El viernes 25 de junio, cumplida la agenda del gobierno nacional en el municipio de Sardinata y en la aproximación final a la ciudad de Cúcuta –capital del departamento de Norte de Santander–, la aeronave presidencial en la que viajaba el jefe de estado con los ministros de defensa y del interior, recibió varios impactos de bala. Las imágenes fueron compartidas por el palacio de Nariño, minutos después de su aterrizaje. Los vecinos del sector que grababan la llegada del helicóptero fueron testigos del estruendo de los fusiles y optaron por buscar refugio, ante el evidente atentado del que era objeto la comitiva gubernamental.
Una vez confirmado el hecho, el Presidente se dirigió a los colombianos y expresó que “tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave, evitaron que ocurriera algo letal. Lo cierto es que es un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial. Una vez más reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los organismos de criminalidad organizada que operan en el país”.
El sábado, la policía nacional reveló haber encontrado un fusil AK-47 y uno 7-62, en las inmediaciones del aeropuerto, uno de ellos con marcas de las Fuerzas Armadas de Venezuela. El domingo, el ministro de defensa informó sobre “una posible alianza criminal entre el frente urbano del ELN y las disidencias de las FARC del frente 33, organizaciones narcotraficantes y criminales que delinquen en Norte de Santander y hacen presencia en Venezuela”. Lo cierto es que toda la región del catatumbo, una región transfronteriza al noreste del país, continúa siendo lugar de disputa entre múltiples actores armados, con precaria presencia estatal, rutas de narcotráfico, cultivos ilícitos y graves problemas de corrupción.
A lo largo de la historia han cambiado las fuentes de riqueza y los actores, pero se mantienen la violencia y el desplazamiento. A pesar de los programas que se han promovido desde los gobiernos nacional y departamental, sigue siendo tierra de nadie. De hecho, hoy es epicentro de la lucha regional entre los carteles mexicanos, pues tanto el de Sinaloa como el de Jalisco Nueva Generación hacen presencia.
Hace un año, la Revista Semana publicaba información de la Fundación Paz y Reconciliación según la cual el primero controla los municipios de Tibú y Sardinata, este último visitado por el Presidente Duque antes del atentado del viernes, y comercializa a través de Puerto Santander, cercano al Zulia venezolano.
A pesar de las celebraciones que se promovieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) por la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en el teatro Colón de Bogotá, luego del rechazo mayoritario del mismo en las urnas el 2 de octubre de 2016 en plebiscito, el conflicto en Colombia se mantiene. Decir lo contrario sería desconocer los hechos, entre los que ahora se encuentra un atentado contra el helicóptero presidencial, que logró impactarlo, algo que no había ocurrido antes.
Apenas el jueves, el Presidente Duque había afirmado que “Colombia es el sitio en el que se debe estar cuando se trata de ver hacia el futuro en Latinoamérica”, en el foro “Colombia Inside Out 2021”, en el que se dirigía a inversionistas extranjeros.
Surgen más preguntas que respuestas después de las recientes protestas en diferentes ciudades del país, los bloqueos que siguen logrando generar grupos con cada vez menos personas, el incremento en la producción de cocaína y la innegable presencia de grupos armados con capacidad operativa y de fuego, y la pérdida del grado de inversión.
No obstante, las instituciones en Colombia siguen siendo relativamente sólidas al compararlas con sus vecinos, aunque, valga recordarlo, lo mismo se alegaba de las instituciones venezolanas antes de la llegada al poder de aquél coronel que prometía una quinta república y lo echó todo a perder.
