El Gobierno ha prometido bajar los impuestos en 2015, año de elecciones, tanto municipales y autonómicas como generales.
Si gana las próximas elecciones el PP, el ejecutivo de Rajoy tendrá vía libre en 2016 para seguir recortando prestaciones y servicios a los ciudadanos. Y para volver a subir los impuestos.
Este es el juego de las promesas electorales. Y por mediación del mismo, la partitocracia ha engañado a los españoles desde 1982.
El significado de democracia para el PP-PSOE se limita al derecho que tienen los ciudadanos a votar cada cuatro años. Y los españoles se han percatado, después de más de tres décadas de embustes y corruptelas, que a estos dos partidos, de momento, mayoritarios, lo único que les importa es ganar las elecciones y ejercer dictatorialmente el poder,
El PP ha subido los impuestos en esta legislatura por encima del nivel impositivo recomendado por IU en su último programa electoral. No obstante y según la teoría del Gobierno, en 2015 se podrán bajar los impuestos en España, puesto que el crecimiento de nuestra economía lo permitirá.
¿Funcionará el reclamo electoral basado en el esperado crecimiento económico de España? La recuperación económica de nuestro país se está convirtiendo en una “leyenda rajoyesca”. Tanto es así que las arruinadas familias, pymes y autónomos españoles, que no están dentro del círculo de influencia de los dos partidos políticos más relevantes, tienen complicado impulsar el consumo. De hecho, los ahorros, vitales para la subsistencia durante estos últimos años de expolio fiscal y precariedad laboral, se han evaporado. Y la renta disponible no despega.
La realidad es que la ansiada recuperación de la economía española no está garantizada, al contrario de lo que repite una y otra vez Rajoy, con los “parches”, disfrazados de reformas estructurales, realizados por el Gobierno.
En este sentido, Dragui ha avisado a los países de la zona euro en relación a las últimas medidas adoptadas por el BCE, y les ha hecho saber que las mismas no serán eficaces si no vienen acompañadas del desarrollo de reformas internas de tipo estructural.
Pero en el caso de España, ninguna reforma estructural será suficiente mientras no se regenere nuestro corrupto sistema político. Esta es la clave para que la economía española se recupere. Porque la solución a los problemas económicos de España es de índole político.
Mientras la economía productiva esté al servicio de los dos principales partidos políticos y de los dos sindicatos de clase, no habrá recuperación económica.
Mientras la subvencionada casta político-sindical (prescindible en su mayor parte) parasite y, por tanto, viva cómodamente a costa de convertir a las familias, las pymes y los autónomos en los esclavos fiscales del SXXI, no habrá recuperación económica.
Mientras que para ganar un contrato con la Administración sea necesario pagar una “mordida” al político de turno, no habrá recuperación económica.
Mientras que tener la condición de “cliente económico-político” del partido en el poder, o llamarse UGT-CC.OO., sea el único requisito exigido para recibir una subvención pública, no habrá recuperación económica.
Mientras siga habiendo cientos de miles de empleados públicos sin oposición (enchufados por el PP-PSOE), no habrá recuperación económica.
Mientras que para un joven español sea más rentable afiliarse a Nuevas Generaciones-PP o a Juventudes Socialistas-PSOE (al objeto de vivir de la política toda la vida), que prepararse académica y profesionalmente, no habrá recuperación económica.
Mientras la Justicia siga secuestrada por el PP-PSOE, no habrá recuperación económica. Etc.
Para regenerar nuestro sistema, es necesario en primer lugar reconocer el fracaso del Régimen del 78 y del modelo de Estado autonómico derivado del mismo. Aunque, todo ello, implicaría la renuncia a determinados privilegios que ningún político heredero de la Transición aceptaría.
El acuerdo regenerador que prepara el PP-PSOE es puro maquillaje.
La oligarquía político-sindical (y su socio, la élite financiera), causante de la crisis económica española, vía corrupción, malversación y politización de la Administración y de la Justicia, pretenden que los damnificados de la misma, es decir, los ciudadanos, sigan pagando la fiesta.
¿Esta es la realidad que quiere ocultar el Gobierno anunciando una recuperación económica todavía imperceptible para los españoles?
