Cuando Mercedes Alaya empezó a tirar del hilo que le llevó al ovillo del escándalo de los ERE, el fraude de los cursos de formación y las facturas falsas de UGT, fue consciente de que tenía entre manos el mayor caso de corrupción y desvío de dinero público de nuestra democracia. Bueno, el mayor hasta que las investigaciones de la UDEF sobre el caso Pujol han amenazado con arrebatarle el primer puesto en el ránking.
La propia Junta de Andalucía ha admitido ya un agujero cercano a los cien millones de euros tras haber revisado sólo la mitad de los expedientes. En el capítulo correspondiente a los ERE fraudulentos, hay 8.737 casos, de los que se han analizado 4.565, determinándose 781 expedientes de reintegro, por los que se reclama en firme la devolución de más de 93 millones de euros en subvenciones. Se trata de dinero que la Junta de Andalucía entregó de manera irregular a empresas, ayuntamientos y a los sindicatos, especialmente a UGT. Por el momento, la Junta sólo ha recuperado 1,2 millones de euros, pero la jueza Alaya considera que el fraude puede elevarse a más de 850 millones. Se trata de una cantidad realmente espectacular que únicamente podría quedar eclipsada si se confirma que, en el asunto de los Pujol, la cosa puede ascender a los 1.800 millones de euros escondidos en paraísos fiscales. Cifras de auténtico vértigo.
Pero lo divertido del caso -si es que podemos hablar de cosas graciosas en cuestiones de corruptelas en las que otros se reparten nuestro dinero- es que algunos de los que se lo llevaron calentito le echan la culpa a otro, a quien colabora con la justicia o a quienes les dieron la pasta. Igual que Pujol quiere denunciar al banco andorrano por revelar sus secretillos, UGT de Andalucía amenaza a la Junta con querellas por no haber revisado adecuadamente esas subvenciones que le otorgó de manera irregular.
Y para colmo, los dirigentes del sindicato, con unas maneras más propias de la rabieta de un niño, protestan porque ellos no fueron los únicos que se beneficiaron de la corruptela y tratan de poner en marcha el ventilador, de tal manera que el detritus quede repartido entre varias organizaciones, en un afán de disimular sus culpas. Vamos, como Jaimito que, cuando le castigan por tirar piedras a un nido, se escuda diciendo: “¿Y qué pasa con Pedrito, que ha tirado más piedras que yo?”.
Entre el caso Pujol, que ha venido a demostrar que no era Madrid quien robaba a los catalanes, y el escándalo de los ERE, donde se está destapando una gigantesca trama de corrupción que puede salpicar a las más altas instancias de la Junta de Andalucía, sumamos miles de millones de euros de dinero público desviado, malversado y repartido entre unos cuantos, mientras los demás seguimos pagando religiosamente nuestros impuestos.
Y únicamente estamos hablando de dos casos. Si añadimos los más de seiscientos que podemos reunir entre los detectados en diversos partidos e instituciones, llegamos a la conclusión de que este mal endémico que padece España requiere de una solución urgente y ejemplarizante.
