Todos los años sobre estas fechas se repite el mismo mantra por parte de políticos y ecologistas: España se deseca, España muere de inanición, condenada a sufrir los avatares del clima sin que nada se pueda hacer. Como otros tantos mensajes apocalípticos, estos también son mentira. En España la sequía de determinadas zonas más áridas es evitable si se acaba con la lucha autonómica en la que se mezclan intereses electorales y económicos.
En 2001 se proyectó el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que incluía el trasvase del Ebro hacia las cuencas mediterráneas y andaluzas más necesitadas y que, al mismo tiempo, son consideradas la «huerta de España» y también de parte de Europa. Es decir, no sólo se propuso como una manera de colaboración y de cumplimiento de servicios hídricos fundamentales para la población, sino también como sustento para una gran parte de la economía de estas regiones y, por tanto, de todo el país.
El proyecto, que hubiera costado unos 4.000 millones de euros, no pasó de la primera piedra simbólica en Almería de un trasvase que cruzaría las tierras de Tarragona, Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. En 2004, gracias al vuelco electoral producido por los atentados del 11M y la llegada del socialista José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa, se canceló el PHN con carácter urgente. La razón: contentar a los separatistas que consideraban el agua del Ebro como parte de la Cataluña soberana. Pero no fueron los únicos que se contentaron con la medida. El Partido Popular de Aragón, que había perdido su poder por esta decisión, vio con buenos ojos que se acabara con el plan para retomar el gobierno regional más pronto que tarde, como así ocurrió con Luisa Fernanda Rudi, actual senadora.
Lo que sí llevó a cabo el gobierno del PSOE fue otro trasvase, el del Tajo-Segura mediante un pacto entre el por aquel entonces ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y los gobiernos de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia. Este acuerdo resucitó los miedos de un nuevo intento del trasvase del Ebro, que nunca ha vuelto a pasar de ser un rumor.
Los números cuadraban
Ecologistas y políticos de uno y otro signo alertaron de las consecuencias medioambientales de llevarse a cabo el trasvase del Ebro:
- Numerosos desmontes y terraplenes.
- Generación de procesos de erosión y de impactos paisajísticos.
- 15 millones de toneladas de escombros.
- Los numerosos túneles pueden suponen en muchos casos daños importantes para la dinámica hidrogeológica de los acuíferos afectados.
- Alteración de los flujos de escorrentía y de la dinámica hídrica superficial.
- Afecciones al Dominio Público Hidráulico, al ocupar, atravesar o afectar a un gran número de cauces.
- Fortísimo efecto barrera. Sin embargo, estos impactos no se reflejan adecuadamente en el EIA cuando no se intentan enmascarar deliberadamente.
Una obra semejante tamaño supondría la modificación de grandes porciones de terreno. Más de 30 embalses y presas estaban proyectas. Construcciones que a día de hoy serían fundamentales para la región aunque sólo fuera para suministro de agua básico para consumo humano. Por otro lado, si se considera la política de destrucción de embalses del actual Gobierno, gran parte de ellas se habrían destruido como está ocurriendo con otras tildadas de «construcciones franquistas». La independencia hidrológica de determinadas áreas no es suficiente argumento para ecologistas y políticos en clara sintonía con la Agenda 2030 y su política de control de recursos hídricos en nombre del medio ambiente.
La idea original era transferir 1.050 hectómetros cúbicos al año a estas cuencas, repartidos así: 190 a la catalana, 315 a la del Júcar, 450 a la del Segura y 95 a Almería. Si se atiende al caudal en la desembocadura, este ha descendido más del doble desde el comienzo de la segunda mitad del siglo XX:
- Década de los 60: 18 286,7 hm³/año.
- Década de los 70: 15 507,7 hm³/año.
- Década de los 80: 9574,1 hm³/año.
- Década de los 90: 8253,8 hm³/año.
- Media del periodo 2000-2008: 8832 hm³/año.
A pesar de los problemas derivados por la falta de lluvias en gran parte del territorio penínsulas, con estas cifras todavía se hubieran podido almacenar miles de hectómetros cúbicos que son enviados al mar todos los años.
La falta de una política nacional hídrica que deje de lado los deseos y necesidades de gobiernos de uno y otro signo en España es clave para evitar los problemas y sortear los retos que nos plantean las nuevas circunstancias ambientales. La modificación artificial del clima, tal y como reconoce la AEMET, sumada a los cambios naturales, configuran unos años de reducción de precipitaciones que afectan a gran parte de la población, expuesta al uso político de recursos fundamentales como el agua.
