'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
APRUEBA EL INFORME 'CILEVICS'

El Consejo de Europa respalda la traición de Sánchez: apoya los indultos y se opone a la extradición de Puigdemont

Asamblea del Consejo de Europa. EUROPA PRESS

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha avalado este lunes la resolución presentada por el diputado letón Boriss Cilevics en la que se invita al Gobierno a reformar los delitos de sedición y de rebelión, se plantea el indulto de los presos del ‘procés’ e incluso se pide ir más allá y retirar la solicitud de extradición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Finalmente la resolución de Cilevics, en base a su informe ‘¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?’, ha sido avalada por 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. El diputado letón ha insistido en todo momento en que las penas impuestas por el Tribunal Supremo fueron «desproporcionadas».

El texto aprobado, además de respaldar la decisión ya anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a los presos del ‘procés’ y reformar los delitos de rebelión y sedición, defiende que «considere abandonar los procedimientos de extradición contra los políticos catalanes que viven en el extranjero que están buscados por los mismos motivos».

Asimismo, plantea a las autoridades españolas que «se abandonen los procesos pendientes para cargos de rango inferior implicados en el referéndum inconstitucional de 2017 y no se sancione a los sucesores de los políticos encarcelados por acciones simbólicas que simplemente expresan su solidaridad con los detenidos».

Contrario a la independencia judicial

Respecto a la reforma de los delitos de rebelión y sedición, la resolución plantea que se haga de forma «que no puedan ser interpretados como para deshacer la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, que buscó el Legislativo cuando abolió este delito específico en 2005, o llevar a sanciones desproporcionadas por transgresiones no violentas», como Cilevics considera que ha sido el caso, similares a las que se imponen «por asesinato o violación», ha dicho en su intervención.

En cuanto a los indultos, el diputado letón ha dicho en su defensa de la resolución que si en su momento se pudo indultar a los responsables del 23-F «por qué no ahora». El texto anima a las autoridades españolas a que consideren «indultar o de lo contrario liberar de prisión a los políticos catalanes condenados por su papel en la organización del referéndum inconstitucional de octubre de 2017 y las multitudinarias manifestaciones masivas relacionadas con este».

Por otra parte, la resolución aprobada por la Asamblea Parlamentaria plantea a las autoridades españolas que se contengan de «pedir a los políticos catalanes detenidos que renieguen de sus opiniones políticas profundamente arraigadas a cambio de un régimen penitenciario más favorable o una posibilidad de perdón» si bien se apunta a que sí se les puede pedir que busquen alcanzar sus objetivos políticos «sin recurrir a medios ilegales».

Además, se invita al Gobierno a que entable «un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas en Cataluña, incluidos quienes se oponen a la independencia, para fortalecer la calidad de la democracia española» mediante el «Estado de Derecho, la buena gobernanza y el total respeto de los Derechos Humanos, sin recurrir al derecho penal, sino en pleno respeto del orden constitucional de España».

VOX rechaza

El representante de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, ha rechazado los términos del informe y ha preguntado «quién es un diputado letón para atacar la soberanía jurídica de España«. El dirigente del partido de Santiago Abascal no ha podido intervenir en la Asamblea por la organización del debate, pero ha grabado un vídeo a sus puertas en el que incluso rasga los papeles del ‘informe Cilevics’.

«No puede haber mayor aberración que utilizar el Consejo de Europa para atacar el Estado de Derecho. Y eso es precisamente lo que hace el informe Cilevics», ha denunciado Espinosa de los Monteros, que ve el documento como «un ataque» a la democracia española.

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