El envejecimiento de la población y el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social están dejando cifras cada vez más difíciles de sostener. En Asturias, uno de los territorios más envejecidos de España, sólo existen alrededor de 130.000 trabajadores más que pensiones en vigor, según informa Libre Mercado.
La comunidad de Asturias cuenta con aproximadamente 430.200 afiliados a la Seguridad Social frente a 303.051 pensiones. La diferencia refleja hasta qué punto se ha estrechado la base laboral encargada de financiar unas prestaciones que crecen tanto en número como en cuantía.
La situación asturiana constituye uno de los ejemplos más extremos de un problema nacional. España tiene actualmente 2,1 trabajadores ocupados por cada pensión, con cerca de 22,2 millones de ocupados y 10,4 millones de prestaciones.
La relación se ha deteriorado de manera continuada durante las últimas décadas. En 1976 había 3,5 trabajadores por cada pensión, mientras que en 2007, durante el máximo ciclo de empleo previo a la crisis financiera, la proporción alcanzaba los 2,5.
La deuda se dispara en la era Sánchez
El empeoramiento demográfico coincide con un fuerte aumento del endeudamiento de la Seguridad Social. El sistema cerró marzo con una deuda superior a los 136.000 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Banco de España.
En junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder, la deuda se situaba en 34.888 millones. Desde entonces ha aumentado en más de 100.000 millones de euros. El crecimiento se ha producido pese al incremento del número de afiliados, la subida de las cotizaciones sociales y la implantación de nuevos recargos como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional —MEI—.
También han aumentado las transferencias procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, que permiten cubrir parte del gasto sin que esas aportaciones aparezcan directamente como deuda propia del sistema. Sin embargo, ni el incremento de las cotizaciones ni las inyecciones del Estado han sido suficientes para corregir el desequilibrio.
Más pensionistas y prestaciones más elevadas
El problema no responde únicamente al aumento del número de jubilados. Las nuevas pensiones son también más altas, debido a que quienes se incorporan ahora al sistema han tenido carreras laborales más largas y bases de cotización superiores.
Al mismo tiempo, la revalorización de las prestaciones conforme al IPC ha permitido que las pensiones crezcan por encima de los salarios durante los últimos años.
La consecuencia es una presión creciente sobre una economía productiva cuyos sueldos no avanzan al mismo ritmo que el gasto.
A ello se añade el hundimiento de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida. España tiene cada vez menos jóvenes entrando en el mercado laboral y más personas cobrando una prestación durante un periodo más prolongado.
El modelo de reparto, basado en que los trabajadores actuales financien las pensiones vigentes, queda así sometido a una tensión estructural.
Galicia también se acerca al límite
Asturias no es el único territorio donde la relación entre empleo y pensiones se ha deteriorado hasta niveles críticos. En Galicia existen alrededor de 1.178.100 afiliados frente a 788.346 pensiones, una proporción próxima a 1,5 trabajadores por prestación.
La diferencia territorial es muy pronunciada. Madrid y Canarias mantienen una relación cercana a 2,8 ocupados por pensión, gracias a una población más joven y a una mayor capacidad de creación de empleo. El norte peninsular, por el contrario, concentra algunas de las regiones más envejecidas y despobladas de España.
Esta brecha demuestra que el problema de las pensiones no afecta de manera uniforme. Las comunidades con menor natalidad, mayor emigración juvenil y escaso dinamismo económico soportan una presión mucho mayor.
Un sistema sostenido con deuda e impuestos
El Gobierno ha respondido a la crisis incrementando las cotizaciones y creando nuevos mecanismos de recaudación, pero ha evitado afrontar una reforma estructural del sistema. El MEI reduce directamente las nóminas de trabajadores y empresas, mientras las transferencias del Estado trasladan una parte creciente del coste a los impuestos generales.
En la práctica, las pensiones ya no se financian exclusivamente con cotizaciones, sino también mediante deuda, transferencias presupuestarias y mayores cargas sobre el empleo. El deterioro de la ratio entre ocupados y pensiones anticipa una presión todavía mayor cuando la generación del «baby boom» alcance plenamente la jubilación.
Asturias muestra hoy el escenario hacia el que pueden avanzar otros territorios: una población envejecida, una base productiva menguante y un sistema que depende cada vez más del endeudamiento estatal. La bomba demográfica ya no es una amenaza futura. En algunas regiones españolas, sus efectos han comenzado a hacerse visibles.
