Es difícil hacer un ‘Top Ten’ de los gobiernos occidentales que han introducido medidas más totalitarias y lesivas con los derechos de los ciudadanos durante este interminable ‘periodo especial’ a cuenta del covid, pero sin duda Canadá debería estar entre los primeros.
El gobierno de Justin Trudeau, verdadero ‘poster boy’ del ‘wokismo’ en el poder, ha admitido que durante la pandemia rastreó en secreto 33 millones de teléfonos móviles, de una población total de 38 millones, informa el National Post.
Concretamente, la confesión ha corrido a cargo de la Agencia de Salud Pública canadiense (PHAC), que alega que su intención era “evaluar la respuesta del público durante las medidas de confinamiento”.
El diario canadiense señala que el pasado marzo, la PHAC contrató con Telus la creación del programa Data For Good, destinado a la recopilación y el análisis de “datos agregados” de las tendencias de movimiento en Canadá. Según el portavoz de la agencia, el contrato concluyó en octubre y se supone que PHAC ya no tiene acceso a los datos de localización.
Según David Lyon, escritor y exdirector del Centro de Estudios de Supervisión de la Queen’s University de Ontario, «están apareciendo indicios procedentes de muchas fuentes, de países de todo el mundo, que lo que en su día se vio como una gigantesca intensificación de la vigilancia pública tras los atentados de 11-S se ha visto completado con la vigilancia de la pandemia”. Y añade: “Creo que el público canadiense descubrirá muchas otras iniciativas de vigilancia no autorizadas antes de que acabe la pandemia. Y después”.
El gigante canadiense de las telecomunicaciones Telus adquirió tecnología de seguimiento con el fin, según el portavoz de la PHAC, de “comprender posibles vínculos entre el movimiento de las poblaciones dentro de Canadá y los contagios de COVID-19,» alegando que el análisis de los datos de movilidad “contribuyen a cumplir los objetivos de salud pública».
De hecho, la agencia tiene intención de seguir rastreando los movimientos de los canadienses durante al menos cinco años más, para controlar el comportamiento relativo a “otras enfermedades infecciosas, prevención de enfermedades crónicas y salud mental”.
La pandemia ha servido de pretexto para el desarrollo de un gigantesco sistema de vigilancia de los ciudadanos, facilitado por los inquietantes avances en las tecnologías implicadas en este proceso, que nos acerca peligrosamente a una vulneración por la vía de los hechos de la privacidad y a un régimen de control totalitario similar al que ya existe en la China comunista.
