Hay una frase que puede servir para iniciar la información sobre la posible creación del grupo Acción Cívica Nacional, ajeno al mundo político: “No se puede limpiar una charca y pretender la ayuda de las ranas”. Eso mismo ocurre si queremos limpiar España; que no podremos contar con la ayuda de los políticos, por ser, precisamente ellos, quienes la han ensuciado en su propio y único interés.
Por esta razón, y desde hace varios años, venimos elaborando un sistema más racional, que se hace cada vez más necesario para colaborar en las tareas de gobierno. Debe ser la propia gente del pueblo, con preparación necesaria, quien participe, de forma activa y directa, en esta gestión, al tiempo que los políticos sean cada vez menos los que nos representen, ya que, de hecho, no nos representan, pues han demostrado escasa aptitud, egoísmo, deslealtad y abuso; no les pagamos para eso. La situación ha llegado a tal extremo de deterioro, que la sustitución de políticos por tecnócratas no representa ya en nuestra Sociedad la duda que podría haber en otros países civilizados, dada la estrecha relación existente entre nuestra peculiar clase política, la corrupción y el resultado final que estamos viviendo. Algunos políticos no dudan en usar el dinero del contribuyente para llevar ellos, al margen de su sueldo, una vida de lujos y privilegios, al tiempo que les abre unas puertas de influencias a mejores situaciones posteriores, a las que no son, precisamente ellos, los que puedan poner un límite hoy en día. La preocupación de ellos estriba en mantener lo que poseen, ahora y mañana, por encima de todo, incluso de los propios intereses del pueblo que los contrató, y les paga. Controlan todo, y nos controlan, con la fuerza que se ha otorgado así misma una minoría activa.
Sobre este sistema racional que presentamos ahora, hemos publicado diferentes notas de opinión en diversos periódicos nacionales desde hace un par de años, abogando, desde entonces, por todo cuanto manifestamos a continuación.
Según la estadística oficial, los políticos se mueven entre el segundo o tercer problema de los muchos que padece España, como son el paro, la corrupción, la crisis económica, la inseguridad ciudadana, la sanidad, el fraude, la educación, la vivienda, y un largo etcétera. Pero los responsables de todos y cada uno de esos problemas son, precisamente, los políticos, la fuerza activa que toma las decisiones, y que es quien genera el resto de todos los problemas existentes por la pésima gestión que llevan a cabo, y nos han situado en la extrema y específica situación que vivimos hoy en España, al margen de la crisis europea, cuyos efectos nos ha rozado, pero no nos ha hundido; de eso se han encargado nuestros políticos. A ellos les dimos nuestra confianza a través del voto, confianza que no han sabido usar de manera responsable y digna, pues nunca han tomado una decisión que fuera en contra de sus intereses de Partido, o de sus intereses privados, aunque fuera beneficiosa para el pueblo. Unos por acción, y otros por omisión, son culpables la mayoría de ellos; por supuesto que hay excepciones (conozco, personalmente, algunas, con nombres y apellidos) pero esas excepciones, lógicamente, no han tenido suficiente fuerza para frenar un caudaloso río de deslealtad, egoísmo y corrupción.
Todos ellos han sabido siempre autoexculparse, y, si no lo han hecho directamente, lo han hecho los jueces seleccionados por ellos a tal efecto. En su fuero interno, creen, con toda sinceridad, que son honestos, dignos y que pueden ir con la cabeza muy alta. Por el subconsciente de ellos debe pasar un pensamiento similar a: «mi sueldo debería ser mucho mayor, o, más debería yo haber detraído de las arcas, después de todo lo que yo he hecho y trabajado por el pueblo». Lo que no se les pasa por la mente es que han colaborado, por acción u omisión, como decimos, para dejar al pueblo en la ruina. Hemos mencionado que existen excepciones, como, por ejemplo la de aquel diputado socialista (aunque la ideología no importa; estamos hablando de personas y sólo hay que creer en ella y en su palabra) que dimitió de su cargo porque su conciencia le decía que no se ganaba los 60.000 euros anuales asignados. Hombres de esta talla son los que deberán formar la base de Acción Cívica Nacional. También hay un senador, valiente, que se pronunció, en una entrevista televisiva, sobre la falta de operatividad del Senado, manifestando que no se justificaba su existencia porque allí, dijo, se hacía poco, y se cobraba mucho ¿Alguien puede creer que estos dignos políticos tienen fuerza para cambiar el curso del río corrupto? Por supuesto que no. Los políticos son el primer problema que tiene España, y es un hecho que, siendo ellos parte inseparable y esencial del problema, nunca podrán formar parte de la solución del mismo.
No nos cabe duda de que una gran mayoría de políticos entraron en esta actividad con las mejores intenciones hacia el pueblo que los contrató. Pero por diversas razones, entre ellas, quizá, una deficiente formación y educación (diferente, desgraciadamente, en cada Autonomía) en los últimos treinta y cinco años, les hizo sucumbir a muchos de ellos ante la insistente marea de tentaciones. Es por ello que el Programa para la Educación, único en todo el Territorio, es clave desde la infancia, y ha de ser acorde con los valores humanos que se derivan de la Moral, la Ética, y de aquellas Buenas Costumbres, perdidas hoy (existía una Asignatura, llamada Urbanidad, que, entre otras muchas cosas, enseñaba, desde los primeros años, la importancia que tenía, por ejemplo, de ayudar a un anciano a cruzar la calle, y la satisfacción que sentía luego quien así actuaba, que, sin darse cuenta, se iba realizando, educando, y formando, cada día más, como persona. Pero estos sentimientos hay que infundirlos desde la más temprana edad, de lo contrario no se aprenden nunca, y endurecen el alma humana; Moral, Ética y Buenas Costumbres, todo ello es primordial para cambiar el comportamiento de los gobernantes, y frenaría, además, los nefastos encontronazos educacionales que existen hoy)
El Estado de las Autonomías ha demostrado su ineficiencia y extrema carestía después de 35 años de vigencia, suponiendo, además, una vía de corrupción descentralizada y generalizada, en la que, algunos, han buscado, abrazado y adoptado esa corrupción, y el resto ha reaccionado igual, si la corrupción llamó algún día a su puerta. Cada Autonomía, culpa de sus males a España, debilitando y degradando, cada vez más, a la Nación. Gobernar es elegir prioridades, y las medidas tomadas hasta hoy, debieron ser pospuestas tras haber empezado por las prioritarias, de tal forma que muchas de las decisiones ya adoptadas no hubieran sido necesarias. La situación ha llegado a un extremo que se hace urgente recomponer la mala y débil cimentación de una casa cuyas paredes se agrietan peligrosamente, y es un error tratar de reparar las grietas, como se está haciendo hoy, porque volverán a salir mañana: hay que empezar siempre por el principio, por las raíces, por los cimientos.
Hasta 1.978, la estructura de la división político administrativa del Estado Español, era la España de las Provincias; fue disuelta entonces, sin problema alguno, para dar paso a las Autonomías. El Presidente del Gobierno ha manifestado, textualmente, que “las Autonomías no se pueden tocar porque están consagradas en la Constitución”; es un absoluto error; las Autonomías, llevan 35 años en la Constitución, y habían sustituido a las Provincias, que estuvieron consagradas en la Constitución durante más de 180 años, tras ser rectificada en 1.978. Esa rectificación, se hizo de la noche a la mañana. Ahora, con sólo 35 años de vigencia, las Autonomías resultan intocables para nuestro Presidente. La Constitución no es una obra divina, sino un trabajo del hombre, y la mejor forma de respetarla, sentirla y mantenerla actualizada, no es otra que adaptarla a las exigencias de los nuevos tiempos para que conserve su vigencia por encima de todos los tiempos, cosa que hay que hacer siempre que sea necesario, justo y razonable, mediante las rectificaciones que procedan. La Ley se hace para los vivos, no para los muertos. Alguien, con sentido común, ha matizado recientemente que hay que “rejuvenecer” a la Constitución; absolutamente cierto. El Presidente del Gobierno, con esa manifestación, deja clara una simple y vaga excusa que oculta su debilidad política y su mala gestión. No hubo problema alguno, como ya se ha dicho, para desmontar, cual simple escenario, aquella España de las Provincias; no pasó nada, y no se alteró nadie. El pueblo pensó en la posibilidad de un futuro mejor, y los políticos vieron el cielo abierto ante las grandes expectativas de aumento de puestos políticos, que hoy se resisten a abandonar.
Cuando una cosa se hace mal es preciso corregirla, lo cual no quiere decir, en absoluto, volver a atrás. La invención de las Autonomías ha sido para peor, a un precio elevadísimo y con un incremento exagerado de la corrupción. Como decimos, volver a la España de las Provincias, no es retroceder, todo lo contrario: se trata de situarnos en el esquema inicial para, desde allí, avanzar, haciendo todas las rectificaciones necesarias y adecuadas para actualizar el Estado a los tiempos de hoy. Pero estas rectificaciones hay que hacerlas, siempre, desde las Provincias, nunca desde las Autonomías.
Una de las razones que se esgrimen para justificar lo injustificable es decir que las Autonomías han acercado más la Administración al pueblo; primero resulta confuso, y cuando se piensa más despacio, es manifiestamente falso: la aproximación ha resultado, exclusivamente, física, sin que llevara implícita, por ello, una mayor eficiencia en la gestión, sino justo lo contrario: una manifiesta ineficiencia, abuso y corrupción, ocultos, precisamente, en la confianza y familiaridad que da lo cercano. Es muy cierto que las decisiones deben tomarse lo más próximo a los ciudadanos, pero las ejecuciones de las mismas y la responsabilidad de sus costos deben estar centralizadas; se podría matizar esta afirmación de acuerdo a las peculiaridades de cada pueblo, pero en España, ya hemos visto cómo ha funcionado. Por lo tanto, corrijamos todo aquello que ya funcionaba mal en la estructura anterior, o que ya no tuviera sentido hoy, y actualicemos, además, la funcionalidad de aquellas Provincias para que vuelvan a ser eficaces, ya que no podemos anclarnos en donde estábamos; eso sí sería un paso atrás. Esta actualización esencial, disminuiría de entrada, y de forma considerable, el exagerado gasto público en una cifra muy superior a la que se estiman conseguir tras las precipitadas, inoportunas e inadecuadas medidas tomadas hasta hoy. Incluso los ahorros que puedan parecer irrelevantes, no lo son en absoluto, pues, en estos casos, los gestos son básicos, porque se trata de inculcar en los gobernantes unos principios que les permita ser un ejemplo para todos. Esos pequeños gestos, al final, son tan importantes como los grandes ahorros; una actitud honesta imprime carácter, se obliga y se crece en el resto de actuaciones posteriores.
En esta nueva reestructuración del Estado, se hace precisa la supresión de las Diputaciones Provinciales que, por sí mismas, constituyen una duplicidad de las funciones que han existido siempre. El Tribunal Constitucional no tiene sentido para sustentar, si llegara el caso, a un Gobierno nacido de la base del pueblo, y que trabaje por y para el pueblo, al margen de este alto Tribunal politizado. La Audiencia Provincial es otro ejemplo de Órgano influido por la política; la vergonzosa legalización de Bildu, por citar un ejemplo, entre otras nefastas consecuencias, ha llevado a colocar profesores, miembros de ETA, en las escuelas vascas, por lo que el cruel y miserable adoctrinamiento seguirá sembrando la mala semilla entre la indefensa juventud de ese pueblo. Si no se remedia, será cuestión de una generación para que el problema vasco vuelva a resurgir con toda crueldad desde sus orígenes, igual que hace cincuenta años. Aunque ahora se consiga una paz aparente, la semilla, como decimos, está germinando. Junto a esa reacción consecuente, se hace preciso potenciar la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una de las mejores del mundo, cuya operatividad está mermada hoy por la debilidad e irresponsabilidad de sus mandos políticos, o politizados.
Dentro del despilfarro autonómico, sirva de ejemplo, entre otros miles, el que afecta a los ineficientes Tribunales de la Competencia. Han llegado a ser doce. Resulta difícil creerlo, pero en diez años, han supuesto un coste de unos 60 millones de euros, han recaudado menos de 6 millones, tras la imposición de menos de 60 sanciones. Mayor ineficiencia, imposible, ni mayor despilfarro, tampoco. Muchos de ellos están regidos por gente de la política (la corrupción es mayor en empresas dirigidas por políticos, o gente que venga de esa actividad) El costo se va en altos sueldos, coches oficiales, lujos, privilegios y las bagatelas de siempre.
Pero el asunto es mucho más grave de lo que parece; el sentido común haría pensar a cualquiera que esos tribunales autonómicos son los únicos organismos que existen en España para el control de la competencia, pero, nada de eso. Resulta que desde hace más de medio siglo existe la Comisión Nacional de la Competencia (que ha tenido diversos nombres desde sus primeros pasos en 1.953) que, dependiendo del Estado Central, vigila por el estricto cumplimiento de lo que no vigilan los Tribunales Autonómicos. Resultado: sólo en el año 2.012, la Comisión Nacional de la Competencia, ha puesto sanciones por valor de casi 250 millones de euros; un sólo Organismo centralizado, eficiente, frente a unos Tribunales Autonómicos ineficientes y despilfarradores. Los vergonzosos ejemplos como éste, se cuentan por miles, y se pueden ver, a pié de calle, leyendo la prensa, viendo la televisión o escuchando la radio, para sentir, cada vez más, una honda depresión, angustia y vergüenza.
Al igual que ocurrió cuando se suprimieron las Provincias, el pueblo tampoco se quejará, es más, se alegrará y aplaudirá esta decisión, pues ahora todos los ciudadanos cuentan ya con la nefasta experiencia que han supuesto las autonomías en todos los órdenes. Si bien, y al contrario de lo que ocurrió antes, los únicos que se van a quejar son los políticos (manteniendo siempre las honrosas excepciones que existen) los líderes sindicales, y esa parte de la judicatura politizada; pondrán el grito en el cielo. Es mucho el poder, las influencias y privilegios que van a perder. Pero, en este caso, no hay que oír a los políticos, sólo hay que escuchar al pueblo, que es para quien se gobierna.
Otras medidas a considerar están relacionadas con la reducción de ayuntamientos, supresión de los liberados sindicales (los que deseen mantener los sindicatos, será por cuenta de ellos, no del pueblo) cancelación de cualquier tipo de subvención a los sindicatos, que deberán mantenerse con los recursos exclusivos de sus propios afiliados, como ocurre en todas partes. Así como supresión de las subvenciones a la Patronal. Los defensores del pueblo desaparecerían con las autonomías, como también desaparecerían las 160 embajadas autonómicas en el extranjero, donde se derrochan miles de millones de euros. Supresión de los coches oficiales, y tantísimas medidas imposibles de relacionar en esta declaración. Incluso los ahorros que puedan parecer irrelevantes, no lo son en absoluto, pues, en estos casos, y como ya se ha mencionado, los gestos son básicos, porque se trata de inculcar en los gobernantes una moral y una educación que les permita ser un ejemplo para todos, y poder, además, predicar con el mismo.
Debemos entender que los políticos, hasta que no han colmado sus necesidades en ese saco sin fondo de despilfarro generalizado y corrupción, no están dispuestos a atender las necesidades del pueblo. Es entonces cuando dicen eso de “ya se ve luz al final del túnel”, que es tanto como decir: “vamos a repartir entre el pueblo un dinero que nos ha quedado”, aunque ellos no son conscientes del alcance de esas palabras; de esos asuntos internos se ocupa directamente el subconsciente liberador de sus malas consciencias.
Actuación de una minoría independentista en Cataluña y País Vasco
Una minoría independentista en Cataluña y País Vasco, junto a una gran parte del resto del pueblo, es decir, una mayoría absoluta, pide la celebración de un referendum para manifestar sus opiniones, unos a favor, y otros en contra de la independencia, a lo cual tienen, todos juntos, pleno derecho, aunque, para ello, haya que rectificar la Constitución. Se hace precisa una fuerza razonable y justa como la que han demostrado tener los primeros ministros de Inglaterra y Canadá, para autorizar la celebración de ambas consultas en Escocia y Quebec, respectivamente. Habría que emular esa firmes decisiones que autorizaron la celebración de sendos referendums a solicitud de los independentistas, pero, sobre todo, respetando, al mismo tiempo, la voluntad del resto del pueblo, la mayoría, que también pedía un referendum para mostrar su deseo en contra de esa independencia. En Escocia, la consulta tendrá lugar este mismo año, y las encuestas están a favor de mantener la unión con Inglaterra, incluso también se muestra a favor la “rebeldía natural” de la juventud, en contra de lo que pensó en un principio la minoría soberanista (de hecho, nadie esperaba que varias encuestas recientes llevadas a cabo en algunas universidades escocesas entre estudiantes de 18 a 20 años, se saldaran con un rechazo a la independencia de un 80%) En Quebec, donde las encuestan reflejaron la misma tendencia que en Escocia, la consulta al pueblo se llevó a cabo en septiembre de 2.012, siendo rechazada la independencia con un 69% de los votos. Nuestro Gobierno, en cambio, no es capaz de ponerse por delante del problema, como corresponde a su responsabilidad de gobernar para todos, aceptando el referendum y controlando así la situación; ni la mayoría de catalanes ni vascos, desea la independencia, pero la actitud negativa del Gobierno de escuchar a esas mayorías, sólo va a causar daño a todos, y que el problema resurja una y otra vez. Nuestro Gobierno sólo escucha, y da prioridad, a los secesionistas, despreciando e ignorando a la mayoría.
El Gobierno, por tanto, no debe escudarse en la Constitución, sino modificarla, y apoyar abiertamente los dos referendums. Los gobiernos de Inglaterra y Canadá han demostrado sentido común, fuerza, eficacia y un resultado satisfactorio para la mayoría del pueblo, que es, precisamente, de lo que se trata. No se da cuenta nuestro Gobierno que rectificar la Constitución, como ya se ha dicho, es una forma de guardarla para conservarla siempre intacta y efectiva; es una forma inteligente de respetar los cambios sociales y sus evoluciones, el transcurrir del tiempo, y del ser humano. Es, por así decirlo, como un principio natural de conservación, para que todo evolucione como consecuencia de una propia transformación natural; oponerse a ello es antinatural, y su interpretación como algo inamovible, o inalterable, es un grave error que mantendrá enconado el problema soberanista eternamente. No es correcto decir que los casos citados como ejemplo, Escocia Quebec, son diferentes a los nuestros; son idénticos, toda vez que estamos hablando de personas, de sus intereses, ambiciones, egoísmos, solidaridad, inquietudes, complicidad…en definitiva, de los defectos y virtudes de los seres humanos. Todo esto está por encima de cualquier connotación histórica y de legalidades constitucionales. Pero nuestros malos gobernantes no se cansan de pretender centrar el problema en lo que no es relevante para la mayoría, como es el hecho de decir machaconamente, y todos los días, que ni Cataluña ni el País Vasco podrán subsistir en la independencia; tanto la minoría como la mayoría sabrán depositar en las urnas la valoración conjunta y congruente con su futuro.
Recuperación de Gibraltar
Este problema es el ejemplo más dramático y vergonzoso de la debilidad y miedo cerval de nuestros gobernantes durante años, y ello, teniendo, como tenemos, la razón. Los distintos gobiernos, como el actual, no han sido capaces siquiera de situar el problema en su justa medida, empezando por determinar en qué terreno nos estamos moviendo, de acuerdo con la situación real y actual del conflicto. No se puede continuar así; nuestros gobernantes deberían tener, al menos, la mínima fuerza, valor y sentido común para definir una de las dos únicas alternativas, o postura digna que existe: o iniciar los trámites para la ejecución de la sentencia de las Naciones Unidas de 1.946 que ordenó la devolución de Gibraltar, o rechazar nuestro derecho, y aceptar su pertenencia, aunque ilegal e injusta, a Inglaterra. A partir de una postura clara y definida, se podrá andar un camino firme sabiendo ya dónde estamos. La ambigüedad nos lleva a la queja continua y al pataleo, o sea, al ridículo y desprestigio internacional constantes. Recordando ahora los últimos acontecimientos recientes, ¡qué lejos quedaron aquellas palabras del Gobierno “Gibraltar español”, “Se acabó el recreo de Gibraltar”, y aquel amago de cobrar 50 euros por cruzar la verja ¡Qué vergüenza, una vez más! Ahora sí que se ha acabado el recreo y volvemos a la clase donde seguiremos recibiendo las mismas lecciones que nos vienen dando los ingleses desde hace 300 años.
Tras haber ganado ellos, una vez más, el último conflicto con Gibraltar, les hemos dado oxígeno suficiente para que sigan creciéndose, por lo que no se puede decir que el asunto sigue igual, cuando resulta que está cada vez peor; se ha reanudado el abastecimiento de bloques de hormigón a Gibraltar a través barcos procedentes ahora de Portugal, para seguir dragando el fondo marino de nuestras aguas a fin de continuar la construcción del complejo de lujo inglés. El pataleo y ambigüedad que mencionamos, se centra, en esta ocasión, en la absurda queja que el Gobierno presentó en Europa, y que se ha saldado con un mayor desprestigio para España, porque no ha conseguido absolutamente nada. Sólo será cuestión de tiempo para que España vuelva a colaborar, activa y directamente, en el engrandecimiento inglés en Gibraltar, una superficie española que va aumentando por tierra y por mar con la indiferencia de todos nuestros gobiernos; nos encontramos ante lo que siempre se ha llamado, porque así es, la “vergüenza nacional”. Hoy, ya no se oye hablar de Gibraltar. Hemos vuelto a bajar la guardia. Pero volveremos a hacerlo para seguir afianzando la posesión británica.
No podemos culpar de este conflicto a los ingleses, sino única y exclusivamente a los españoles, es decir, a los sucesivos gobiernos que sólo han hecho amagos de acercamiento al problema, para, seguidamente, salir huyendo y olvidarlo, en todas las ocasiones. Todos los pronunciamientos oficiales han dado siempre la razón a España, sobre todo, como hemos mencionado, el Mandato de las Naciones Unidas del año 1.946, tomado por referendum, que pedía a Inglaterra la devolución del Peñón a su legítimo dueño, España. Pensemos, por un momento, que la situación se hubiera desarrollado al revés, es decir, que en el año 1.703, hubiera sido una flota española, no británica, la que se hubiera posesionado de una plaza británica al sur de Inglaterra, concurriendo idénticas circunstancias de población, superficie, razones históricas, etc. No existe hoy quien pueda creer que esa Plaza conquistada por España en Inglaterra hace 300 años, siguiera hoy siendo española. Los ingleses, cuando no tienen la razón sobre algo, usan la mera posesión como un principio del Derecho, es decir, como si fuera Ley, ante la impasible debilidad conocida de los sucesivos gobiernos españoles.
Cuando se presenta un conflicto entre dos partes hay que seguir siempre unas pautas de actuación; hay que empezar intentando la solución amistosa por medio del diálogo; si no prospera, hay que presentar una demanda. Con la sentencia en la mano, y si la parte condenada se niega a cumplirla, hay que volver a dialogar para convencerla. Si aún así, se niega, no queda más que solicitar, en la forma que proceda de acuerdo al caso, la ejecución de la sentencia. Así han actuado nuestros gobiernos, hasta que tuvieron la sentencia favorable en sus manos. A partir de ese instante, fueron reducidos por la fuerza que mostraron los ingleses, al extremo de que nuestro débil Gobierno sigue desenfocando la situación pidiendo diálogo con Inglaterra; eso no tiene sentido, cuando lo que procede es olvidar a Inglaterra, e iniciar la ejecución de una clara Sentencia. El momento que correspondió al diálogo, está ya superado; España pasó por esa fase después de cientos de diálogos, en los que Inglaterra respondía con argumentos absurdos o que no guardaban relación con el Contencioso. Tienen un arte envidiable para mantenerse al margen del problema que han creado, como si no fuera con ellos, tratando siempre de buscar terceros sobre los que recaiga la responsabilidad que corresponde al verdadero y único responsable.
Veinte años después del Mandato de las Naciones Unidas de 1.946, el delegado adjunto en la ONU, Jaime de Piniés, se quejaba en ese Organismo de las dificultades que ponía Inglaterra para la descolonización, aduciendo siempre los ingleses razones absurdas, sin argumentos, y sin guardar relación con la posesión ilegal del terreno. Explicaba a su colega británico, en nombre del entonces ministro de Exteriores, Fernando María Castiella, que: “Mi Gobierno reconoce a los gibraltareños los máximos derechos que puede tener cualquier agrupación humana, salvo el de disponer de un trozo de suelo español”. Ese mismo día, 12 de julio de 1.966, Londres aprovechó la ocasión para ampliar en un kilómetro cuadrado su usurpación para la construcción del Aeropuerto de Gibraltar, declarándose soberana de un nuevo trozo de territorio español. No se tomó ninguna medida contra la construcción del aeropuerto de Gibraltar emplazado en suelo de soberanía española, ya que se pretendía dar prioridad a la descolonización, pues lo demás, se contemplaría en su momento; lo contrario a lo que hacemos ahora, es decir, preocuparnos de los bloques de hormigón, en vez de priorizar la ejecución del acuerdo de descolonización.
El Sr. Piniés dejó clara la propuesta española: “Que ambos países inicien, sin demora, la negociación del Estatuto que deberá proteger los intereses de los residentes del territorio de Gibraltar, una vez se haya procedido a la cancelación de la situación colonial. Dicho Estatuto será registrado en las Naciones Unidas“. Los ingleses manifestaron que estudiarían la propuesta, para, al final, como siempre, decir que no. Existe también una Resolución del Comité de los Veinticuatro de las Naciones Unidas del día 17 de noviembre de 1.966, diciendo que “no debe retrasarse la terminación de la situación colonial de Gibraltar”.
Volviendo a la situación general de esta exposición, debemos decir que no tenemos un pensamiento extremista sobre nada de lo que aquí se expone, sino racional, flexible y consecuente con los hechos, y nada de lo que se expone en esta declaración, se puede entender como radical, de derecha, o de izquierda. Hay que entender que la situación que vivimos es radical, crítica, extrema, y, consecuentemente, las soluciones tienen que estar a la altura de la magnitud del problema, pero siempre posibles y dentro de la más estricta razón y sentido común. A pesar de la crisis mundial, la mala situación específica que vive España no se puede achacar a Europa, al Banco Central Europeo, a los mercados, ni absolutamente a nadie, sólo, y exclusivamente, a nuestros débiles y corruptos políticos (insisto en las excepciones) en definitiva, a nosotros mismos. En general, los políticos, jamás, serían capaces de adoptar ninguna de las medidas aquí mencionadas; es mucho lo que tienen que perder desde sus vacíos asientos. Esto es exactamente igual que cuando el servicio de una casa desempeña mal su trabajo: se le despide. No hay mejor casa en España que la que pertenece a todos sus ciudadanos, y en la que hemos confiado y contratado un servicio que ha resultado desleal, unos por acción y el resto por omisión. Se justifican sus deslealtades, se las premian entre ellos, se conceden privilegios, lujos y distinciones. Tienen sus abogados, en las más altas esferas de la Judicatura, que les defienden de sus abusos. Aunque haya alternancia dentro de ese “servicio doméstico”, el resultado no mejora, sino que va a peor.
No puede prosperar lo que se ha construido sobre una base viciada por el mismo servicio, y que es intocable porque afectaría a sus propios intereses. El problema no se soluciona contratando nuevo servicio, porque está ya inmerso en un círculo vicioso. Ante la pérdida de confianza, la única alternativa es que el propio amo se ocupe directamente de su casa. En otros países civilizados el servicio funciona, en España no. No queda más remedio que despedir al servicio que hemos contratado, y, por supuesto, sin derecho alguno a seguir cobrando de por vida los sueldos que tenían.
Por los motivos expuestos, se hacía necesario, como se ha dicho, iniciar un movimiento desde el propio pueblo que presentara un programa racional de gobierno, al margen de la Política que, poco a poco, tenga la posibilidad de colaborar en lo que todos el españoles ansiamos: sacar a España de la crisis cuanto antes y para siempre, renovar la lealtad que los gobernantes deben al pueblo que los nombra y les paga, elegirlos preparados, fuertes y responsables, y, aún sabiendo que no volveremos a ser un país protector como fuimos durante siglos (ni falta que hace) dejar de ser, al menos, un país protegido, arruinado y siguiendo siempre las pautas que nos marcan desde fuera como consecuencia de la manifiesta debilidad y deslealtad de nuestros representantes.
Acción Cívica Nacional podrá ver la luz desde la base de la ciudadanía, y al margen de ideologías políticas, aún admitiendo que siempre tenemos, al menos, una ligera tendencia a uno u otro lado, propia de la educación recibida, formación, influencia social, pero siempre posible de sublimar si ponemos por encima de ellas el valor de la palabra, y la lealtad debida a quien nos da su confianza, y nos paga, para limpiar y mantener limpia la casa. Esperamos, de esta forma, y con el tiempo, una suficiente representación nacional, a fin de colaborar en un mejor gobierno de España.
Los componentes de Acción Cívica Nacional que mañana tuvieran responsabilidades con derecho a un sueldo, mantendrán el emolumento que se estipule, exclusivamente, durante el tiempo que dure la representación que ostente, sea cual sea. Una vez cumplida su labor, dejarán de percibir la asignación que les correspondía, pudiendo acogerse, bien a los beneficios del Paro, si procede, o a la Jubilación que le corresponda, como a cualquier otro trabajador. No existirá ningún tipo de privilegio de la larga lista que se expone en esta declaración, a excepción de los gastos necesarios inherentes al desempeño directo del cargo. Sus componentes no estarán protegidos por aforamiento de ninguna clase que no sean los derechos que asisten a todos los ciudadanos; recordemos, a estos efectos, un triste ejemplo de inmoralidad legal, cuando en junio de 2.012, el Congreso de los Diputados rechazó la admisión a trámite de una iniciativa popular, firmada por más de medio millón de ciudadanos, que pedía la eliminación de las prebendas de la clase política una vez que cesaran en sus cargos, a fin de ser tratados como el resto de los ciudadanos. Lo rechazaron amparándose en la Constitución, que, obviamente, ha sido confeccionada por ellos mismos. No tuvieron suficiente moral para ampararse en sus conciencias.
No podría haber mejor comienzo para Acción Cívica Nacional que contar con la confianza de esos seis millones de ciudadanos que hoy engrosan la injusta lista del paro (la cifra inferior que se baraja, no es correcta) Entre ellos, sin duda, se encuentran las personas necesarias que estarían dispuestas a representar y defender al resto de conciudadanos, y sacar adelante a esta gran Comunidad de Propietarios que es España. Tendrían un sueldo digno, y nada más. Entenderían que el dinero del contribuyente no se puede utilizar para que sus representantes tengan una vida de lujo. Y el resto del pueblo, cansado de pagar tanto servicio ingrato, y seguir pagando, incluso, después de sus despidos o ceses, se irá sumando, poco a poco, a esta causa, que es la suya propia. La causa de todos.
