Denuncian que no se permite entrar a periodistas en Formosa tras el escándalo por las violaciones de DDHH

SIGUE EL ESCÁNDALO EN ARGENTINA
Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidente de Argetina, y a su derecha, el presidente, Alberto Fernández (Juan Mabromata/Pool via REUTERS)

Se ha presentado ante la justicia un pedido de amparo para exigir que el gobierno de Gildo Insfrán permita entrar a periodistas a la provincia de Formosa (Argentina) tras el escándalo de violación a los derechos humanos se está desarrollando.

La Fundación LED (Libertad de Expresión en Democracia) interpuso una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en donde solicita se le ordene al gobierno de Gildo Insfrán que «permita entrar en Formosa a periodistas en cumplimiento de su tarea informativa, sin que se aplique el decreto provincial que exige someterse a una cuarentena en los centros estatales de aislamiento».

En este sentido, la Fundación LED reclamó además, que «se garantice a la población el derecho de la libertad de expresión mediante el correcto acceso a la información garantizado por la constitución nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que a ella se integran».

«Es inconcebible que no dejen entrar al territorio formoseño a periodistas de medios nacionales o de otras provincias, la libertad de expresión no admite fronteras, es un derecho garantizado por la Constitución Nacional», expresó la presidenta de la entidad, Silvana Giudici.

Gildo Insfrán, un personaje que contiene todos los clichés del caudillo feudal peronista, acaba de cumplir las bodas de plata al mando de la provincia de Formosa. Promocionado por el expresidente Carlos Menem, comenzó su primer mandato en 1995 y atravesó sin interrupciones los mandatos presidenciales que se sucedieron hasta estos días. Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri ya pasaron y gobernaron pero él aún sigue en su cargo.

En la provincia, que tiene uno de los mayores niveles de dependencia clientelar del país y una pobreza estructural extrema, su gobernador implementó medidas dictatoriales con la excusa de la lucha contra el covid-19.

Estas medidas incluyen la extracción compulsiva de ciudadanos de su casa sin órdenes judiciales y su reclusión en decenas de «centros de aislamiento» en pésimas condiciones sanitarias y de violencia.

Cabe señalar que ha habido denuncias de desapariciones y de maltrato a menores hacinados en esos mismos centros, algunos de los cuales han sido separados de sus padres siendo muy pequeños.

Además, el gobernador confina a enfermos de covid-19 y personas sanas sospechadas de contacto bajo condiciones de hacinamiento extremo sin ningún criterio médico o científico.

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