Último día de julio. Media España pensando en las vacaciones y la otra media maldiciendo unas elecciones que sólo ha ganado la incertidumbre. Ese es, en trazo grueso, el panorama nacional en este ecuador veraniego.
Un trazo muy grueso y burdo, que se deja por el camino millones de historias; algunas tan terribles como la que protagoniza esta columna y que mucho tiene que ver con eso de maldecir. Porque, si llegan ustedes al final del texto quizá acaben, como yo, con ganas de maldecir a quienes han permitido lo que nos enseñó el pasado miércoles el enfermo de ELA Jordi Sabaté.
«Necesitaría saber cuántas veces de manera aproximada necesitas tú que te socorran por el tema de la ‘traqueo’… sobre todo si por la noche tienes muchos episodios de esos… yo no me puedo pagar una atención continuada entonces, si veo que no…. (silencio), si veo que no voy a poder (entre sollozos) mantener un mínimo de atención, pues tendría que optar por lo otro, ¿sabes?».
Quien envía este mensaje a Jordi es un enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a las puertas de una intervención quirúrgica —traqueostomía— a la que se recurre, según me cuenta el propio Jordi, cuando «se necesita una máscara conectada a una máquina para respirar las 24 horas y si no tienes fuerza para sacar secreciones ni para tragar».
Quien envía este mensaje no puede, como él mismo explica, pagar a una persona que pase la noche pendiente de si necesita socorro para no ahogarse. No soporta la angustia de imaginarse solo, ahogándose, sin nadie que le ayude. No le queda más remedio que pensar en «lo otro», una forma suave, engañosa, delicada, de referirse a la crudísima y crudelísima realidad: la muerte asistida; la eutanasia; el adiós a la vida por culpa de una Administración que le ha dicho adiós a él mucho antes.
Cuenta Jordi que, en su caso, la atención sanitaria constante —24 horas al día los 365 días del año— suma unos 100.000 euros anuales que paga gracias a la ayuda de familiares. Ni un euro del Estado. Muy pocos de los aproximadamente 4.000 enfermos de ELA que hay en España pueden permitirse ese gasto.
Y a todos ellos el Congreso de los Diputados les dijo, por unanimidad, que habría una ley para ellos. Una ley ELA cuya tramitación fue aprobada en marzo de 2022 pero que nunca vio la luz por las constantes y malintencionadas dilaciones de Podemos y PSOE. Sobre esos dos partidos; sobre un Gobierno que, pudiendo evitarlo prefirió mirar para otro lado, pesan hoy las vidas —y muertes— de los enfermos de ELA y de tantos enfermos dependientes severos en España que ven cómo los impuestos de todos los españoles acaban en estudios sobre «estereotipos y prejuicios cisheteronormativos» —70.000 euros, según publica OK Diario—, o en manos, vía subvención sin contraprestación, de la Federación Estatal LGTBI.
A esta última le llovieron 100.000 euros nada más convocarse las elecciones. Los mismos 100.000 euros que podrían mantener vivo y atendido a un enfermo de ELA durante todo un año. 100.000 euros de vida o muerte que acaban, una vez más, en el lado equivocado.
Un enfermo de ELA —como muchos otros dependientes severos— no tiene garantizada en España la atención mínima vital para poder seguir respirando, pero el Ministerio de Igualdad presume de haber puesto en marcha en esta legislatura la Línea Arcoíris, «disponible las 24 horas del día, los 365 días al año» y que cuenta con «un equipo de profesionales con formación especializada que atienden en castellano, catalán, gallego, euskera, inglés y francés». ¿Para qué sirve? Explica Igualdad que para que «no haya nadie, en ningún rincón de España, que no cuente con una asistencia integral ante cualquier discriminación, delito de odio por LGTBIfobia o para ver resuelta cualquier duda o inquietud relacionada con la orientación sexual, la identidad de género o las características sexuales». Sería muy fácil, pero no cabe aquí ironizar ni un poquito. Con todos los respetos a las dudas o angustias que la orientación sexual pueda generar en un ser humano, es evidente que no son comparables a la duda y angustia que genera en un enfermo no poder garantizar la primera y más básica de las necesidades: respirar. Ante eso todo lo demás, todo, puede esperar.
Y así como cualquier cabeza de familia y administrador sensato sabe que lo correcto es cubrir primero las necesidades básicas de los suyos e ir después a por el escalón siguiente, un Gobierno que se precie debe garantizar lo urgente antes de gastar en lo secundario. Pongamos que todos los enfermos de ELA de España necesitaran, de forma simultánea, esa atención constante. Esos 100.000 euros aproximados por los cuatro mil enfermos, también aproximados, arrojan una cifra de 400 millones de euros. El Ministerio de Igualdad tuvo un Presupuesto inicial en 2023 de 573 millones. Saquen ustedes sus conclusiones.
¿Cabe maldecir a quien, siendo responsable de la gestión gubernamental, teniendo dinero en sus manos para salvar vidas, gira hacia abajo su dedo pulgar como un césar romano condenando a «lo otro» (o sea, a la muerte) a un inocente mientras regala pan y circo a una sociedad anestesiada que ha perdido la capacidad de escandalizarse ante la injusticia? ¿Cabe maldecir a quien se llena la boca hablando de «la gente» y la igualdad y niega a esa gente, pudiendo dárselo, la mayor y más necesaria de las igualdades, la de poder respirar como los demás? Parece que cabe.
