«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

La estremecedora realidad del aborto en España, en datos

Imagen de un bebé agarrando la mano de su madre

Más de 250 abortos al día, madres que han abortado seis veces… y todo en un contexto de grave crisis demográfica, envejecimiento galopante de la población y con la ausencia de políticas decididas para afrontar el problema.


Un total de 93.131 abortos voluntarios se realizaron en España en los centros que notificaron datos en 2016, según los datos del Ministerio de Sanidad recogidos por el usuario @absolutexe en la red social Twitter. Un dato estremecedor de la «cultura de la muerte» impulsada a través de la Ley Aído, que establece el aborto libre hasta las 14 semanas.
La tasa se sitúa en el 10,36 por 1.000 mujeres entre 15 y 44 años. Comunidades Autónomas como Madrid, Cataluña, Baleares o Asturias se sitúan por encima de la media. En la parte baja están Ceuta y Melilla, Castilla y León, La Rioja y Extremadura.

De los 93.131 abortos, más de 255 al día, casi 65.000 se realizaron en la semana 8 o antes; 22.407 entre la semana 9 y la 14; 5.533 entre la 15 y la 22; y 216 con 23 semanas o más. Casi 800 mujeres han abortado seis veces o más, lo que pone de manifiesto que se está viendo como un método anticonceptivo.
Desgranando los datos cabe señalar que 58.158 mujeres realizaron su primer aborto; 23.049, el segundo; 7.718, el tercero; 2.514, el cuarto; 896, el quinto y 796 el sexto o más. 83.507 -el 90%- fueron a petición de la mujer (madre) y solo 315 por anomalías fetales incompatibles con la vida.


El informe señala que la mayoría habrían sido primerizas ya que 42.520 mujeres no tenían ningún hijo en el momento de abortar. Según el nivel de estudios, 1.500 eran analfabetas; 15.132 tenían hasta sexto de Primaria; 35.581 contaban con la Enseñanza Secundaria Obligatoria; 25.466 con Bachillerato y Formación Profesional equivalente y 13.814 eran universitarias. En 548 casos el nivel no es clasificable y en 1.090 no consta. Respecto a la ocupación, más de la mitad -48.234- eran empleadas por cuanta ajena; 21.558 no tenían empleo y 11.771 eran estudiantes.
10.185 abortos se realizaron en centros hospitalarios y 82.946 en centros extrahospitalarios (ambulatorios, centros de salud…). En el primer caso, 4.176 fueron en la Seguridad Social -pagados por todos- y 6.009 en centros privados. En el segundo, la diferencia se acrecentó -6.751 en centros públicos y 76.195 en la sanidad privada-.
Cabe recordar que el PP, que incumplió su programa electoral no derogando una «ley injusta» que sigue recurrida ante el Tribunal Constitucional -que no se ha pronunciado en ocho años- y que solo llevó a cabo una «minireforma» -tildada de «burla» por las asociaciones provida- al eliminar la potestad de las menores de 16 y 17 años para poder abortar sin permiso paterno, apoyó en mayo del pasado año un texto en el Senado en el que se llamaba «a garantizar el aborto en todos los servicios de salud de las comunidades autónomas como una prestación y un derecho con garantías de equidad» y desarrollar una norma que prohíba que las mujeres tengan que pagar para acceder a ese «derecho».

Un contexto de crisis demográfica

El aborto lo tenemos que situar en un contexto de grave crisis demográfica. Nuestro país sufre una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y un envejecimiento galopante sin políticas decididas para afrontar el problema. En el primer semestre de 2017 -último dato oficial conocido- se continuó con la tendencia registrada en los dos últimos años de menos nacimientos y más defunciones. Entre enero y junio nacieron 187.703 personas -un 6,3 % menos que en el mismo período del año anterior- y murieron 219.835 -un 4,5 % más-, según datos de Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman el saldo negativo en el crecimiento vegetativo de la población en 32.132 personas durante la primera mitad del año pasado.
Esta cifra es más desfavorable que la del mismo período de 2016, en el que la diferencia entre nacimientos y muertes fue negativa en 10.145 personas. Los expertos alertan de que con el aumento de la esperanza de vida y la natalidad a la baja está en peligro entre otros asuntos la continuidad del Sistema Público de Pensiones.
Rocío Monasterio, responsable de asuntos sociales de VOX, reclama una política fiscal favorable a las familias, y que el Estado fomente la natalidad y apoye a la mujer embarazada. «Esto no es de derechas ni de izquierdas sino que nos afecta a todos», dice, antes de asegurar que el PP es «un partido proabortista más». «El aborto no es un derecho, sino el fracaso de cualquier sociedad del siglo XXI. En VOX defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural de la persona. Es el primero de los derechos, sin el cual resultan superfluos todos los demás, la igualdad empieza ahí», finaliza.
El Instituto de Política Familiar (IPF), una organización provida, ya publicó una investigación en el que denunciaba que entre 1895 y 2015 se produjeron 2.103.430 abortos en España, «una cifra superior a la población conjunta de las Comunidades de Navarra, La Rioja y Cantabria» y que por desgracia hace que seamos el tercer país de Europa con mayor número de abortos -solo por detrás de Francia y Reino Unido-.
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