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El Congreso colombiano aprueba la reducción de la jornada laboral pese a la creciente crisis económica

EL SECTOR EMPRESARIAL SE PRONUNCIA EN CONTRA DE LA MEDIDA
Foto: Reuters Peso colombiano - Foto: Reuters

En Colombia parece que el año electoral da para todo, incluso para olvidar que 2020 cerró con la peor contracción económica en la historia reciente: 6,8%. Ahora se anuncia que la jornada laboral se reducirá a 42 horas, desde las 48 que actualmente están contempladas por semana, sin que implique una reducción en el salario. Esta iniciativa, presentada por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, obtuvo suficiente respaldo y será ley de la república.

Los empresarios no tardaron en reaccionar y Bruce Mac Master, Presidente de la Asociación Colombiana de Industriales y Empresarios (ANDI) expresó que “esta ha debido ser una ley de creación de trabajo y de superación de la informalidad; pero la desconexión con la realidad del país hizo que se convirtiera en una ley que hace todo lo contrario”.

No es para menos, pues el desempleo se mantiene por encima del 15%, la informalidad sigue bordeando el 50% y la reciente pérdida del grado de inversión – Standard and Poors’s redujo la calificación del país a BB+ en el mes de mayo– generan un escenario muy difícil para la creación de nuevos y mejores puestos de trabajo. Además, la medida acompaña los tres incrementos al salario mínimo –muy por encima de la inflación– que ha decretado el actual gobierno llamándolos “históricos”, que no han logrado mejorar los indicadores de ocupación en Colombia y que hoy son especialmente graves para la población menor de 30 años.

La nueva ley obligará a que la jornada laboral baje a 47 horas en 2023, a 46 en 2024, a 44 en 2025 y finalmente a 42 horas a la semana en 2026. Esto lo exponen los defensores del proyecto, alegando que el estado, las empresas y los trabajadores tendrán suficiente tiempo para poder hacer los ajustes que sean menester y garantizar que las condiciones de los trabajadores formales, es decir cerca del 50% de la población ocupada, mejoren.

Sin duda, es una bandera que puede generar réditos políticos en pleno año electoral, pero no deja de generar un leve sabor a populismo legislativo, más cuando se da por hecho un incremento significativo en los impuestos que tendrán que pagar las empresas y las personas con mayores ingresos, asunto que tendrá que ser discutido próximamente en el congreso, tras la fallida reforma tributaria presentada por el gobierno en el mes de abril y que desató una de las más violentas movilizaciones de los últimos años.   

En ese momento, varios centros de pensamiento y algunos gremios hicieron un llamado a la sensatez y buscaron promover el mensaje “#sinrecortenohayreforma”, pues veían cómo el gobierno nacional seguía anunciando gasto público, incremento en primas y beneficios para trabajadores de la rama judicial y órganos de control, amplios programas sociales y gratuidad en educación superior para estratos 1, 2 y 3.

Dicho ajuste al gasto público y la reducción de la burocracia estatal fueron uno de los compromisos que asumió el actual presidente y que no se han materializado en estos tres años de gobierno. Por ello, el descontento que genera una medida como la reducción de la jornada laboral en el sector empresarial es entendible, aunque, sin duda, los trabajadores formales se verán beneficiados.

El problema, como se anotó arriba, es que en Colombia, desafortunadamente, este tipo de medidas benefician a la mitad de los ocupados y generan nuevas barreras para la creación de los puestos de trabajo que con urgencia requiere la economía colombiana.

Cabe recordar en estas líneas el capítulo 8 del famoso texto de Henry Hazlitt, “Economía en una lección”, cuando escribía que el resultado del incremento en el valor por hora en la jornada laboral será más desempleo. Los trabajadores que no logren hacer lo que hacían antes en 48 horas, podrán perder su trabajo. Las empresas que no tengan cómo sostener la nómina adicional que se pueda generar, enfrentarán dificultades.

El año electoral en Colombia da para todo. No se les haga extraño que terminen negando todo proyecto de reforma tributaria antes de las elecciones al Congreso de marzo. Para entonces la deuda externa estará por encima del 60% del PIB y el camino hacia recuperar el grado de inversión, olvidado.

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