La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó el pasado 7 de octubre una solicitud de medidas cautelares a favor de la detenida expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez. Esta decisión resulta incomprensible, ya que su detención no puede calificarse, sino como una injusta retaliación política en contra de la exmandataria.
La medida de la CIDH contrasta con la declaración publicada al respecto por la organización Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que reúne a numerosos exjefes de Estado y Gobierno: “La detención de la expresidenta provisional y constitucional de la República Plurinacional de Bolivia, Jeanine Añez, y de otros exfuncionarios de su gobierno bajo los cargos de ´terrorismo, sedición y conspiración´, sin previa exhibición de pruebas y derecho a la defensa. Es arbitraria y contraria a los principios fundamentales de un Estado de Derecho”, afirma IDEA.
También contrasta con la decisión del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) de nominar a Jeanine Áñez para el Premio Sájarov del Parlamento Europeo, basados en que su encarcelamiento “supone una clara vulneración de los valores democráticos, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, además de una vulneración del principio de tutela judicial efectiva en el procedimiento judicial seguido por el Ministerio Fiscal que no cumple el Derecho constitucional boliviano ni el Derecho internacional”.
No es esta la primera vez que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sorprende con una decisión injusta y arbitraria. En mayo de este año, la CIDH denunció en un informe las supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Colombia durante las protestas vandálicas que se realizaron en ese país a partir de abril de 2021.
La CIDH obvió las evidencias respecto a que dichas protestas fueron financiadas por el ELN y por el régimen de Maduro justamente para provocar la violencia y luego, culpar a las autoridades.
Pero vayamos al fondo: el marxismo internacional decidió y planificó desde hace décadas, copar las organizaciones de derechos humanos con el fin de hacer uso de las mismas para su beneficio político. Esto explica por qué muchas veces no son imparciales y exoneran a los victimarios –aunque sean culpables– solo por el hecho de ser de izquierda, así como condenan a los cuerpos militares y/o policiales, –aunque sean inocentes– solo por representar a la “derecha”. En otras palabras, solo si eres de izquierda tienes derechos humanos.
Un caso emblemático –entre muchos otros– es el de la ONG SERPAJ, Servicio Paz y Justicia, fundado en 1973 por el escritor argentino Adolfo Pérez Esquivel, y que actualmente posee representaciones en 12 países de Iberoamérica.
En 1980, a Pérez Esquivel se le concedió el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de los Derechos Humanos. Sin embargo, Pérez Esquivel presenta una larga trayectoria en favor del régimen castro-comunista, participó en el Segundo Foro Social Mundial de Porto Alegre, promueve la teología de la Liberación marxista y presentó oficialmente la candidatura de Evo Morales para Premio Nobel de la Paz.
En junio de este año, luego de percatarme de las verdaderas intenciones de la misión argentina de derechos humanos que viajó a Colombia para levantar un informe por las acciones vandálicas que se produjeron en ese tiempo en la nación neogranadina, produje y presenté un programa especial sobre la politización de los derechos humanos. En el denuncié, como dicha misión estuvo conformada, exclusivamente, por activistas marxistas cuyo verdadero objetivo no fue otro que desprestigiar al gobierno de Iván Duque.
Ante tal manipulación de la verdad y para contrarrestar los informes sesgados de derechos humanos que produce la izquierda, es importante que los sectores democráticos supervisen a estas ONG, e incluso conformen otras, porque los derechos tienen que ser para todos los seres humanos, no solo para quienes simpatizan con el marxismo.
