Esta semana, la empresa Siemens-Gamesa ha anunciado su decisión de cerrar su planta de Cuenca, que acarreará el despido de 51 trabajadores, a los que se sumarán los 215 que venden su fuerza de trabajo en As Somozas. El comunicado ha desatado la reacción del sindicato CC.OO. que, antes de anunciar movilizaciones, ha asegurado que los cierres obedecen a la decisión de la multinacional de abandonar su actividad en España y trasladarla al puerto portugués de Vagos. Lo que comúnmente se conoce como deslocalización.
Al margen de los aspectos puramente laborales, los cierres involucran muchas cuestiones, entre ellos la pugna, aureolada de intereses económicos ribeteados de sostenibles argumentos emanados de «la Ciencia», entre las industrias energéticas «limpias» -en este caso aerogeneradores, vulgo «molinillos»- y las «sucias», a la cabeza de las cuales figura, como reliquia de aquel atómico tiempo de silencio, la nuclear, asunto del que bien se sabe en Cuenca, dado que allí se prevé la construcción de un Almacén Temporal Centralizado donde se almacenarían residuos radiactivos cuya deslocalización actual, o lo que es lo mismo, su custodia en Francia, nos cuesta 75.000 euros diarios. La noticia del cierre de las plantas se ha conocido durante una intensa oleada de frío en la cual el precio de la electricidad ha alcanzado cotas inusitadas. Para cerrar el círculo energético, por su vertiente más sucia, cabe aludir a las centrales térmicas. Mientras en Asturias y en la turolense Andorra ya se han cerrado las que se alimentaban con carbón, Alemania, lugar desde donde se ha decidido el cierre galaico y conquense de reparación de turbinas eólicas y producción de palas para aerogeneradores, ha anunciado que se replantea su descarbonización.
Hechas estas consideraciones, conviene reparar en las abundantes contradicciones que acompañan la labor del sindicato aludido. Comisiones Obreras no admite justificación alguna para desmantelar estas industrias en España, lugar que califica como «el país más atractivo del mundo para invertir en renovables», antes de concluir su comunicado con una rotunda exigencia a la compañía: «un compromiso real con España y con toda la plantilla». En cuanto al compromiso con la plantilla, este puede determinarse con claridad: se trata de mantener los contratos de 256 trabajadores identificados por su número de afiliación a la Seguridad Social. Sin embargo, si del compromiso con España se trata, CC.OO. tendría más dificultades para precisar a qué se refiere.
Ambas corrientes se unieron a principios de los años 50 para dar paso a las llamadas Comisiones Obreras, en las que confluyeron elementos comunistas, miembros de Acción Católica y obreros menos ideologizados
Como es sabido, el sindicalismo en España hunde sus raíces en el siglo XIX. A los colectivos que cristalizaron alrededor de ideólogos nacidos a partir de los procesos revolucionarios industriales, se respondió, desde ambiente católicos, con todas aquellas organizaciones que, al calor de la encíclica Rerum Novarum, afrontaron la cuestión social. Ambas corrientes se unieron a principios de los años 50 para dar paso a las llamadas Comisiones Obreras, en las que confluyeron elementos comunistas, miembros de Acción Católica y obreros menos ideologizados y más preocupados por la inmediatez laboral. La organización pretendía ser una alternativa a los sindicatos verticales. Entre las acciones más impactantes de aquella época fundacional destacan la huelga, marcadamente sujeta al dimorfismo sexual en aquellos tiempos preparitarios, de la mina carbonífera de La Camocha o la del pozo Nicolasa de Mieres. Desde aquellos focos mineros, las protestas se extendieron por diferentes enclaves industriales hasta el punto de precipitar la declaración del estado de excepción.
Organizaciones sindicales capaces de ser firmes partidarias de la «autodeterminación» de algunos territorios nacionales y de respaldar exigencias particularistas que suponen verdaderas fronteras para esa clase obrera universal que, de modo fetichista, dicen defender
En aquel contexto, las comisiones obreras se vigorizaron y adquirieron una gran relevancia en el cinturón industrial Barcelona. En coherencia con el origen aludido, los comisionistas contaron, en el año 1962, fueron recibidos por el obispo de la Ciudad Condal, Gregorio Modrego Casaus. La impronta de la Iglesia se dejó notar ese mismo año, cuando el cardenal de Sevilla propuso el establecimiento de un salario de entre 110 y 120 pesetas diarias para los obreros casados con dos hijos. Aquellas iniciativas se produjeron en plena desnacionalización del sistema sindical, transformación propiciada en gran medida por el entrismo en dichas organizaciones, que dio paso a una fase de creciente negociación privada entre trabajadores y empresarios. Desnacionalización sindical que pronto dio paso a nuevas configuraciones territoriales para las cuales algunos de los más ardorosos sindicalistas primigenios suponían un obstáculo. Al cabo, más de dos décadas después del final de la Guerra Civil, la estatalización franquista era embarazosa para gran parte de las facciones que habían dado lugar a las CC.OO. Después de la promulgación de la encíclica Pacem in terris, el ajuste territorial de la organización sindical se hizo más evidente. De este modo, las Comisiones Obreras comenzaron a velar por los trabajadores de los «pueblos» de España. Aquel ajuste, acompasado con las transformaciones derivadas del final del franquismo y de la implantación del Estado de las Autonomías, pródigo en el reparto de subvenciones garantes de la «paz social», ha configurado unas organizaciones sindicales capaces de ser firmes partidarias de la «autodeterminación» de algunos territorios nacionales y de respaldar exigencias particularistas que suponen verdaderas fronteras para esa clase obrera universal que, de modo fetichista, dicen defender. En efecto, el sindicato que españolea en Cuenca y La Coruña, es firme partidario de la independencia de la nación catalana, o lo que es lo mismo, de la privatización lazi de parte de la capa basal de la nación española, aquella de la que se extrae, entre otras cosas, energía.
Mucho nos tememos que el previsible pataleo justificatorio de la propia existencia de estos sindicatos caracterizados por su verticalidad, será insuficiente para impedir el desplazamiento de las industrias comentadas a un país que ofrece mejores condiciones y mayor seguridad jurídica, pues no ha de olvidarse que el gobierno que sustenta a tan dóciles interlocutores sociales, tan alejado de quienes agitaban la fórmula «sóviets+electricidad» como de aquel franquismo hidráulicamente electrizante que dicen combatir, responde a la divisa globalista, para la cual las naciones son su mayor estorbo.
