La pandemia del covid-19 ha llegado a modificar nuestras vidas. Desde que la OMS señaló que el virus alcanzó el estado de pandemia el 11 de marzo del 2020, los gobiernos se han enfrentado al dilema “vida versus economía” al imponer distintas medidas para paliar la crisis sanitaria. Sin embargo, gran parte de ellas develan el giro autoritario que han tomado las políticas gubernamentales al coartar nuestras libertades.
Los últimos meses han sido muy complejos para Chile, pues desde el 18-O de 2019 el país vive un proceso revolucionario que busca socavar toda tradición e institucionalidad. Numerosos empleos y fuentes laborales fueron destruidos a causa de la insurrección, lo que se agravó con las cuarentenas impuestas producto de la pandemia.
Si bien es esperable que los gobiernos hagan grandes esfuerzos para salvar vidas y evitar que los contagios y los fallecimientos por el virus aumenten, para lograrlo han restringido las libertades civiles, endureciendo las medidas cada vez más. Pero también develan un trato antihumanitario a aquellos que puedan llegar a enfermarse. Por este motivo, no es temerario señalar que en Chile tuvo un giro autoritario en desmedro de la libertad y la dignidad humana.
Desde finales de marzo de 2020, se han implementado cuarentenas dinámicas en el país dependiendo de la realidad de cada comuna y región. A su vez, el 22 de marzo se dictó toque de queda a todo el territorio nacional entre las 22:00 y las 05:00 horas, disposición que ya se ha renovado por 90 días en tres ocasiones, por lo que el país estará bajo esta situación por lo menos hasta el próximo 13 de marzo.
En el mes de julio, el Gobierno de Chile lanzó el Plan Paso a Paso, que cuenta con 5 fases de transición. La Fase 1 es cuarentena total, mientras que la Fase 5 es apertura avanzada. Por esta situación, en la plataforma “Comisaría Virtual” de Carabineros de Chile, se habilitaron salvoconductos para poder salir en cuarentena por un tiempo limitado para hacer compras básicas, asistir a centros médicos o, incluso, permisos para sacar a pasear mascotas. También hay permisos para viajes entre distintas ciudades si las fases lo permiten, y cordones sanitarios para su control.
Por otro lado, las fronteras estuvieron cerradas para extranjeros hasta el mes de noviembre. Durante los meses previos los chilenos y residentes podían ingresar sin problemas al país, sin la necesidad de un PCR, pero con la obligación de hacer cuarentena por 14 días. Cada viajero que ingresa al país debe presentar una Declaración Jurada de su estado de salud y, además, ingresa en una lista de confinamiento preventivo obligatorio, y en caso que se descubra que no ha cumplido la cuarentena, puede ser encarcelado y pagar multas.
Pero desde la apertura de las fronteras a extranjeros, el 23 de noviembre, los chilenos y residentes podían ingresar sin test de PCR, pero con la opción de tomarse el examen a domicilio y así evitar el confinamiento que, desde esta fecha, dura 10 días. Mientras que los extranjeros debían contar con un PCR negativo de manera obligatoria. Para la apertura, se implementó un formulario de seguimiento de salud por 14 días para monitorear posibles contagios.
Sin embargo, desde el 7 de enero se impuso una nueva medida que duró solo un día, que exigía a todos los viajeros (chilenos, residentes y extranjeros) entrar con PCR negativo tomado máximo 72 horas antes de viajar. Si un viajero llegaba sin la prueba al país, el gobierno multaría a las aerolíneas. Por ello, el primer día de esta medida generó grandes controversias pues numerosos chilenos y residentes no pudieron volver al país porque las aerolíneas no dejaron embarcar a chilenos sin el PCR porque no querían asumir las millonarias multas (a pesar que al momento de llegada a Chile los viajeros tendrían los resultados).
Pero al día siguiente (08 de enero) volvieron a modificar las medidas, señalando que los chilenos y extranjeros deben ingresar con un PCR negativo que no exceda las 72 horas. Pero en el caso de los chilenos y residentes, se les da la opción de ingresar sin PCR, pero se les impondrá una multa de 58 UTM (casi 3 millones de pesos chilenos, unos €3.420), con la posibilidad de hacer cuarentena en una residencia sanitaria. De esta manera las aerolíneas no son responsables de las multas.
Ante esta situación surgen numerosas interrogativas. Pues, el Gobierno ha dado la señal de que está permitido tomarse vacaciones de verano, al viajar dentro del país (ahora hay “un permiso de vacaciones” hasta el 31 de marzo) y al extranjero. No olvidemos que en cualquier parte del mundo nos podemos contagiar, incluso en las vacaciones en Chile. Pero a estos últimos casos no se exige PCR ni multas al volver a sus comunas porque se entiende que no es voluntario contagiarse de covid-19. Pero a quien regresa del extranjero se le trata como un paria, cuando se ha asumido comunicacionalmente el discurso de lucha de clases que “los cuicos traen y esparcen el virus” (cuicos: gente adinerada).
No dejar regresar a un chileno a su país es un abuso, no solo transgrede las libertades, sino que devela que se cancela toda asistencia humanitaria por parte del Gobierno.
¿Qué pasa si se contagia en el extranjero? ¿Dejarán a ese ciudadano desvalido en otro país sin asistencia? ¿Bajo qué principio democrático o acuerdo internacional se basan estas medidas? Porque negar la entrada de chilenos es equivalente a considerarlos enemigos del Estado, es una norma sin justicia. Si el Gobierno realmente considera riesgoso viajar tiene la opción de cerrar fronteras. Si es así, la pregunta es por qué no lo hace y por qué prefiere castigar a los individuos si se contagian afuera, aún cuando es el mismo Estado el que les permite salir. Aunque claramente una medida de este tipo sería otra vulneración a las libertades de los chilenos.
Pero no solo estas normas se han endurecido, pues cada vez aparecen otras que no dejan de sorprender. Se habilitó un número telefónico para que ciudadanos se denuncien entre sí en el caso de fiestas e infracciones sanitarias.
El pasado lunes se anunció la prohibición de venta de productos “no esenciales” en comunas que estén en cuarentena, en especial en supermercados que no podrán vender electrodomésticos, decoración, ropa o juguetes; y una prohibición a los restaurantes, que estén en Fase 2 y 3, de poner música en sus terrazas (medida modificada al día siguiente ante las grandes críticas de distintos sectores, cambiándola a “solo una recomendación”).
Quienes deben ser sancionados son aquellos contagiados que no hacen la debida cuarentena. No obstante, castigar al resto de la sociedad, coartar libertades y dar tratos antihumanitarios a los chilenos es alejarse del rol subsidiario del Estado. Cada vez más nos acercamos hacia un Estado que busca determinar nuestros comportamientos, muy similar a uno autoritario.
Si bien la pandemia es un tema delicado, debemos reflexionar en cómo se han dejado atrás los tratos dignos y humanitarios a los chilenos, cuando la vigilancia y las restricciones se han instalado como la “nueva norma”. El control de los comportamientos individuales y sociales está en su resplandor, lo que se profundizará, además, con el desarrollo de las tecnologías como los Big Data (que tienen en su poder todos nuestros datos) y las Big Tech (como las redes sociales y su poder de censura), lo que nos debe advertir cómo será el curso de la presente década.
Esto no implica justificar comportamientos irresponsables de aquellos contagiados. Sin embargo, estas políticas nos alejan de una sociedad libre porque suponen que papá Estado debe darnos el derecho a la salud física pasando a llevar toda libertad y dignidad humana. Pero por nuestra propia naturaleza necesitamos estar en contacto con los otros, poder llevar a cabo nuestros trabajos, esto, claro está, bajo protocolos sanitarios sensatos. Sin embargo, es dable sostener que estamos avanzando hacia la reconfiguración de los comportamientos humanos con la permanente vigilancia estatal y digital que se ha profundizado a propósito de la pandemia.
