Con la firma, entre otros, de don Juan Antonio Xiol Ríos o del actual Presidente del Tribunal Constitucional, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y del antiguo fiscal general del estado, don Cándido Conde-Pumpido Tourón, el día 5 de octubre de 2017 el Tribunal Constitucional, estimando un recurso de amparo interpuesto por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña y la consiguiente solicitud de medidas cautelarísimas acordó la suspensión del pleno fijado para el lunes 9 de octubre de 2017.
Es el derecho de millones de españoles el que ha sido burlado en una tramitación ilegal e ilegítima por la Mesa del Congreso
Los argumentos esgrimidos en aquel momento por el Grupo del PSC eran que se estaba vulnerando su derecho a ejercer su cargo público sin perturbaciones ilegitimas (art. 23.2 CE) y el restablecimiento de los diputados recurrentes en la integridad de su derecho mediante la declaración de que no procedía tramitar la eventual solicitud de los grupos secesionista en orden a la declaración en sede parlamentaria. Adicionalmente, dada la gravedad de los hechos, y por tratarse de un supuesto de urgencia excepcional, aquellos diputados socialistas pidieron que el TC ordenase suspender el Pleno impidiendo la votación.
En aquel momento, el Pleno del TC, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.n) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), recabó para sí el conocimiento del asunto, y ordenó suspender el Pleno y la votación.
Este jueves, los voceros del asalto ilegal al Estado de derecho, interviniendo en nombre de PSOE, Podemos, o ERC o Bildu, acusaban a los magistrados del TC de golpe de las togas. Otro episodio de cinismo y concertación en el verdadero golpe a la Constitución y a la unidad nacional que están dando en directo.
Desde que el día 14 de noviembre VOX presentara en la Mesa del Congreso un escrito solicitando la inadmisión de la solicitud de tramitación de la proposición de ley de «transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso», los diputados de la formación han actuado en permanente denuncia de sus derechos vulnerados por la mayoría parlamentaria de PSOE-Podemos y el separatismo, con solicitudes de informes y dictámenes, alegaciones de fraude de ley constitucional y de violación de las normas, permanentes.
No es el derecho de 52 españoles; es el derecho de millones de españoles el que ha sido burlado en una tramitación ilegal e ilegítima por la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces siguiendo el criminal iter procesal que siguieron en su momento Junqueras y Puigdemont.
Dictar una resolución injusta a sabiendas de su injusticia está recogido en el Código Penal
Y por eso VOX formuló ya este jueves el amparo ante el TC, y hoy mismo ha presentado nuevo escrito reiterando que se reclama del TC el próximo lunes una resolución clara y decisiva en favor de la Constitución, la Ley, la separación de poderes, y en fin, la unidad de España.
El TC lo hizo en 5 de octubre de 2017. Y con la firma, entre otros, de Cándido Conde-Pumpido. Ningún español entenderá que ahora, por su sometimiento a la obediencia del partido que les propuso, cambien el criterio. Dictar una resolución injusta a sabiendas de su injusticia está recogido en el Código Penal que socialistas, comunistas y separatistas quieren cambiar para excarcelar a golpistas y malversadores. Hay que recordarlo.
Todos los españoles de bien exigen de sus instituciones que ejerzan la función que les ha sido asignada. Igual que exigen de los diputados que defiendan la unidad nacional y el orden jurídico. El grupo parlamentario de VOX ha hecho, y seguirá haciendo, lo que debe hacer. Ahora, otros han de asumir su papel en la historia.
