He leĆdo las referencias en prensa de la sentencia que el Tribunal Supremo acaba de dictar sobre el ex-Alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, el que pronunció aquella conocida frase de que en EspaƱa la Justicia era un ācachondeoā. No estoy seguro de que esa afirmación suya, que constituyó, como digo, casi un mantra de uso comĆŗn, no influyera en los magistrados, porque la sentencia es especialmente dura con el antiguoĀ y casi eterno regidor de la ciudad de Jerez de la Frontera.
Y la dureza no reside exclusivamente en el hecho de la condena a cinco aƱos de prisión, y ni siquiera en que haya incrementado en un aƱo la que le impuso la Audiencia Provincial de CĆ”diz, lo que no es demasiado usual en la resolución de recursos de casación, aunque yo haya sufrido una excepción descomunal en este punto. Los hechosĀ por los que se le condena residen en el pago de cantidades que ascienden a algo mas de doscientos mil euros a dos colaboradores suyos con cargo al erario municipal. El Supremo insiste en que para el nombramiento de esas personas āno siguió procedimiento algunoā, lo que, en puridad, serĆa una irregularidad administrativa, pero no un delito. La conversión en una figura penal deriva de que los que recibieron el dinero no efectuaron ādice la sentenciaā contraprestación alguna. Esto ya es harina de otro costal, precisamente del punitivo, porque es equivalente a tomar el dinero pĆŗblico y regalarlo a unos amigos, de tal manera que el encuadre en la figura de malversación de caudales pĆŗblicos resulta ineludible.Ā
Pero, claro, a la luz de este pensamiento es inevitable recordar que a Urdangarin parece que ser que ciertas autoridades administrativas le entregaron cantidades de dinero muy superiores a las dispuestas por Pacheco y, segĆŗn parece, el citado no efectuó contraprestación alguna real, o, cuando menos, no por el importe recibido, lo que convierte al exceso en una liberalidad de idĆ©ntica sustancia. Y lo digo porque no recuerdo que todas esas autoridades se encuentren imputadas en el tedioso procedimiento seguido ante el Juez Castro, en el que todavĆa queda por decidir si Cristina, la hija del Rey padre, finalmente tendrĆ” que someterse al juicio oral o serĆ” nuevamente descargada de esa pena de banquillo por la Audiencia de Palma de Mallorca.
Pero lo mas grave de la sentencia reside en lo que llama el ādaƱo inmaterialā. Merece la pena transcribir el pĆ”rrafo literal: afirma el SupremoĀ que existió Ā«un daƱo no por inmaterial menos efectivo y de claro contenido demoledor, constituido por la pĆ©rdida de confianza de la ciudadanĆa en sus institucionesĀ». AƱade que Ā«nada lesiona mĆ”s la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes polĆticos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos son los primeros custodiosā.Ā
Estoy de acuerdo con el Supremo en que ese daƱo inmaterial es real y provoca el efecto que denuncia. Pero si somos sinceros deberĆamos reconducirlo no exclusivamente a los actos de los representantes polĆticos, sino a todos los que incumplen la Ley. Los primeros ācustodios de la legalidadā, por emplear la terminologĆa de la sentencia, no son los representantes polĆticos, sino precisamente los jueces, fiscales y magistrados, en sus diferentes niveles e instancias. Lo que causa un efecto demoledor, muy superior al pago de esas cantidades, es ver como ciertos fiscales, por ejemplo, acusan o dejan de acusar siguiendo instrucciones del poder polĆtico. Lo que causa un efecto demoledor es comprobar como ciertas sentencias parecen dictadas siguiendo las órdenes del poder, sea para absolver a culpables o para condenar a inocentes. Lo que causa un efecto demoledor es comprobar la existencia de un doble rasero en la aplicacion de la Ley segun se trate de amigos o perseguidos del poder. Eso sĆ que tiene un efecto verdaderamente demoledor entre la ciudadanĆa, porque de nada sirven leyes puras y limpias si finalmente, en su fase de aplicación, tropiezan con fiscales o jueces que solo sirven al poder y parecen dispuestos a sacrificar el Derecho. Por ello mismo, sin duda de acuerdo con esa afirmación del Supremo, pero convendrĆa que reflexionara tambiĆ©n sobre lo que sucede en ciertos Ć”mbitos o sectores del aparato institucional de la Justicia, que ha provocado que sea una de las instituciones peor valoradas por la ciudadanĆa.