El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la reforma del Reglamento del Parlamento catalán con la que la Generalidad pretende tramitar de forma exprés el referéndum del 1 de octubre y ha apercibido a los miembros de la Mesa de que aplicarla acarrearía responsabilidades, incluso penales.
Los magistrados, reunidos este lunes durante apenas 45 minutos, han acordado por unanimidad admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el artículo 135.2 de esa reforma, lo que conlleva automáticamente la suspensión de la norma mientras se pronuncian sobre el fondo del asunto, para lo que tienen un plazo de cinco meses.
El Constitucional también ha apercibido a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, a los otros seis miembros de la Mesa, al letrado mayor y al secretario general de la Cámara, a quienes expresamente prohíbe la tramitación de una proposición de ley por el procedimiento de lectura única (como establece la reforma impugnada) y les advierte de las eventuales responsabilidades, incluidas las penales, en las que pueden incurrir si desobedecen.
El Tribunal, como solicitó el Gobierno, acuerda la notificación personal de la resolución a todos ellos y les recuerda su «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada».
Puigdemont dice estar dispuesto a entrar en prisión
El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha afirmado que está dispuesto a aceptar «todas las consecuencias», incluso ir a prisión, antes que ceder en el referéndum, al tiempo que ha instado al Estado a dirigir todas las acciones legales contra él, en lugar de hacia empleados del Gobierno catalán.
«Si estoy asumiendo la máxima responsabilidad en un proceso que tiene todas esas dificultades, obviamente tengo que aceptar todas las consecuencias», ha afirmado Puigdemont en una entrevista concedida a Bloomberg.
El presidente catalán considera, no obstante, que «la mejor manera de garantizar que no vaya a prisión es que tenga éxito» el proceso separatista y el referéndum del 1 de octubre.
Con el trasfondo de los interrogatorios de la Guardia Civil a altos cargos de la Generalidad, Puigdemont ha instado asimismo al Estado a centrar su acción en los líderes políticos y no en los cargos del Ejecutivo regional.
«El personal, los funcionarios de medio rango, sólo siguen las órdenes que les dan los políticos», ha resaltado Puigdemont.
El presidente catalán ha destacado que «sólo ha habido amenazas y ni una sola propuesta» por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, al que ha lanzado un mensaje: «Deberían estar atentos el 1 de octubre, no pueden decir que no les alertamos».
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