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Forcadell sigue desafiando: ‘No pienso hacer de censora en el Parlament’

R. Moreno
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El Gobierno sigue dispuesto a hablar, a pesar de que no cesan las provocaciones del separatismo.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado este martes que el Tribunal Constitucional -que recientemente ha suspendido el referéndum separatista- "no amenaza a nadie" con sus resoluciones, sino que ejerce sus competencias y, por ello, "no es razonable" que responsables políticos catalanes acusen al Gobierno de "usar" el alto tribunal a su conveniencia.

"Nadie usa el Tribunal Constitucional. Hay una ley orgánica que contempla quién puede acudir a él y a nadie le parece mal cuando el Gobierno de la Generalitat impugna decisiones del Gobierno", ha defendido Catalá. Además, ha dichoque con Cataluña el diálogo debe ser "recíproco". "No es decir esto va a pasar sí o sí", ha dicho, en referencia a las pretensiones del Govern de celebrar un referéndum, porque este punto no se cumplir según la Constitución.

Catalá ha enfatizado que el Gobierno está dispuesto a hablar de las 45 reclamaciones planteadas desde la Generalitat, a excepción del referéndum de secesión, porque " aunque nos parezca mejor o peor, no se puede. La Constitución lo dice".

Lo cierto es que el Gobierno sigue con la 'operación diálogo' pese a que el president catalán, Carles Puigdemont, ya ha dicho bien claro que está dispuesto a "ir a la cárcel" por referéndum, y que lo mantiene, como la 'cumbre'. 

Por su parte, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell -investigada por prevaricación y desobediencia- ha advertido este martes de que no piensa hacer de "censora" ni frenar resoluciones parlamentarias separatistas, a pesar de las "intimidaciones" del Estado.

Se ha pronunciado así después de que los siete miembros de la Mesa del Parlament, de manos de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hayan recibido la notificación y apercibimiento del TC por la aprobación en octubre de una resolución de Junts pel Sí y la CUP sobre el referéndum. "Pese a los requerimientos y las intimidaciones, los miembros de la Mesa cumpliremos escrupulosamente con nuestro deber de garantizar el debate parlamentario. Nuestra función es favorecer el debate, no coartarlo", ha zanjado. 

Además, este martes, la Mesa del Parlament ha rechazado iniciar los trámites para sancionar a los diputados de la CUP que rompieron fotos del Rey en la Cámara catalana, tal como habían solicitado C's y el PPC, con el argumento de que esta acción se enmarca "dentro de la libertad de expresión".

En fin, ya lo ha dicho en LA GACETA Juan Arza, abanderado de la causa antisecesionista: "A cualquier gesto amistoso, los separatistas responden con una bofetada”, "la tolerancia ante los nacionalistas sólo obtiene más deslealtad”.

Hartos de esta situación, cada vez más personalidades y plataformas civiles alzan la voz para reclamar al Gobierno mano dura contra el separatismo, aunque también se lo piden por carta, como Dolça Catalunya.

Le exigen la aplicación del artículo 155 de forma inmediata. Así lo pide, por ejemplo, Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, que afirma que "si los secesionistas siguen manos a la obra para intentar proclamar la República independiente es porque les sale gratis”.

También lo cree así el líder de VOX en Barcelona, Carlos Garcés, que denuncia que “los secesionistas están perpetrando un golpe de Estado con la pasividad cobarde del Gobierno del PP y del resto de partidos que se dicen constitucionalistas”. 

Y también, el eurodiputado Enrique Calvet, que critica que lo de dialogar con Cataluña es lo que llevamos haciendo 30 años, pero lo de aplicar la ley, nunca"Se pisotean los derechos civiles básicos con las peores prácticas intimidatorias y amedrentadoras, y se destroza la niñez y el futuro incumpliendo la ley", manifiesta indignado Calvet, al tiempo que subraya: "Los españoles no podemos quedar impasibles". 

Este eurodiputado exige a Rajoy que pare este ‘golpe de Estado’ con el artículo 155, la aplicación de las leyes y el FLA. Le recuerda que "cada día que pasa sin aplicarse el 155, hay menos democracia en España".

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