El pasado martes 13 de julio, el gobierno nacional presentó el que será el nuevo proyecto de reforma tributaria, que busca recaudar al menos 15 billones de pesos (3.320 millones de euros), cerca de un 60% de lo que se esperaba recaudar con el proyecto original presentado en el mes de abril, que desató protestas masivas y la declaración de un paro nacional, que aún genera estragos y sigue siendo una amenaza para la estabilidad del país.
El ministro de hacienda y crédito público informó que se habían acogido las críticas de muchos sectores y por lo tanto el grueso de la reforma va enfocado a los aportes que deberán hacer las empresas, evitando subir tarifas a personas naturales o ampliar la base de quienes deben pagar impuesto de renta.
De hecho, los recursos que se anuncian para ampliar los paquetes de ayudas para la población más vulnerable provendrán en un 72% de las empresas y se complementarán con programas de lucha contra la evasión y políticas de austeridad que se promoverán en este último año del periodo presidencial.
Sin embargo, un día después del anuncio por parte de Hacienda, el ministro de Trabajo hizo el suyo propio, informando que se habría logrado un acuerdo con las organizaciones sindicales del sector público para que el incremento salarial de los servidores del Estado sea de un punto porcentual por encima de la inflación en 2021 y de 1,64% por encima de la inflación en 2022. Suena bien, para quienes cuentan con un empleo formal en el Estado, pero va en contra vía del esfuerzo que se le pedirá a los generadores de riqueza, las empresas, en un escenario de incertidumbre y después de un año en el que la economía se contrajo 6,8%.
El gobierno insiste en programas para incentivar la generación de nuevos puestos de trabajo y la formalización de quienes hoy están económicamente activos, pero acompaña esto con un incremento del 30% al 35% en el impuesto de renta que deben pagar las empresas, al igual que con la reducción de un 50% al descuento que hasta ahora se podía hacer del impuesto de industria y comercio (ICA) al presentar la declaración de renta. Es decir, más impuestos a las unidades que generan riqueza, sin gravar a las personas naturales que perciben salarios de estas y tampoco a los funcionarios públicos, a quienes, como se anotó, se les garantizará un incremento salarial por encima de la inflación.
En reciente nota, expresamos preocupación por la situación que enfrentará Colombia en un nuevo escenario donde el Ecuador, hasta hace poco promotor activo de impuestos progresivos, políticas proteccionistas y ampliación de la intervención estatal; empieza a transitar a ritmo acelerado a un modelo de activa promoción de la libertad económica.
Si algo requiere un país para superar la crisis económica es generar condiciones para atraer suficiente inversión y garantizar el flujo de capital hacia sectores estratégicos que permitan la diversificación de su economía. Anunciar más impuestos a las empresas, evitar ampliar la base de personas naturales que declaran renta, subir salarios de empleados del sector público y sacar la carta de la austeridad cuando falta un año para terminar el periodo de gobierno, no puede hacer otra cosa que generar un sabor amargo.
Sin duda, se trata de un proyecto para aumentar el recaudo fiscal, pero está muy lejos de ser la reforma estructural que requiere Colombia. A futuro se ve un déficit fiscal cercano al 9%, una deuda externa que puede llegar al 60% del PIB, un plan superficial de reducción de gastos estatales y billones de pesos que se deberán transar con las fuerzas políticas en el Congreso, pues Colombia está a ocho meses de elecciones parlamentarias.
A lo mejor por eso el Presidente sancionó la ley que reduce la jornada laboral de 48 a 42 horas, asunto que sin duda generará réditos político electorales a quienes lo promovieron, pero es gravísimo para la generación de nuevos puestos de trabajo.
El mensaje es muy claro: más beneficios para los empleados formales, que en Colombia rondan el 50% de quienes están económicamente activos; más impuestos a las empresas, sin distinguir entre pequeñas, medianas o grandes; mejores condiciones para quienes trabajan en el Estado y más transferencias y subsidios para quienes no generan riqueza.
Cuando el populismo legislativo asoma su cabeza en una democracia y las urnas lo reciben con regocijo, las consecuencias suelen ser fatales. Ojalá en algún momento vuelva la sensatez y Colombia siga siendo ejemplo a seguir en política económica. De lo contrario, la incertidumbre seguirá rondando, la confianza inversionista se esfumará y la representación política quedará herida de muerte, ante la sobre oferta que hacen las fuerzas políticas para lograr respaldo electoral.
Empiezan a surgir voces que defienden abiertamente la responsabilidad fiscal, la libertad económica y la activa promoción de las empresas. Será una tarea titánica reversar la legislación laboral, la reforma tributaria que será aprobada y el acuerdo de incrementar el salario se los funcionarios públicos siempre por encima de la inflación. Sin embargo, de lograrse podría sentar las bases para una verdadera transformación, pues eso de ampliar y ampliar el Estado, alegando que se le quita a los más ricos para distribuir a los más pobres, hoy de revolucionario ya no tiene nada.
