El pasado 29 de marzo, el portavoz parlamentario de la antigua Convergencia, Francesc Homs, perdió su condición de diputado por sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilitó por trece meses por su participación, desobedeciendo el mandato del Tribunal Constitucional, en el referéndum independentista del 9-N.
Una vez más, de sus palabras se interpreta o que no se ha enterado de nada, o que es un manipulador de tercera. De la misma manera que no se le condena por sacar urnas a la calle, sino por desobedecer al Tribunal Constitucional, tampoco “se inaugura un camino en el Estado español en el que tener algunas ideas conlleva consecuencias penales” como él mismo ha declarado antes de abandonar el Congreso. Lo que se ha hecho es lo habitual, en los estados de derecho, de que el que se salta la ley, comete un delito y debe ser condenado por ello.
El exdiputado, que parece sigue sin enterarse, ha añadido que “no se trata de que se expulse a un diputado, sino que se está expulsando a miles y miles de catalanes que depositaron su confianza en mi persona”. Su grupo parlamentario propondrá el siguiente de la lista, que se presentó cerrada, y aquí paz y después gloria.
No entiendo nada. El señor Homs no es un mártir. Es un delincuente, que ha mal representado a los que le votaron, que se ha saltado la legalidad y que ha sido condenado por ello. Como infractor de la Ley no es digno de representar a nadie en el Congreso. ¿Tan difícil es entender esto? ¿Alguien me lo explica?
