El Gobierno de Alberto Fernández ha anunciado que a partir del 1 de enero se implementará la Prestación Básica Universal Obligatoria para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a Internet y televisión por suscripción, convencido de su capacidad divina de convertir agua en vino, o mejor, en este caso, de transformar al Boletín Oficial en una varita mágica. Los planes “universales” de telefonía móvil costarán mensualmente poco más de un dólar y el resto de los servicios tendrán el mismo costo hilarante.
La medida estrangula a uno de los pocos sectores competitivos que quedaban en pie en el país con la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°690/20. El Decreto de florida prosa, apela (como siempre) a la ampliación de derechos y cambia diametralmente las reglas de juego al encuadrar al sector como un servicio público “en competencia”. Esta maniobra unilateral le permite al ejecutivo congelar precios, buscando intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y la competencia. Es merced a esta variación de encuadre que desde el gobierno se permiten reglamentar el aumento de las tarifas. El objetivo, según el Jefe de Gabinete, es “favorecer la universalización del acceso por parte de los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos”. ¡Pero pueden ser muchos más!
El kirchnerismo está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC (tecnologías de la información y la comunicación), cosa que claramente va a poner en riesgo la calidad de los servicios, los puestos de trabajo y que enterrará cualquier tipo de proyecto de inversión honesta pero sobre todo, se alejará rápidamente de uno de los objetivos del decreto que es «una política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos beneficiarios de planes sociales»
Y es que, en efecto, los beneficiarios serán incluso más de 10 millones ya que incluye a: los que tienen asignaciones por hijo o embarazo, los que tienen pensiones no contributivas, los monotributistas sociales, jubilados, pensionadas y trabajadores en relación de dependencia, monotributistas con categoría baja, los que tengan seguro de desempleo, empleados domésticos, todos los que tengan planes sociales (que no vamos a enumerar porque no terminamos más), personas que se encuentren en la economía informal, más todos los hijos de los nombrados entre 16 y 18 años. Para no ser modestos también incluyen a los Clubes de Barrio y de Pueblo, Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Entidades de Bien Público, asociaciones civiles, organizaciones comunitarias. O sea, casi todo el país. Una especie de complejo de Papá Noel agudo atacó al gobierno.
Para más abundamiento, en la resolución firmada por la Enacom se establece que «los prestadores obligados deberán implementar un sistema ágil y sencillo» y si alguno se hubiera quedado fuera de la lista de regalos, el gobierno ha establecido que «aquellos usuarios o usuarios que no se encuentran dentro del universo de beneficiarios podrán presentarse ante la Dirección Nacional de Atención a Usuarios y Delegaciones, quien resolverá la cuestión en un plazo que no podrá exceder de 30 días corridos. Si transcurre este período sin una resolución, se deberá brindar el servicio».
Desde ya que las empresas no van a trabajar a pérdida, de manera tal que los clientes, aún los que paguen la tarifa normal, van a ver reducida la calidad o disponibilidad del servicio. Las compañías empezarán a no hacer instalaciones o reparaciones por falta de material, el mantenimiento quedará librado a su suerte y empezarán las listas de espera que los argentinos supieron conocer en el siglo pasado cuando operaba la monopólica de telefonía estatal ENTEL.
Con esta fijación de precios las compañías grandes van a reducir inversiones, pero las chicas van a necesitar subsidios del bolsillo de payaso que el Estado tiene a modo de respirador artificial para las Pymes. Caso contrario desaparecerán.
La tarifa social de telefonía celular estipulada por el decreto costará 150 pesos por mes. Esto incluye el uso de Whatsapp y SMS ilimitados, ingreso a webs educativas y gubernamentales irrestricto y 550 minutos de llamadas (500 de ellos a teléfonos de la misma compañía), es difícil determinar el costo en dólares porque Argentina tiene un abanico de cotizaciones muy amplio para esta moneda, pero promediando, se trata de una tarifa de poco más que 1 dólar. El mega mayorista, principal insumo de los proveedores de Internet, cotiza en dólares, además de gran parte del material de reposición para mantenimiento que es importado. Vale decir que lo que se ha decretado es la destrucción de los servicios de telefonía y de internet.
Las empresas mostraron ya su indignación explicando que esta situación no les permite cubrir los costos operativos. Desde la Cámara Argentina de Internet (Cabase) señalaron que estos precios de servicios ponen en peligro la continuidad de “más de 1.200 pymes y cooperativas” que prestan servicios de conectividad a Internet en localidades del interior del país. Desde ya que una reducción impositiva en el país con la fiscalidad más voraz del mundo está descartada. “El Estado no aporta nada en este contexto. Es un ‘seamos solidarios, pero el dinero lo ponés vos”. Se quejaron amargamente desde las empresas.
Claudio Ambrosini, funcionario a cargo del Ente Regulador: Enacom, sostuvo que no habría motivos para desincentivar la inversión, aunque desgraciadamente no informó cómo había llegado a semejante conclusión ya que (acá viene lo bueno): en un país en el que la inflación supera el 30%, el aumento permitido es sólo del 5% para estos servicios. No son necesarias muchas luces para sacar la cuenta, es más bien fácil. No obstante, Ambrosini también declaró que “apuntamos a que ningún argentino se quede sin servicio y que las compañías sigan invirtiendo en un mercado cada vez más grande” y agregó que, “el foco del Gobierno está puesto en el 5G, y eso lo vamos a lograr trabajando juntos las empresas y el Estado”. El optimismo siempre es importante.
El kirchnerismo ya probó la eficiencia electoral de estos arranques demagógicos, lo hizo al ingresar más de tres millones de personas sin aportes al sistema jubilatorio y lo quebró, lo hizo al implementar la AHU, engendro salido de la pluma de la oposición socialdemócrata y le sirvió. Ahora pretende regalar planes de conectividad como si fueran caramelos y que todo el mundo diga Cristina democratizó internet. Como lo hizo en esas ocasiones, lo está haciendo ahora, está condenando al quebranto a un sector posiblemente para siempre. Sus urgencias electorales tapan al bosque.
