El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares a quien ayude a capturar a cada uno de cuatro hijos del capo de la droga Joaquín Guzmán Loera, conocido como «El Chapo»: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López –este último fue dejado libre por Andrés Manuel López cuando estaba detenido por el Ejército, supuestamente para evitar la muerte de 200 personas-.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a cargo de Antony Blinken, emitió 3 comunicados este jueves 16 de diciembre, en torno a quienes afirma son miembros del Cártel de Sinaloa.
El primer documento hace referencia a Jesús Alfredo Guzmán Salazar; el segundo es sobre Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y el tercero sobre Ovidio Guzmán-López.
En la descripción contenida sobre Ovidio Guzmán se señala que: “Los hermanos Guzmán-López comenzaron temprano su carrera en el narcotráfico heredando las relaciones de su hermano fallecido, Edgar Guzmán-López. Tras la muerte de Edgar, Ovidio y Joaquín heredaron gran parte de las ganancias de los narcóticos y comenzaron a invertir grandes cantidades de dinero en efectivo en la compra de marihuana en México y cocaína en Colombia. También comenzaron a comprar grandes cantidades de efedrina de Argentina y organizaron el contrabando del producto a México cuando comenzaron a experimentar con la producción de metanfetamina”.
El Departamento de Estado explica que los hermanos Guzmán-López “supervisan actualmente aproximadamente once laboratorios de metanfetamina en el estado de Sinaloa que producen aproximadamente entre 3 mil y 5 mil libras de metanfetamina por mes”, y que “la metanfetamina se vende al por mayor a otros miembros de Sinaloa y a distribuidores estadounidenses y canadienses”.
Además, dice la institución norteamericana: “Otra información indica que Ovidio Guzmán-López ha ordenado los asesinatos de informantes, un narcotraficante y un popular cantante mexicano que se había negado a cantar en su boda”, sin mencionar el nombre del artista.
Por último, el gobierno de Estados Unidos expone que el 2 de abril de 2018, ambos hermanos Guzmán-López “fueron procesados por un Gran Jurado Federal en el Distrito de Columbia y acusados de conspiración para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína, 500 gramos de metanfetamina y mil kilogramos de marihuana”.
El Ejército mexicano detuvo a Ovidio Guzmán el jueves 17 de octubre de 2019 en Culiacán. AMLO no tuvo empacho en reconocer que ordenó liberarlo, para evitar una supuesta gran masacre que habría sido consecuencia simplemente de ejercer la ley.
El 13 de septiembre de 2019 el gobierno de Estados Unidos había ya solicitado a las autoridades mexicanas México detener a Ovidio Guzmán, por lo que la operación para lograrlo se planificó desde ese momento. La idea era poder capturar al presunto capo en su residencia, dentro del fraccionamiento “Tres Ríos”.
Interrogado este jueves 16 de diciembre en su conferencia propagandística mañanera sobre la recompensa que ofrece Estados Unidos por los hijos del Chapo, AMLO dijo:
“Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos es a nuestra autoridad. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio, nosotros somos lo que tenemos que hacer nuestro trabajo, de acuerdo con las investigaciones que se llevan en México”.
Pero reconoció que capturar a Ovidio sigue siendo una prioridad para su gobierno. “No a la impunidad para nadie”, dijo AMLO.
López Obrador parece tener posiciones ambiguas sobre la actuación de Estados Unidos, sobre los agentes de la DEA que operan en México. En su momento se mostró muy molesto cuando fue detenido en Estados Unidos el General Cienfuegos, como consecuencia de inteligencia que habría logrado obtener personal de esa agencia antidrogas norteamericana avecindado en México.
Y esto generó que se amagara con requerirles a los agentes de la DEA en México entregar a las autoridades mexicanas toda la información que recopilen en México, y con eliminar la inmunidad diplomática, y posteriormente algunas modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, con lo que los agentes ya sólo podrían operar con una visa especial.
El gobierno mexicano habría sólo autorizado 24 visas, pero el gobierno de Biden solicitó 50 más. Hasta octubre de 2021, la expedición de todas las visas para agentes de la DEA parecía estar “congelada” por parte del gobierno mexicano. Sin embargo, mandos militares consultados en su momento por La Gaceta, comentaron que no es posible saber, entre todos los turistas que llegan de Estados Unidos, quién sea agente de la DEA y quién no, justamente por su carácter encubierto.
