
Es lamentable que el selecto núcleo de mentes esclarecidas que diseñó la Transición, cuyo nivel intelectual y categoría personal estaban muy por encima de la actual clase política, se inclinara por una Monarquía parlamentaria manejada por un puñado de organizaciones rígidamente jerarquizadas, endogámicas y voraces, carentes de la menor atención al interés general y que, en combinación con una normativa electoral antitética con el principio de representación y de respeto al mandato de los representados, ha conducido a España a la desintegración, al saqueo del erario y al triunfo de la mediocridad. Basta echar una mirada al volumen de la deuda pública, a los miles de imputados por corrupción o a la ínfima calidad de nuestra educación para advertir los nefastos efectos de la partitocracia hedionda que padecemos.
Ahora que cunde la convicción de que el sistema del 78 está irreversiblemente agotado y que urge una reforma profunda y ambiciosa de nuestro ordenamiento constitucional y de los fundamentos de nuestro entramado institucional, los profesionales de la política del viejo régimen siguen distrayendo nuestra atención con sus danzas para hacernos olvidar que es imprescindible cambiar la pista de baile. Mientras no surja de las entrañas de la sociedad un proyecto de renovación y regeneración ambicioso y de gran alcance que nos redima de nuestra ominosa condición de votantes intermitentes de candidaturas ortopédicas para convertirnos en genuinos ciudadanos, seguiremos condenados al lamento resignado y a la indignación impotente.
