Giorgia Meloni plantea introducir la «renta de maternidad» tras acabar con la «renta ciudadana». La propuesta, impulsada por la formación Forza Italia y anticipada por Maurizio Gasparri, líder del grupo de senadores de FI, ofrece una ayuda de 1.000 euros mensuales a mujeres que decidan no interrumpir su embarazo por razones económicas.
El proyecto de ley, que se presentará la próxima semana, consta de solo dos artículos. Estos proponen un pago mensual de 1.000 euros durante cinco años a las mujeres que se abstengan de abortar debido a dificultades económicas. Para acceder a esta ayuda, las solicitantes deben tener un ISEE inferior a 15.000 euros anuales y ser ciudadanas italianas residentes en Italia. La financiación de esta iniciativa provendría de un fondo de 600 millones de euros del Ministerio de Economía.
El proyecto también establece que los centros de asesoramiento y las estructuras sociosanitarias, además de garantizar los controles médicos necesarios, deben ayudar a las mujeres a encontrar soluciones a los problemas económicos o sociales que las llevarían a considerar el aborto. El objetivo principal de la propuesta es «mejorar la condición económica de las mujeres».
Actualmente, las leyes italianas ya ofrecen diversas bonificaciones y apoyos para las parejas que desean tener hijos. Sin embargo, según Gasparri (Forza Italia), estas medidas no son suficientes para frenar los abortos motivados por dificultades económicas y sociales. Por ello, considera necesario movilizar más recursos y encontrar nuevas soluciones de apoyo.
La propuesta ha generado controversia, reavivando el debate sobre la ley 194, especialmente después de que el gobierno de Meloni autorizara la presencia de asociaciones provida en los centros de orientación. La senadora del Partido Demócrata, Cecilia D’Elia, calificó la propuesta como «pura propaganda dirigida a las mujeres», criticando la abolición de la renta ciudadana. Alessandra Maiorino, del M5S, también expresó su oposición, argumentando que la eliminación de la renta ciudadana ha llevado a seis millones de personas a la pobreza extrema en Italia y acusando a Gasparri de intentar «comprar el derecho de las mujeres a la autodeterminación».
