La portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja, ha anunciado este martes que el Ejecutivo catalán ha aprobado un decreto ley que crea un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat por la promoción internacional del proceso separatista.
El Tribunal de Cuentas cuantificó en 5.422.899,28 euros el desvío de dinero público que la Generalitat hizo para promocionar el procés golpista en el extranjero desde 2011 a 2017. Una cifra que ahora Aragonés quiere cubrir con el dinero de todos los españoles mientras desatiende la mayoría de necesidades que tienen los ciudadanos catalanes.
Un ejemplo de ello son las escuelas. Este curso escolar 2020-2021 cierra con 1.049 barracones, lo que significa que muchos niños de Cataluña han estudiado en condiciones poco normales. Una situación que podría solucionarse con un millón -cuantía suficiente para construir un colegio o instituto-. Por lo que respecta a Sanidad, faltan enfermeras y médicos y ocurre lo mismo con los profesores y dentro de la administración.
La Generalitat tiene unas prioridades muy claras en su hoja de gastos y los catalanes más desfavorecidos son los últimos de la fila, más si lo que de verdad importa es salvar el golpe independentista. Tampoco ha habido dinero para los ciudadanos que, como consecuencia de la crisis económica agravada por la pandemia, han visto drásticamente reducidos sus ingresos. Entre 129.000 y 152.000 personas que viven en el área metropolitana de Barcelona pasaron en 2020 a estar en riesgo de pobreza por la epidemia del Covid. Se añadieron a las 648.000 preexistentes, mientras que la renta anual neta media en los hogares metropolitanos se ha reducido entre un 7 y un 8%.
La crisis sanitaria desencadenó un incremento sin precedentes de la desigualdad económica en Cataluña. El reflejo más evidente fue la aparición recurrente de las denominadas colas del hambre, una imagen que se repite cada fin de semana en Barcelona.
‘Un fraude de ley‘. Así ha calificado el Tribunal de Cuentas al fondo Complementario de Riesgos. El supremo organismo fiscalizador del Estado advierte de que el plan del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, de dar aval público a los embargados del procés constituye «un fraude de ley» y puede ser rechazado como fianza. «Corresponde a la delegada instructora la valoración, pero sería un fraude de ley que una comunidad autónoma considerada parte perjudicada cubra la fianza de los responsables del perjuicio», ha señalado el Tribunal.
