El sobrepeso es un grave problema de salud y las personas que lo padecen están expuestas a numerosos riesgos de tipo coronario, óseo o metabólico, aparte de los negativos efectos estéticos. Todos hemos visto a esas enormes moles de grasa que resoplan al subir una escalera, se congestionan al salir de un coche o sudan copiosamente al mínimo esfuerzo y hemos sentido compasión por su incapacidad de desarrollar una actividad normal. Su esperanza de vida es más corta, sufren complejos y en general la calidad de su existencia dista de ser satisfactoria. Pues bien, esta patología también afecta a los Estados cuando su estructura institucional y administrativa está hinchada y es demasiado compleja y, en consecuencia, su déficit y su endeudamiento son excesivos y se prolongan en el tiempo.
España está aquejada de un serio desequilibrio de sus cuentas públicas que parece casi imposible de corregir y eso la obliga a caminar y a moverse lastrada por un fardo que la hace ineficiente y torpe. El déficit correspondiente a 2013 estaba programado para no superar el 6.5% del PIB y se sabe ya que rebasará esta cuota en algunas décimas. En otras palabras, que el Gobierno no ha podido controlar el gasto en la medida requerida para alcanzar los objetivos marcados por Bruselas. Pero lo peor no es el incumplimiento del ejercicio pasado, sino que la Comisión Europea prevé exactamente el mismo volumen de exceso de gasto para 2015, lo que indica que no cree posible parar el endeudamiento creciente de España a corto plazo. Hace pocos días una docena de presidentes de las mayores empresas del país cubriendo un amplio espectro de sectores, banca, energía, construcción, comercio mayorista, automoción, comunicaciones, insistían en la absoluta necesidad de reformar a fondo las Administraciones con el fin de rebajar los recursos en manos del Estado y bajar los impuestos, sobre todo los directos. La urgencia de un adelgazamiento y una simplificación de nuestro entramado estatal es un clamor desde hace mucho tiempo, pero los partidos establecidos no se dan por enterados. El recientemente fallecido David Taguas, nada sospechoso de fundamentalismo liberal, recomendaba encarecidamente una rápida reducción de siete puntos del porcentaje del sector público en el PIB para aliviar la carga fiscal sobre particulares y empresas y permitir el ahorro y la subsiguiente inversión. Taguas, al igual que otros expertos de reconocida solvencia, había llegado a la conclusión de que nuestro problema era la falta de ahorro y no la debilidad del consumo, aunque tampoco en este elemento crucial el Gobierno ha hecho el diagnóstico correcto. En suma, que no es cuestión de dieta, es hora de entrar en el quirófano.
