La ONG globalista Amnistía Internacional ha anunciado que cerrará sus oficinas en Hong Kong antes de que acabe el año, por el temor a «graves represalias» derivadas de la ley de seguridad nacional impulsada desde Pekín, que penaliza con dureza cualquier atisbo de injerencia en asuntos que sean considerados internos.
Así, ha venido denunciando que esta ley, que entró en vigor en junio de 2020, se utiliza de forma arbitraria para reprimir derechos y libertades básicas en la antigua colonia británica, con la disidencia como objetivo prioritario. Al menos 35 grupos han sido disueltos en este tiempo, entre ellos sindicatos y grupos opositores.
«El contexto de represión e incertidumbre perpetua (…) nos hace imposible saber qué actividades podrían derivar en sanciones penales», ha explicado la presidenta de la junta directiva de la ONG, Anjhula Mya Singh Bais, temerosa de que las autoridades chinas puedan procesar «a quien elijan».
Amnistía cuenta actualmente con dos oficinas en Hong Kong y una de ellas, la sección local, cerrará este mismo mes. La ONG ha argumentado que ve «imposible» poder trabajar libremente y sin temor a represalias. «Cada vez se nos hace más difícil operar en un ambiente tan inestable», ha declarado su responsable.
El Gobierno local, así como las autoridades centrales chinas, han defendido la ley de seguridad nacional como un instrumento clave para garantizar la estabilidad del territorio, una tesis que no comparten organizaciones defensoras de Derechos Humanos.