La primera fue el control en el uso del dinero público en ayuntamientos. El 12 de marzo inicié esta serie de comentarios de los martes bajo el título “La mano pecadora”. Me refería a la mano de unos políticos refractarios a todo control del poder, que se aplicaron desde muy pronto a neutralizar, falsificar, desactivar o directamente liquidar los instrumentos previstos por la Constitución y las leyes para impedir que los mandarines utilizasen sus cargos electivos en su propio provecho o al servicio del clientelismo y el nepotismo más obscenos, lo que también va en su provecho, naturalmente. En este mes he esbozado algo sobre el fin del recurso previo de inconstitucionalidad, sobre las cuotas partidistas en el Consejo General del Poder Judicial o sobre el pesebre sindical. Quedan más recuerdos necesarios: el nefasto funcionamiento interno de los partidos, la intromisión del poder en la comunicación audiovisual, el uso pervertido de las funestas subvenciones, la neutralización del Defensor del Pueblo desde el mismo día en que uno de ellos osó anunciar un recurso de inconstitucionalidad, el fin de las oposiciones como única vía de ingreso en la judicatura, y ahora las tasas judiciales y el intento de liquidar toda eficacia a la acción popular, etc, etc. ¿Cuándo se jodió la democracia española, Zavalita? Tengo para mí que la primera barrera a la arbitrariedad derribada fue el control de legalidad en el uso del dinero público en las Administraciones locales. La voluntad de demolición empezó bien pronto, en cuanto unos políticos con hambre atrasada empezaron a tocar poder local a partir del 3 de abril de 1979, ¡sólo tres meses después de aprobada la Constitución! En cuanto pudieron, metieron su mano pecadora en el sistema de provisión de plazas de secretarios e interventores que serían designados por los alcaldes. Ahí sonó la primera alarma. No quisimos hacer caso, y así estamos ahora. No nos quejemos.
