La aplicación de las leyes no necesita ser consultada a nadie y esto no es un secreto en ningún lugar del mundo. Pero en México gobierna, por ahora, Andrés Manuel López Obrador, el socialista que se ha empeñado en culpar de todos los males a los presidentes del pasado, a empresas, intelectuales y medios de comunicación, a los que mete en un mismo costal y llama “neoliberales”.
Proclive al populismo –ávido de agradar a la gente para ganar elecciones– y siendo su verdadero objetivo lograr el poder perpetuo, el mandatario inventó que se debe “consultar” a los ciudadanos si hay que juzgar o no a varios expresidentes que no son de su agrado.
Según López, la inseguridad no se debe al ejercicio de sus ya 2 años y medio de mandato, sino que los 11 mil 595 asesinatos en los primeros cuatro meses de 2021 y la penetración impune de los cárteles de droga y tráfico de humanos en todo el territorio, se deben –siempre– a los gobiernos anteriores.
El tabasqueño siempre echándole la culpa a los presidentes previos, que por supuesto, no son de su partido socialista, sino del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN).
No pocos se han preguntado para qué podría servir una consulta popular sobre si se debe juzgar a los expresidentes, adversarios de la llamada Cuarta Transformación, pero la respuesta es simple: sirve para legitimar una embestida posterior contra ellos, en el frente legal, mediático y sobre todo, en el ánimo popular.
Dicho de otra manera, se trata de propaganda para hacer ver como villanos a todos los exmandatarios, y para presentar a AMLO como justiciero y como alguien que sí toma en cuenta a los mexicanos. Eso es todo.
El presidente ha sido muy criticado en México por emprender esta consulta, porque además de sus nada ocultos fines propagandísticos, costará 528 millones de pesos al bolsillo de la ciudadanía (21.881.743 millones de euros), dinero que podría usarse paradotar de medicamentos a los niños con cáncer –que están muriendo a causa de la escasez provocada por las medidas gubernamentales– o para atender materias más prioritarias.
La pregunta original de AMLO para la consulta era la siguiente:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
A todas luces esa pregunta parecía redundante, una tautología. Las autoridades están obligadas a aplicar las leyes, por lo que es su trabajo investigar a quien sea sospechoso de haber cometido un delito. No había que preguntarlo y menos despilfarrar dinero público en ello.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), adonde llegó este caso, aprobó la legalidad de la consulta ante el descontento de muchos, pero modificó la pregunta, que quedó con la siguiente redacción:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Interesante giro le da la SCJN a la consulta, ya que habla de “esclarecer” los hechos del pasado. Para lo cual, dicho sea de paso, tampoco se requiere una consulta pública, sino –si acaso– buenos investigadores.
La pregunta siguió siendo enredada, y sólo sirve, según The Economist, para que AMLO monte un show mediático contra sus enemigos buscando granjearse el apoyo popular. Tan es así, que el semanario británico comparó a AMLO con Cantinflas, el gran comediante mexicano que se burló de cómo en el país norteamericano los políticos hablan mucho y no dicen absolutamente nada.
El término “cantinflear” –ya aceptado por la Real Academia Española (RAE)–, se podría aplicar muy bien, como señala The Economist, al presidente socialista, quien habla y actúa de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia.
Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pidió al tabasqueño que ajuste el contenido de sus conferencias de prensa matutinas hasta que pase la Consulta Popular el 1º de agosto, para no incurrir en propaganda oficialista, como suele suceder.
De todos modos, la consulta no pasará de ser propaganda negra contra adversarios del poder, debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE), observa que los resultados “serán vinculatorios para los poderes Legislativo y Ejecutivo federales” cuando se señale que la participación total en la Consulta Popular “sea de, al menos, el 40% de los ciudadanos” inscritos/as en la Lista Nominal de Electores. Algo que se advierte complicado ante el rechazo de la clase media a prácticas electoreras de esta naturaleza.
El tuitero @celis_wilke, que se define como parte del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA), un movimiento de derecha claramente opositor al mandatario, posteó:
Y no sólo las clases medias, sino líderes de la derecha, como por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos, excandidato a la presidencia por el PAN, quien expone en su columna en un medio local que la consulta es en realidad “una patraña más del tartufo en fuga para no responsabilizarse de la destrucción nacional que encabeza y patrocina”.
