En algo más de una década, 456 pacientes – y muy probablemente 200 más – fenecieron después de recibir medicamentos analgésicos que no requerían.
En los últimos años, Reino Unido se ha visto involucrado en ingentes controversias médicas – por no llamarlas ‘atrocidades’ – que han ido menoscabando su imagen exterior. Especialmente sonados fueron los luctuosos casos de Charlie Gard y Alfie Evans, dos niños con enfermedades graves a los que el Estado británico sentenció a muerte contra la voluntad de sus padres (privándolos de la posibilidad de salir del país en busca de un tratamiento eficaz).
En este contexto, se ha publicado una investigación que revela que un hospital perteneciente al servicio público de salud británico – el Gostport War Memorial Hospital – mató en algo más una década a cientos de pacientes por sobredosis de opiáceos. Así, entre 1989 y 2001, 456 personas – y muy probablemente 200 más – fenecieron después de recibir medicamentos analgésicos que no requerían.
A pesar de que el documento señale a la hogaño retirada doctora Jane Barton como la principal responsable de los asesinatos, también apunta a la existencia de una verdadera cultura de la eutanasia en el centro médico. Una cultura que no sólo condicionaba el trato a los pacientes, sino también a los trabajadores (médicos, enfermeras, personal de administración…)
Este informe es fruto del esfuerzo del Gosport Independent Panel, creado en 2014. Durante este tiempo, ha contrastado miles de pruebas y entrevistado a las familias de los 2.024 pacientes que durmieron en el hospital entre 1987 y 2001. En el transcurso de sus averiguaciones, los investigadores repararon es que un cuarto de los archivos correspondientes a estos fallecidos habían desaparecido.
Despreocupación por la vida humana
En este sentido, la investigación alcanza dos conclusiones fundamentales: por un lado, que hubo en estos años una marcada indiferencia hacia la vida humana y una tendencia a acortar aviesamente la vida de los pacientes; y, por otro lado, que existía un régimen institucionalizado de prescripción y administración de ‘dosis peligrosas’ de medicamentos clínicamente injustificados.
Cuando los familiares cuestionaban en tono de protesta la seguridad de los pacientes y lo adecuado del tratamiento que se les suministrada, eran ignorados por las autoridades (tanto a nivel individual como a nivel institucional).
La administración del hospital, diversas organizaciones de salud, la policía, el Crown Prosecution Service y el Consejo Médico General se revelaron incapaces de actuar con presteza y contundencia. De este modo, reza el informe, subordinó las preocupaciones de los familiares y los allegados a la necesidad de preservar la reputación del hospital y de sus profesionales.
En cualquier caso, no sólo las familias alzaron la voz. También lo hicieron algunas enfermeras del hospital, quienes en 1991 comenzaron a expresar sus sospechas referidas al trato dispensado a algunos pacientes.
En un clima general de desprecio a la vida humana, cuyo valor ya no radica sino exclusivamente en su rentabilidad económica, lo desconcertante es que no se descubran más prácticas como las de este hospital británico.
