Bolivia atraviesa una semana con una bomba política en Santa Cruz con el caso llamado “ítems fantasmas”, es decir, la denuncia de una contratación de entre 800 y 2.000 funcionarios supernumerarios en la alcaldía de la ciudad durante la gestión de Percy Fernández y Angélica Sosa, que formarían parte de la alianza política que habrían sellado con el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
Sin embargo, mientras esto sucede se están perdiendo de vista en la opinión pública otros problemas que han ido deteriorando todavía más la imagen del régimen de Arce Catacora, como los desafíos que devela el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022 para la economía, y que no pueden dejar de ser expuestos.
Uno de estos temas en particular, entre los muchos otros que han ido destacando distintos analistas, es el sector que justamente ha explicado mejor el crecimiento desorbitado del tamaño del Estado durante la etapa del auge de las materias primas desde aproximadamente 2003 hasta 2014: el sector hidrocarburos y, de manera más precisa, las condiciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Resulta que el PGE 2022 proyecta, entre otros aspectos, una caída del 10,7% en ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías, lo cual marca una caída sostenida desde 2015 no sólo por el desplome general de la cotización internacional de materias primas, sino además por un descenso permanente en la producción, que ha pasado de los 60 millones de metros cúbicos diarios (MMmc/d) y que hoy se encuentra alrededor de los 43 MMmc/d.
Pero el problema va mucho más allá del PGE 2022. En una entrevista con Radar Energético, portal especializado en energía, Raúl Velásquez, analista del rubro para Fundación Jubileo, ha afirmado: “lamentablemente el sector hidrocarburos atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos 20 años por el conjunto de problemas que hay. Es muy difícil saber cuál es el peor problema porque, en realidad, en los últimos 10 años, principalmente, un problema pequeño se ha ido convirtiendo en una bola de nieve cada vez más grande que involucra varios problemas”.
Por ejemplo, Velásquez explica: “San Alberto, que producía en promedio 10 MMmc/d, hoy produce 2; Sábalo, que llegó a producir 18, actualmente está en 12; y Margarita sigue en su promedio, aunque menor a su pico de 19”.
Para dar una idea del estado de YPFB y la manera en que se la administra, el pasado 19 de octubre se supo que la ejecución presupuestaria de la principal empresa estatal del país en lo que iba de 2021 era de apenas el 15%.
Según Álvaro Ríos, también experto en el área, la explicación de tan baja ejecución presupuestaria podría ser debido a la ineficacia y burocracia reinante dentro de YPFB, o porque los recursos económicos podrían no estar disponibles para lo presupuestado, o bien una combinación de ambas.
Peor todavía: el 5 de noviembre se tuvo conocimiento de que Bolivia ha estado incumpliendo los envíos de gas a Argentina acordados por contrato. “La producción ya venía cayendo y no podíamos seguir cumpliendo con el máximo (volumen) con Brasil, el máximo con Argentina y además el mercado interno que es creciente”, sostiene Velásquez.
Pues ante semejante escenario, el primer día de diciembre, Bento Albuquerque, ministro de Minas y Energía de Brasil, dijo que «acceder al gas natural de Vaca Muerta (Argentina) es prioridad absoluta para Brasil», en una reunión que sostuvo con el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia argentina, Gustavo Beliz, y con el embajador argentino Daniel Scioli en Brasilia para conectar un gasoducto entre Neuquén y Porto Alegre.
El país está a punto de encarar un año muy difícil en 2022, debido a que se seguirá manteniendo un elevado déficit fiscal, con un gasto con tendencia alza y unos ingresos con fuerte tendencia a la baja, una brecha que se pretende cerrar mediante el incremento de las recaudaciones y de la deuda pública, tanto interna como externa.
Al menos de acuerdo a las declaraciones del 30 de noviembre de Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos de Bolivia, quien dijo que “Ley de Hidrocarburos cumplió su ciclo” y que “urge inversión”, existe conocimiento sobre la gravedad del escenario en el sector. Sin embargo, a juzgar por lo planteado en el PGE 2022, no habrá cambios pronto.
El PGE 2022, que proyecta un incremento del 25% del gasto respecto de 2021, asigna un 55% a YPFB, la cual, al mismo tiempo, destinará un 66% de estos recursos a la compra de combustibles, mientras que para contratos de exploración-producción (Upstream) destinará apenas el restante de 400 millones de dólares.
Salvo que el régimen de Arce haya preparado sorpresas para el próximo año en el rubro, el PGE 2022 solamente está develando que hay problemas económicos que distan de ser pasajeros, y que más bien deberán ser ineludiblemente abordados sólo mediante reformas estructurales ya no sólo en el sector, sino al propio modelo económico implementado en Bolivia a partir de la nacionalización de los hidrocarburos del primer día de mayo de 2006.
El PGE 2022 empezará a ser discutido en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para lo cual se espera que los asambleístas opositores que forman parte de las comisiones específicas defiendan la idea de que el país tiene un problema de exceso de gasto público, y no así un problema del destino del mismo, mucho menos de falta de ingresos, y que lo que se requiere es exigir al Ejecutivo un proyecto de reformas estructurales.
Más aún, lo ideal sería que la crisis que atraviesa YPFB, que empieza a ser crónico y severo, sea abordada en la ALP con propuestas concretas y sólidamente fundadas por parte de la bancada opositora, para al menos orientar a sus electores especto de cuál sería el escenario ideal a alcanzar, a la vez que aquél para el que se tendrían que preparar si acaso no son escuchados.
Al tiempo.
