La etapa de Corredor al frente de la cartera de Vivienda en el segundo Gobierno de Zapatero está ahora mismo en el foco de los investigadores.
Beatriz Corredor ocupa actualmente la cartera de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda en el Comité Ejecutiva del PSOE. Fue una de las elegidas por Pedro Sánchez para formar parte de su consejo tras aplastar en las primarias socialistas a Susana Díaz.
Es una de las mujeres de confianza del secretario general y su nombre suena con fuerza como posible candidata a la alcaldía de Madrid en sustitución de Antonio Miguel Carmona, más próximo a Susana Díaz y apartado de la primera línea por la nueva dirección. Sánchez ya dejó caer que el único requisito que impondría al candidato en la capital es que fuera una mujer.
La vida pública de Corredor se remonta a 2007, cuando fue elegida concejal precisamente en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, poco después fue designada ministra de Vivienda en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.
La propia Corredor confiesa en el portal de transparencia del PSOE sus abultados ingresos. Su cargo de registradora de la propiedad le reporta la friolera de 14.800 euros netos mensuales. Además, percibe 6.741 euros al año por el alquiler de un piso. También se embolsa 3.000 euros anuales por impartir clases en la Universidad Nebrija de Madrid.
Entre sus posesiones destacan los dos inmuebles y plazas de garaje que están valorados en más de 300.000 euros, y el Audi Q5 de 42.000 euros.
Los problemas con la financiación del PSPV
La etapa de Corredor al frente de la cartera de Vivienda en el segundo Gobierno de Zapatero está ahora mismo en el foco de los investigadores.
La pasada semana, el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid decidió abrir diligencias y citar como investigados a tres miembros de la Mesa de Contratación que adjudicó un contrato de publicidad del Plan Vivienda 2009-2010 -del ministerio dirigido entonces por Beatriz Corredor- que también podría haberse utilizado para la financiación irregular del PSPV y del Bloc.
Según el juzgado de Valencia que inició las pesquisas, las adjudicaciones presuntamente fraudulentas tuvieron como beneficiaria a la agencia de comunicación Crespo Gomar.Esta empresa, supuestamente, trabajó en la organización del congreso regional del PSPV en el que se eligió a Jorge Alarte como secretario general, y también en las campañas municipales de Etelvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en 2007.
Además de los contratos de Vivienda y Sanidad, se investigan otros adjudicados a empresas del mismo grupo de comunicación desde los consistorios de Gandía y Benidorm bajo gobiernos socialistas y con el Ministerio de Medioambiente -dirigido por la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona– a través de las empresas públicas Acuamed y Aguas del Júcar.
La filial socialista de Valencia está siendo investigada por la presunta emisión de facturas falsas en favor de Crespo Gomar, cuyo pago habría sido abonado por terceros.
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Imputadas dos cargos del Gobierno de Zapatero por la financiación del PSPV
