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DESMONTANDO LOS MITOS DEL FEMINISMO

8-M: vanguardia del sistema, dogma de fe y salvavidas del Gobierno

Ministros del Gobierno de España asisten a la marcha por el 8-M de 2020 en plena primera ola de la pandemia. En la imagen, Isabel Celaá , ministra de Educación, y Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores.

Hoy es el único movimiento capaz de movilizar a la izquierda masivamente. Es el “No a la guerra” que muta según convenga en cada época para recuperar la iniciativa política con la fórmula de siempre: todos a la calle cuando el amo toca la campana. Si el Gobierno afloja el feminismo aprieta, axioma que en tiempos de crisis se hace más evidente por su capacidad de influencia y penetración en todas las capas del Estado. El 8-M es un gigantesco salvavidas para un Gobierno que esconde los más de cuatro millones de parados y el desempleo juvenil más alto de la Unión Europea apisonando armas de chatarrería y, ahora, denunciando la “desigualdad estructural” que sufren las mujeres. Pero si ellos son el Gobierno, ¿no deberían exigir responsabilidades a sí mismos por cualquier injusticia que sufran las mujeres? 

En realidad, como en casi todo, se trata de un arma propagandística tan potente que ha sustituido reivindicaciones sociales clásicas de la izquierda como unos servicios públicos de calidad (sanidad, educación…), la lucha contra el paro o el acceso a la vivienda. En apenas unos años estas causas han desaparecido de los discursos de los partidos entregados al dictado de la agenda 2030.

8-M

De modo que este año el feminismo vuelve a marcar el debate político con un manifiesto, el del movimiento 8-M, en el que deja claro que no se arrepiente de salir a la calle el año pasado a pesar del virus chino. “El feminismo es la cura: contágiate y propágalo. Vacúnate contra el machismo”. Una disculpa habría sido reconocer que se equivocaron, así que pasando a la ofensiva la responsabilidad se atribuye al enemigo, el machismo.

En cualquier caso el éxito del 8-M es que ha obligado a todos a posicionarse. Desde los partidos hasta los medios de comunicación pasando por bancos y grandes multinacionales, por eso ya no escandaliza que en España su mayor patrocinador sea el Banco Santander. Vamos, pura subversión. Su crecimiento ha sido tal que hoy es uno de esos fenómenos a los que muchos se apuntan por presión social: la espiral del silencio que convierte a las personas en camaleones para no quedarse fuera de la corriente predominante. Esta atmósfera es especialmente asfixiante en el periodismo donde abundan los ejemplos de adhesión incondicional. El año pasado la presentadora Susanna Griso animó a la marcha diciendo “que el coronavirus no sea una excusa para no asistir al 8-M”. Claro que mucho más precisa fue la vicepresidenta Carmen Calvo a la que preguntaron qué le diría a una mujer que estuviera dudando en ir a la manifestación. “Le diría que le va la vida, que le va su vida”, respondió. A la controvertida edición del año pasado acudieron todos los partidos excepto VOX. El poder de convocatoria de PSOE y Podemos arrastrando a PP y CS demuestra la enorme influencia del movimiento, aunque siendo realistas ni populares ni naranjas tienen opción a desmarcarse de nada que incluya la Agenda 2030 por mucho que sean recibidos a salivazos. 

Como sucede con cada moda nadie quiere quedarse atrás. Aparecen voces de ayer y de hoy (¡sobre todo de ayer!) que se enrolan con entusiasmo al movimiento. Le sucede a Iñaki Gabilondo, indignadísimo por el machismo de la sociedad española. “Yo también soy feminazi”, fue su alegato en 2019. Entonces dijo que las mujeres, que son mayoría en España, tienen que luchar para conseguir los mismos derechos que la minoría -los hombres-. Para el periodista las mujeres tienen menos derechos que los hombres y aquí cabe preguntarse si Gabilondo, que ya estaba delante de un micrófono cuando Franco vivía, no detectaba machismo en la España de entonces o después en la de Suárez, Calvo Sotelo, Felipe, Aznar o Zapatero. Diríase que Iñaki es feminista de ola retardada, de los que sólo navegan con el viento a favor y acuden a la batalla cuando ya está ganada. 

A menudo el análisis que se hace del movimiento peca de condescendiente paternalismo, como si el 8-M fuera un fenómeno espontáneo gestado en una tarde de asamblea y porros en la universidad. Se hace noticia del lado más cómico del feminismo fruto de las frivolidades y mensajes irreverentes del propio 8-M (“machete al machote” o “la talla 38 me aprieta el…”). Pero conviene tomárselo en serio: en cuatro años Rita Maestre pasó de asaltar una capilla en la Universidad Complutense al grito de “hay que quemar la conferencia episcopal” a ser portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Por aquello la joven Rita y sus amigas no fueron expulsadas de la universidad, pues se toparon con un rector de la cuerda, Carlos Berzosa, que aseguró que “no debería haber capillas en las universidades”. La extrema izquierda -entonces marginal y sólo defendida por un puñado de profesores chavistas como Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias- presentó el asalto como “un debate por la libertad de expresión”. ¿Nos suena? Con estos precedentes, ¿podemos de verdad descartar que Pablo Hasel sea diputado de la CUP en unos años? 

No obstante, el poder del 8-M no sólo se mide por la adhesión de casi todos los partidos y medios de comunicación, sino por su capacidad de coacción a la propia justicia. El socialista Alfonso Guerra reconoció hace un año que el presidente del Tribunal Constitucional le había confesado que la ley contra la violencia de género aprobada en diciembre de 2004 por Zapatero era inconstitucional pero fue validada por las presiones políticas recibidas. “Hablé con el presidente del Tribunal y le dije: la declararéis inconstitucional, ¿verdad? Él me dijo: Hombre, claro, esto es absolutamente inconstitucional. Luego salió la sentencia: constitucional. Me dijo: ¿Tú sabes la presión que teníamos? ¿Cómo podíamos soportar esa presión? A mí me parece absolutamente injusta esa sentencia”, declaró el que fuera vicepresidente del Gobierno. 

Desde luego la presión es terrible y en 2019 el propio CGPJ puso en marcha el primer curso de formación obligatoria en perspectiva de género para los jueces. La reforma de la LOPJ aprobada en diciembre de 2018 obliga a los magistrados a acreditar su formación en perspectiva de género para obtener cualquier especialización. Una victoria del feminismo que poco a poco va tiñendo las togas de morado.

Espoleados por estos avances el manifiesto del 8-M de este año no esconde su objetivo de convertir la ideología de género y el feminismo en religión oficial del Estado. “España no avanzará en la lucha contra las violencias machistas si no llega a concienciar a su sociedad de que estas son un problema público estructural”. 

En este clima de sometimiento a la Justicia se produjo el ataque y ensañamiento contra el juez Ricardo González por emitir un voto particular pidiendo la absolución de la manada de los Sanfermines condenada a 9 años de prisión por la Audiencia Provincial de Navarra en 2018. Una multitud aguardó a las puertas del tribunal navarro con las pancartas ya escritas (“No es abuso, es violación” o “No es no, ¡justicia!”) antes de conocer el veredicto. La pena de 9 años de cárcel fue insuficiente para el feminismo, que convocó ese mismo día manifestaciones en toda España. Un año después el Tribunal Supremo elevó a 15 años de cárcel la condena contra la manada. Irene Montero reconoció que la presión ejercida fue esencial. “Esta sentencia no sería posible sin el empuje del movimiento feminista que dirá hermana, yo sí te creo hasta que solo sí sea sí, hasta parar los pies al machismo. Luchar sirve, mujeres”.

Pero el ruido mediático, por supuesto, sólo se invoca cuando conviene. Hace unos días una noticia ha pasado casi desapercibida: cuatro inmigrantes ilegales violan a una mujer en Gran Canaria. La víctima, de origen irlandés, fue asaltada cuando paseaba por el parque. Los detenidos, uno de ellos con antecedentes por hechos similares, llegaron en patera a Canarias y estaban alojados en hoteles al sur de la isla. La inexistente reacción del feminismo contrasta con la formidable presión mediático-política que se produjo durante el juicio de la manada de los Sanfermines. El motivo de este silencio es ideológico y esconde una contradicción enorme en el mainstream progre: la defensa de la mujer y la inmigración ilegal. Cuando ambos intereses colisionan siempre se resuelve en favor de los segundos como vimos en el año nuevo de 2016 en la ciudad alemana de Colonia. Entonces casi mil árabes y magrebíes asaltaron a centenares de mujeres a las que sometieron a todo tipo de vejaciones, les robaron e incluso violaron. La mayoría de los agresores eran refugiados sirios que unos meses antes habían llegado a Alemania (en total un millón) atendiendo al “Refugees Welcome” de Merkel. La prensa tapó el escándalo los primeros días pero a medida que las denuncias se multiplicaban en comisaría no hubo quien escondiera los hechos. La reacción de la alcaldesa de Colonia, Henriette Reker, fue aún más bochornosa: pidió a las jóvenes alemanas que cuidaran su forma de vestir para no provocar a los refugiados. Que la izquierda anteponga la inmigración ilegal -a la que considera más víctima que una violada- a la mujer demuestra que ésta en realidad no importa gran cosa salvo para ser usada como palanca revolucionaria.

Otro caso similar e igualmente sonrojante es el de las menores explotadas sexualmente en Baleares. PSOE, Podemos y Mes -tripartito que gobierna la comunidad- se negaron a la creación de una comisión de investigación de las agresiones sexuales sufridas por más de 15 menores bajo tutela de un centro dependiente de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno balear. Por supuesto, el 8-M no las ha incluido en sus pancartas.

Como todo movimiento pseudo-revolucionario promovido por el poder el 8-M sabe que para mantener su hegemonía cultural, política y mediática es fundamental estar cobijado por el BOE y su maná presupuestario. Y para ello hay que mimar a la reina de la corona: la ley contra la violencia de género. En 2021 se destinarán 180 millones de euros a esta ley, pues el pacto de Estado contra la violencia de género -también están, oh sorpresa, PP y CS- impone un incremento del presupuesto del 15% cada año. Naturalmente lo de crear chiringuitos con la coartada de la violencia tampoco lo ocultan en el manifiesto del 8-M de este año: “Las desigualdades y violencias contra las mujeres son una pandemia desde tiempos inmemorables, en la que su vacuna es social y no se necesitan grandes cantidades de dinero para invertir en ella”. No se necesitan grandes cantidades pero se necesitan cantidades, o sea. 

La realidad, sin embargo, es que esta ley tras casi dos décadas en vigor no ha logrado reducir el número de mujeres fallecidas a causa de la violencia doméstica. Para ocultar el fracaso el feminismo usa el trazo grueso metiendo a todas las víctimas en el mismo saco como si todos los crímenes siguieran un mismo patrón. Sucede lo mismo con los agresores, de los que se obvia cualquier estudio en profundidad. Por ejemplo, la nacionalidad. Según el Ministerio de Igualdad entre 2003 y 2020 murieron asesinadas 1.052 mujeres: 717 asesinos fueron nacidos en España y 335 en el extranjero. Es decir, del total de asesinos (1.052) el 31,8% fue extranjero y el 68,2% español. Teniendo en cuenta que -según el INE- en España hay un 11,2% de extranjeros y un 88,8% de españoles, los extranjeros tienen una inclinación 3,5 veces superior a los españoles a cometer este tipo de delitos.

Otro de los mitos más repetidos por el 8-M es el de la brecha de género: los hombres ganan más que las mujeres por el hecho de serlos (curiosamente en este caso la realidad biológica sí determina el sexo que otras veces es ‘una construcción social’). Dicen las feministas que ellos ganan un 25% más que ellas al comparar el sueldo medio de hombres y mujeres. Pero he ahí la trampa, pues dejan al margen factores decisivos como la reducción de jornada a la que se someten muchas mujeres para cuidar de su familia. Lo hace el 22,3% de las mujeres frente al 3,6% de los hombres, según un informe del instituto Juan de Mariana. Además la incidencia del empleo a tiempo parcial es mayor entre las mujeres (24,2%) que entre los hombres (7,3%), y esa reducción de horas va pareja a una disminución de sueldo, pero este factor pasa desapercibido para el feminismo.

En definitiva, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se ha convertido en la única posibilidad de la izquierda de salir a la calle de forma masiva abrazando una ideología más que cuestionable como revelan las cifras. Algo, por cierto, curioso por cuanto el movimiento recibe el apoyo incondicional de los grandes bancos, multinacionales y estamentos del Estado. Aunque pensándolo bien, ¿qué otra causa podrían abanderar en un país con más de cuatro millones de parados?

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