Los políticos manejan el dinero de otros, elaboran leyes y toman decisiones que afectan de manera directa las condiciones de vida de sus semejantes. Una guerra innecesaria, una gestión incompetente del presupuesto, una norma que dificulte la actividad económica, un señalamiento de prioridades inapropiado, pueden causar el sufrimiento, la ruina e incluso la muerte de millones de personas. Cuando acudimos al médico para que nos cure una dolencia, al arquitecto para que nos construya una casa, al cerrajero para que repare una cerradura o al piloto para que nos transporte por aire de manera segura, procuramos que reúnan los conocimientos, la experiencia y las habilidades requeridas para el correcto desempeño de su tarea. Nadie en su sano juicio se pondría en manos de un dentista aficionado, de un cocinero chapucero, de un profesor ignorante o de un mecánico sin idea de motores. Disponemos de un conjunto de controles y verificaciones y de procesos regulados que nos garantizan hasta un punto suficiente que la probabilidad de que nos envenenen en el restaurante, nos receten la píldora equivocada en el ambulatorio, nos conduzcan alocadamente en tren al descarrilamiento o nos dejen hechos un adefesio en la peluquería, sea lo bastante baja como para que nuestra existencia no caiga en un continuo sobresalto.
Pues bien, curiosamente, nuestro sistema democrático no ofrece un grado similar de precaución a la hora de elegir a aquellos que van a fijar los impuestos que hemos de pagar, las infraestructuras públicas que se deben acometer, las normas laborales que van a organizar nuestro trabajo, los medios materiales y humanos de los que dispondrán los jueces que aplican la ley o el número y el equipamiento de los policías que nos protegen. La prueba de esta molesta verdad la tenemos en el actual espectáculo de un Gobierno en funciones que dura ya nueve meses, en la corrupción desatada que ha saqueado las arcas públicas durante las últimas tres décadas, en el continuo desprecio al Estado de Derecho de los separatistas sin que nada ni nadie les pare los pies, en la pasmosa indiferencia ante el anunciado colapso de nuestro sistema de pensiones y en un déficit incontrolado y una deuda gigantesca que compromete a varias generaciones por venir, por citar algunos ejemplos notorios de una lista que es sin duda muy larga. Parece como si paradójicamente pusiésemos en manos de los peor preparados las palancas más vitales de nuestra prosperidad y nuestro bienestar. Gentes a las que hemos confiado los cometidos más cruciales de nuestra convivencia en paz, progreso y libertad operan en función de intereses y objetivos no ya ajenos, sino con frecuencia opuestos a lo que se espera de ellos y para lo que fueron nombrados.
Por tanto, es de una importancia capital entender las razones de semejante anomalía e intentar ponerle remedio con urgencia. Una conclusión evidente es que falla el método de selección con el que escogemos a nuestros políticos. Cuando una empresa busca al profesional idóneo para un cierto puesto examina decenas o centenares de currículos, somete a pruebas exigentes y examina en sucesivas entrevistas a los candidatos hasta encontrar el que considera el mejor. Cualquier comparación de este procedimiento con nuestro sistema electoral y con el funcionamiento interno de nuestros partidos políticos provoca hilaridad o más bien consternación.
Hay quién dice que los políticos reflejan el nivel de la sociedad que los vota y que, por consiguiente, es absurdo pretender que se sitúen en niveles de competencia y probidad superiores a los del español medio. Sin embargo, no aplicamos este esquema exculpatorio cuando acudimos al cirujano, al catedrático, al abogado o al controlador aéreo. Queremos que sepan de lo suyo, que nos resuelvan el problema que les sometemos y, por la cuenta que nos trae, con todas las limitaciones que se quiera, procuramos que sea así.
En definitiva, que mientras no reformemos la ley electoral para que los representantes estén realmente vinculados a los representados y sean responsables ante ellos, y mientras los partidos no practiquen una verdadera democracia interna, seguiremos condenados a que nuestros políticos nos expolien, nos avergüencen y sean un lastre sobre nuestras espaldas en vez de los buenos administradores de nuestro patrimonio común que necesitamos para poder dedicarnos a nuestros propios asuntos con posibilidades de éxito.
