Nicaragua ha quedado sin organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos, el régimen de Daniel Ortega las fue eliminando desde el estallido social de abril de 2018. La última en ser clausurada es la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fundada en 1974, antes de la llegada al poder del sandinismo en 1979; sin embargo, no logró sobrevivir en la segunda etapa de la dictadura sandinista.
Ortega sigue violando los derechos humanos de los nicaragüenses, ha instaurado un estado policial, sus acciones llevan al aislamiento al país, mantiene encarcelados a más de 180 presos políticos, entre ellos los siete excandidatos presidenciales que intentaron competir contra el dictador sandinista en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. La estocada final fue el cierre del único organismo que había sobrevivido a la persecución del régimen.
Antes, el régimen de Ortega clausuró a la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), fundada en 1986; y al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), tras las protestas de abril de 2018, que dejó 355 muertos, dos mil heridos, centenares de presos políticos a causa de la represión y miles de exiliados.
El régimen confiscó los bienes y activos del Cenidh, lo mismo sucederá con la CPDH. La tiranía ha eliminado más de 130 organismos de la sociedad civil, incluidos los que dirigían sus antiguos aliados que gobernaron junto al dictador durante el primer régimen sandinista, hoy disidentes de Ortega.
El cierre del último organismo de derechos humanos ha dejado en extrema vulnerabilidad a los nicaragüenses, los más afectados son los presos políticos y sus familiares, aunque Marcos Carmona, el director de la CPDH, dijo que los abogados que integraban el equipo jurídico seguirían defendiendo a los presos políticos en carácter individual.
Pero en Nicaragua, los defensores de derechos humanos han ido abandonando el país por razones de seguridad, incluyendo los de la CPDH, debido a que podrían correr la misma suerte que la abogada María Oviedo. Oviedo integraba el equipo jurídico de la CPDH, y fue encarcelada mientras llevaba la defensa de los presos políticos, pasando a engrosar la lista de los secuestrados por Daniel Ortega.
La defensora de derechos humanos fue detenida el 29 de julio de 2021, durante la ola de detenciones en el contexto electoral. El régimen la acusó de “propagar noticias falsas” y “atentar contra la soberanía de Nicaragua”. Siete meses más tarde, en febrero de este año, fue condenada a ocho años de cárcel y permanece en las celdas de la dirección de Auxilio Judicial de la Policía conocido como “El Chipote”, el centro de torturas de la dictadura sandinista, en condiciones deplorables, su salud afectada y sin acceso a las medicinas que necesita debido a las enfermedades que padece, según la denuncia de su familia.
Otros activistas de derechos humanos que trabajaban de manera independiente también abandonaron el país por su seguridad, algunos permanecen en silencio en Nicaragua ante las represalias de la dictadura sandinista.
El activista de derechos humanos y expreso político, Jaime Ampie Toledo, dijo que las acciones del régimen perjudican a los nicaragüenses en su búsqueda de justicia, deja en total indefensión a los presos políticos y los defensores de derechos humanos que trataban de acompañar a las víctimas en el “proceso judicial”, aunque no les permitieran acercarse.
Ampie reconoce que el estado de indefensión que viven los nicaragüenses es desde que el sandinismo retorno al poder en 2007, Ortega ha convertido el sistema judicial en una herramienta represiva contra los opositores y asegura que los jueces actúan por orientación política imponiendo largas condenas.
“El último organismo de derechos humanos que quedaba en Nicaragua era la CPDH, velaba por la promoción y protección de los derechos humanos y ayudaba a muchas personas que son perseguidas desde el poder”, subrayó Ampie, que fue activista de la CPDH, hoy en el exilio.