Seguramente muchos conocen el chiste del tipo que se acerca a una atractiva joven sentada en la barra de un bar y se interesa por su precio. Ante la reacción indignada de la interpelada, que le cubre de insultos por haberla tratado de meretriz, el individuo se defiende recordándole que “preguntar no es ofender”. Esa es exactamente la situación entre Artur Mas y el Tribunal Constitucional. El Presidente beneficiario de cuentas en Liechtenstein pretende con expresión fingidamente ingenua que él sólo se ha dirigido a los ciudadanos de Cataluña para formularles una inofensiva cuestión, a saber, si consideran que su Comunidad debe ser un estado independiente o no, y que su ley de consultas aprobada ad hoc le faculta para ello. Dado que este referendo encubierto no es vinculante sobre el papel, Mas aparenta no entender los motivos por los cuales el Alto Intérprete de nuestra Norma Suprema admite a trámite un recurso en contra del Gobierno de la Nación mayúscula, al que acusa de no permitir un ejercicio democrático en su nación minúscula.
Aunque el Muy Evasor no lo quiera reconocer, sabe perfectamente que en este caso, como en el chiste, hay preguntas cuya mera formulación es explosiva y el simple hecho de plantearla en las urnas representa una vulneración flagrante del ordenamiento constitucional. Se lo ha dicho el Gobierno, se lo han repetido los dos grandes partidos, se lo ha reiterado el Consejo de Estado, se lo han dictaminado los cuatro vocales de su propio Consejo de Garantías Estatutarias no nombrados por las fuerzas independentistas, se lo han recriminado los más prestigiosos expertos constitucionalistas del Reino, pero no ha querido darse por enterado. El principio a aplicar es sencillo y diáfano: una parte de la población española no puede usurpar al conjunto su soberanía indivisible, artículos 1 y 2 de nuestra Carta Magna. Lo que sí cabe preguntarle al Muy Irresponsable es qué parte de “la soberanía nacional reside en el pueblo español” o de “patria común e indivisible de todos los españoles” no ha entendido. Por consiguiente, la operación que ha preparado para el 9 de noviembre es legalmente inviable y, una vez suspendida por el Tribunal Constitucional, su insistencia en llevarla adelante le sitúa extramuros de la ley, posición muy peligrosa en un Estado de Derecho donde ignorarla puede tener consecuencias muy graves.
Al Muy Descontrolado le queda, por supuesto, un camino para seguir impulsando su proyecto: la subversión abierta, la revolución, la sustitución de la fuerza de la ley por la ley de la fuerza. Las muchedumbres en las calles, los contenedores ardiendo, las sirenas ululando, los comercios cerrados, la violencia de catalanes sobre otros catalanes, la prima de riesgo por las nubes, la Caixa huyendo a Madrid, la Bolsa por los suelos y la gente haciendo acopio de víveres en los supermercados. Si no está dispuesto a asumir este coste económico y social, no le queda otro remedio que acatar la resolución del Tribunal Constitucional y olvidarse de sus fantasías paranoicas. Él sabrá lo que decide aunque todo indica que ha perdido la capacidad de razonar. Ahora bien, puestos en el terreno del puro instinto, que opte al menos por el instinto de conservación.
