El aniversario se conmemora en un escenario cargado de complejidades, pues después de dos meses de paro nacional indefinido los jóvenes de “primera línea” han anunciado que se reunirán en Bogotá para continuar con bloqueos y movilizaciones, que implican, sin duda, más enfrentamientos con la policía. Además, las muertes por coronavirus están disparadas, el desempleo se mantiene por encima del 15% y el país ha perdido el grado de inversión –ahora por parte de Fitch Ratings–.
En medio de este escenario se conmemoran 30 años de la promulgación de la carta política de 1991, fruto de un intento por lograr un acuerdo de paz con diferentes grupos armados, al igual que responder a las demandas de miles de jóvenes que se habían expresado depositando una séptima papeleta en las urnas el 11 de marzo de 1990, completando aquellas que se depositaron para elegir Senado, Cámara de Representantes, Asambleas departamentales, Concejos municipales, Juntas Administradoras Locales y Alcaldes.
Se logró la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que sería elegida el 9 de diciembre de 1990 con el único fin de reformar la Constitución Política, asunto que en efecto ocurrió, aunque con una abstención superior al 70%, algo nunca antes visto desde que hay sufragio universal en Colombia. Pronto, los constituyentes optaron por revocar el Congreso elegido menos de un año antes, duplicando en votos a la Asamblea, asunto que quedó definitivamente acordado y proclamado con la aprobación de la nueva carta el 4 de julio de 1991, convocando a nuevas elecciones en el mes de octubre de ese mismo año.
En adelante, la Constitución Política de Colombia sufriría un embate reformista, como reacción apenas lógica de quienes se sintieron excluidos del debate constitucional y que, además, fueron tachados de clientelistas y alejados de la nueva realidad del país. En su primer año de gobierno, por ejemplo, el hoy presidente, Iván Duque, ya había promovido cinco reformas constitucionales, elevando el número de modificaciones a 53, número que sigue en aumento y hoy, como se dice coloquialmente en Colombia, “a nadie se le niega un acto legislativo (reforma constitucional)”.
Ese gran “acuerdo sobre lo fundamental” que se debía lograr como resultado de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente no se dio. Se les dio voz y voto a quienes otrora estaban en armas contra el Estado y la sociedad, y se amplió la participación a todos los grupos y movimientos que se quisieron expresar en el marco de los debates. Sin embargo, los objetivos trazados en cuanto a lograr la paz y asentar un nuevo punto de partida para la modernización y la democratización del país quedó en una colcha de retazos a la que se le quita y pone, de acuerdo con el interés del gobierno y coalición de turno.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy en el Congreso de la República como parte del acuerdo que lograron con el expresidente Juan Manuel Santos, se negaron a participar de ese gran acuerdo de paz que se buscaba en 1990 –aunque sus socios del narcotráfico aprovecharon el momento para prohibir de una buena vez la extradición de nacionales, asunto que solo se reversaría en 1998–. Fue un escenario muy difuso y oscuro, por más de que el gobierno hizo todo lo que pudo por ofrecer el resultado como un gran avance y desde entonces se obliga al estudio de la constitución y la instrucción cívica en todas las instituciones educativas (artículo 41).
Dicen por ahí que corresponde “cambiar todo para que nada cambie” y hoy, 30 años después de lo que se presentó al país y al mundo como un gran acuerdo que sentaría las bases para un nuevo comienzo, las cosas en Colombia siguen en un caos institucional que no parece ver luz al final del túnel.
Se declaró el Estado social de derecho, la nación pluriétnica y multicultural, se creó una Corte Constitucional y se estipuló la independencia de las ramas del poder público y de los órganos de control. Se establecieron mecanismos constitucionales para la protección de los derechos, siendo la tutela (recurso de amparo individual) el más reconocido, entre otros. Sin embargo, el sistema político colombiano ha logrado resistir y embestir, evitando que lo bueno de la constitución se materializara y promoviendo todo aquello que termina por restringir la libertad, en especial la sobre expansión del Estado, sus “programas sociales”, su regulación y la protección a los oligopolios de siempre.
A 30 años de la Constitución de 1991 Colombia enfrenta una creciente amenaza terrorista, un paro indefinido, un grupo de jóvenes que se organiza para enfrentar a las fuerzas del Estado en campo abierto como “primera línea”, un país sin grado de inversión y la tasa de desempleo más alta de los últimos años. Aunque no se puede culpar a la Constitución Política de la situación actual, lo cierto es que dicho texto se lee muy bien, pero se ha quedado en la aspiración de algunos y no en un proyecto común de sociedad.
