'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
La tiranía quiere encarcelar a líderes religiosos

El dictador Daniel Ortega crea mecanismos ‘legales’ para perseguir a la Iglesia Católica en Nicaragua

Daniel Ortega. Europa Press.
Daniel Ortega. Europa Press.

Igual como sucedió durante la primera dictadura sandinista (1979-1990), la actual tiranía de Daniel Ortega está persiguiendo a la Iglesia Católica. Esta vez lo hace creando herramientas represivas con las que persigue «legalizar» sus intenciones de encarcelar a líderes religiosos.

Un informe sobre supuestas “consultas” realizadas por la Comisión de Justicia y la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional, dominada por el sandinismo, ha dejado en evidencia las intenciones del régimen de «legalizar» la persecución y propone judicializar a líderes religiosos.

El abogado y analista político “Carlos Ávila”, a quien identificaremos con ese nombre por razones de seguridad, explica los alcances de las nuevas medidas del régimen que persigue reformar el Código Procesal Penal para imponer penas más fuertes contra todo lo que el régimen considere oposición política. Para ese fin han elaborado un “informe”.

La medida también pone en el blanco a directores de organismos de derechos humanos, que según el régimen se involucraron en la “aventura golpista”. Así califica la tiranía sandinista las protestas sociales de abril de 2018, cuyo origen fue la reforma de la seguridad social y posteriormente se amplió a la salida del poder de la familia Ortega-Murillo por la respuesta represiva de la dictadura.

El analista dijo que Ortega está dirigiendo los nuevos blancos de la represión contras las únicas dos voces que quedan en el país y no ha logrado silenciar: la Iglesia Católica y los defensores de derechos humanos.

Desde el estallido social de abril de 2018, la Iglesia Católica pidió al régimen escuchar la voz del pueblo; obispos y sacerdotes arriesgaron sus vidas para proteger a la población de los paramilitares y la policía, y ha propiciado el diálogo entre el régimen y la oposición como garante.

Pero la respuesta de Ortega y su mujer, la vicepresidente Rosario Murillo, ha sido de ataques, persecución, insultos, amenazas a sacerdotes y obispos, y atentados contra sacerdotes y edificios religiosos.

El letrado sostiene que el objetivo de la dictadura es reforzar el marco de aplicación del paquete de leyes represivas aprobadas a finales de 2020, y que aplica desde 2021. «A un año de su aplicación, parece que el régimen de Ortega considera que esas leyes se les han quedado cortas porque [los jueces] reciben ordenes de actuar con más saña y tienen que pasar por encima de la Ley, y parece que a algunos les preocupa [las consecuencias futuras]», apuntó Ávila.

Para el experto, las nuevas medidas son una amenaza dirigida a sectores concretos. “El contenido del informe tiene puntos claves: primero, es una amenaza clarísima a la Iglesia Católica, a los sacerdotes y a sus comunidades, a los defensores de derechos humanos a quienes [el régimen] acusa en su informe de haber organizado un intento de ‘golpe de estado’, establece que esas organizaciones deben ser investigadas, y que debe haber penas más severas para los religiosos y los defensores de derechos humanos que se involucraron en la ‘aventura golpista’ como dicen ellos. Hay una clara amenaza contra la Iglesia Católica y los organismos de derechos humanos”.

Un segundo aspecto que establece el “informe” son las confiscaciones de bienes a los opositores condenados por el régimen a quienes acusa de “menoscabo a la soberanía”. «Están tratando de convertir en una norma lo que han venido haciendo de facto y selectivamente. Ya la confiscación se convertiría en una pena accesoria para los presos políticos condenados”, indicó.

Se convertiría en una ‘piñata penal’

Ávila estima que con las “recomendaciones” del informe, el régimen terminará realizando reformas al Código Procesal penal con las que también persigue aumentar la “secretividad” de los juicios que es el tercer elemento clave que aborda el informe. «Dicen que es recomendable que se establezca la obligación de silencio para todos los investigados, de esta manera el que es investigado ni siquiera va a poder denunciar que está siendo investigado porque se convertiría en otro delito», agrega.

El objetivo, explica el experto, es legalizar las arbitrariedades que cometieron con los juicios realizados a los opositores en el contexto electoral al no permitirles el acceso a la debida defensa, un derecho constitucional. Los abogados defensores no pudieron reunirse con sus clientes, no tuvieron acceso a los expedientes, y les impidieron llevar hasta libretas de notas a los juicios, subraya.

Así, los opositores encarcelados en 2021, en el contexto electoral, enfrentan sentencias entre 8 y 13 años de cárcel, y la propuesta del régimen establece condenas de 20 años de prisión.

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