La campaña de Trump sigue cuestionando los resultados de las elecciones. Este litigio no «es corrosivo para nuestras instituciones», sino todo lo contrario. Las demandas presentadas en Pensilvania, Michigan, Georgia y otros lugares hacen un llamamiento al estado de derecho. No lo debilitan ni lo socavan.
Puedo entender por qué los Demócratas y Republicanos anti-Trump desean descartar las afirmaciones de Trump, de que el supuesto estrecho margen que le ha dado a Biden la victoria depende del recuento de los votos ilegales. Quieren que su candidato gane. Y no quieren que la victoria de Biden se ensombrezca con dudas sobre su legitimidad.
Pero debemos prescindir de sus afirmaciones, según las cuales los desafíos legales de Trump dañan, de alguna manera, el cuerpo político. En general, los desafíos legales suelen reforzar más que debilitar nuestra democracia.
Si las demandas no tienen fundamento, serán descartadas; y en algunos casos lo serán por jueces nombrados por los Republicanos. Este proceso de revisión y adjudicación añade legitimidad al resultado final de las elecciones.
En los lugares donde las demandas sigan su curso y los jueces ordenen investigar el proceso de votación y el recuento de votos, lo más seguro es que tengamos un resultado más riguroso. Puede que esto no afecte al resultado, pero sí que arrojará luz sobre los problemas de nuestro sistema electoral y motivará su reforma.
En 2000, los abogados se volcaron en Miami y todo el país debatió sobre los «hanging chads» [trozo pequeño de papel que no se ha desprendido completamente de la papeleta durante el proceso de votación]. Hubo gente que protestó gritando e insultando. Los partidarios de Gore y Bush elevaron la temperatura con afirmaciones hiperbólicas sobre «el robo de las elecciones». Pero el estado de derecho prevaleció. El Tribunal Supremo decidió en favor de Bush.
Al haber dado muy mala impresión, los responsables de las elecciones en Florida decidieron hacer reformas. Hoy, los recuentos en Florida se hacen de forma rápida y rigurosa. Tal vez los desafíos legales en Arizona, Pensilvania y otros lugares producirán reformas similares.
Las demandas también pueden ayudarnos a comprender si el voto por correo pueden plantear o no problemas de seguridad en las elecciones. Cuanto más sepamos sobre lo que ido bien y lo que ha ido mal en el recuento de votos de estas elecciones, más capaces seremos de mejorar nuestro sistema para las próximas, dando a nuestra democracia una mayor legitimidad.
Tras las elecciones de 2016 y la estrecha victoria de Trump en los estados cruciales, los Demócratas y los Republicanos anti-Trump gritaron que su victoria había sido posible gracias a la interferencia de Rusia que, afirmaron, estuvo coordinada por la campaña de Trump. Los medios de comunicación dominantes dieron la paliza durante dos años con este relato. Hubo quien, tal vez, creyó en la influencia rusa, pero otros, cínicamente, repitieron sin cesar las acusaciones porque querían socavar la legitimidad de la presidencia de Trump.
Su ánimo anti-Trump ha envenenado la vida publica mucho más que los tuits desmedidos del presidente
El hecho de que se prolonguen las demandas sobre el recuento de votos en Filadelfia, Atlanta y otros lugares, podría ayudar a prevenir que las falsas teorías conspirativas dominen el imaginario de los partidarios de la derecha. Si los abogados debaten en las sobrias estancias de los tribunales estadounidenses, los líderes de opinión conservadores tendrán una comprensión más detallada y sólida de las demandas y contrademandas sobre el fraude electoral. Esto nos permitirá ejercer un partidismo más responsable de lo que hizo la izquierda en las elecciones de 2016, y seguir adelante.
Newt Gingrich y Rudy Giuliani han declarado que la elección ha sido «amañada». Esta afirmación generalizada es insostenible, dada la naturaleza dispersa y caótica de nuestro sistema electoral. Como mucho, lo que se puede decir es que el poder dominante en 2020 ha hecho lo posible para garantizar la victoria de Biden. Desde 2016 somos conscientes de que la élite Demócrata se opone a Trump y hará lo posible para eliminarlo de la vida pública.
Su ánimo anti-Trump ha envenenado la vida publica mucho más que los tuits desmedidos del presidente, legitimando el enfrentamiento entre los defensores del Partido Democrático y nuestras agencias de inteligencia, alentando un partidismo por parte de los medios de comunicación que no tiene precedentes en nuestra historia y autorizando a una mayoría de nuestra élite universitaria a expresar una hostilidad nauseabunda hacia los votantes de Trump. Si los más airados vencen, Trump y sus seguidores estarán sometidos a un castigo prolongado, incluyendo la utilización de medios legales para resolver las cuestiones políticas.
Dada la intensidad de la histeria anti-Trump en nuestra clase dominante, me inclino a creer las afirmaciones de fraude. Es posible que algunos oficiales responsables de las elecciones de algunas jurisdicciones se hayan sentido con la autoridad -e incluso con el deber- de inclinar la balanza en favor de Biden. Obviamente, esto no significa que los votos ilegales hayan hecho ganar a Biden en los estados clave.
Pero basta de especulaciones sin sentido. Tenemos que calmarnos y permitir que los abogados debatan sus casos en los tribunales. Es muy probable que pronto tengamos una idea más clara de los méritos a los que se ha tenido que enfrentar la campaña de Trump. En lugar de socavar nuestro sistema de gobierno, la luz que arrojarán las demandas nos darán una mayor confianza cuando el Colegio Electoral vote el 14 de diciembre.
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Publicado por R. R. Reno en First Things.
Traducido por Verbum Caro para La Gaceta de la Iberosfera.