La situación fiscal de Colombia es grave, nadie lo niega. El gobierno ha tenido que aumentar como nunca antes el gasto público y ha decidido hacerlo en programas de transferencias directas, buscando atenuar el impacto de la pandemia, que, aún así, ha dejado al 42% de la población en condición de pobreza monetaria, frente al 35,7% de 2019. La deuda externa ha superado ya el 50% del PIB, siendo la más alta registrada en la historia, la desocupación se mantiene por encima del 15% y la tasa de informalidad cercana al 50%. Además, el marco fiscal de mediano plazo, publicado por el ministerio de hacienda y crédito público, estará en 8,6% y se pronostica un crecimiento económico por encima del 3% en 2021, frente a la contracción de 6,8% registrada en 2020, es decir, tomará varios años recuperar el terreno perdido y lograr una nueva senda de crecimiento.
Todo lo anterior, condujo, como lo hemos escrito en varias ocasiones en este espacio, a la pérdida del grado de inversión, primero por parte de Standard and Poor’s y después por parte de Fitch Ratings, pasando de BBB- a BB+. Es urgente entonces la aprobación de una reforma tributaria que mejore significativamente los ingresos fiscales del estado, más ahora cuando las pérdidas que deja el Paro Nacional son billonarias.
Hasta aquí, todo parece claro y se esperaría que, a pesar de estar en pleno año electoral, el legislativo apruebe todas las medidas que se requieran para mantener la economía a flote, en un país donde el estado es claramente interventor. Sin embargo, las cosas en el vecindario empiezan a cambiar y el gobierno del Ecuador ha anunciado una agresiva reforma arancelaria y la activa promoción de alianzas público-privadas, como medida para enfrentar la crisis que deja el covid-19.
El presidente Guillermo Lasso es un promotor de la libertad económica y todo indica que no caerá en la tentación de aumentar el gasto público y mucho menos la burocracia. Eso, sin duda, genera un espacio nuevo para la inversión y puede hacer del Ecuador un polo de atracción, que otrora se veía en Colombia.
Perú y Chile toman ya rumbos diferentes y Colombia tendrá que definir si les apostará a políticas de libre mercado y confianza inversionista como las que lograron reversar la crítica situación económica en 2002, o si transitará por el camino que trazó el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), cuyo énfasis era aumentar gasto público y expandir la burocracia estatal.
La propuesta que ganó las elecciones giraba en torno a la austeridad en el gasto y la reducción de impuestos. Esto parece haber quedado en el olvido y el gobierno sigue promoviendo programas que implican más gasto y, por lo tanto, requieren aumentar el recaudo.
Los últimos meses dan un respiro, con el precio del petróleo por encima de 70 dólares y otros productos de exportación como el café en terrenos favorables. Esto no es suficiente para revertir la caída de 2020, pero al menos no ahonda la crisis. El gran problema tiene que ver con el capital político que estén dispuestos a arriesgar las fuerzas políticas al momento de recibir el proyecto de reforma tributaria por parte del gobierno, pues tendrán muy presente lo que ocurrió la última vez, cuando se desató la movilización más violenta de los últimos años.
De no lograr mejorar los ingresos y hacer los ajustes que se requieren, el camino hacia recuperar el grado de inversión estará nublado, algo que genera mucha incertidumbre. Emergen ya apuestas populistas que sugieren aumentar la progresividad en la tributación, poner fin a programas exitosos de exenciones que han logrado atraer billones de dólares en inversión y aumentar las transferencias hacia una renta básica universal, que un país como Colombia sencillamente no puede asumir, menos aún si se trata de un complemento a los amplios programas de subsidios ya existentes que incluyen transferencias monetarias, planes de alimentación escolar, vivienda gratuita, salud, educación, servicios públicos, entre otros.
