Es decir, que cada año las novedades oficiales equivalen a casi 600 veces Guerra y Paz, el libro de Tolstoi en una versión convencional y completa. Es más, en España se rellenan 700.000 páginas al año sólo en boletines oficiales. Un reciente estudio del Instituto de Empresa (IE) elaborado por los profesores Francisco Marcos y Juan Santaló, bajo el título Regulación, Innovación y Productividad, demuestra que el aumento en la cantidad de regulación autonómica desde 1988 a 2006 ha provocado un “impacto negativo muy significativo en productividad e innovación”. “Nuestras estimaciones revelan que un aumento del 100% en el número de normas y disposiciones autonómicas se asocia con una reducción de la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores del 3,5% y con una reducción del 80% anual de las solicitudes de patente; de más del 100% de las solicitudes de modelos de utilidad y de entre el 62% y el 112% de las solicitudes de diseños industriales”, alertan los autores.
Los últimos huesos duros han sido la ley del tabaco y el límite de velocidad, que siguen generando más papeleo, problemas y multas. Más negocios cerrados, más negocio clandestino y más polémica.
Hasta el Imperio Romano cayó por un exceso de leyes, al menos ese fue uno de los motivos y no precisamente menor. El exceso de regulación puede provocar lo contrario de lo que busca, la anarquía total. La inflación legislativa acaba con la inseguridad jurídica y es la enfermedad a la que estamos abocados. Cada nuevo Gobierno entrante parece padecer el síndrome de la máquina expendedora de reglamentos. Les costaría lo mismo derogar las existentes, pero parece que crear, aunque sea algo malo, es mejor que eliminar, aunque eso sea positivo. Recuerda a la fiebre de los políticos por inaugurar pabellones.
La multiplicación de las leyes reguladoras hace que los negocios se ahoguen en trabas burocráticas. “Pongamos el caso de un empresario del sector del juego que se dedica a fabricar máquinas tragaperras y venderlas a casinos y establecimientos de toda España. El sentido común y la economía de escala lleva a la empresa a elaborar un mismo modelo para todo el territorio nacional. Pero no puede porque cada comunidad ha establecido por ley que la palanca que acciona el juego sea distinta. Así, el empresario debe emplear más recursos para adaptarse a 17 legislaciones y hacer 17 tragaperras”, indica Sánchez de la Cruz. Según la CEOE, el coste de la madeja legislativa nos cuesta 45.000 millones de euros.
